Por: Carlos Cordero Pérez.   15 abril
Las redes 5G permiten comunicaciones de alta velocidad a usuarios y diferentes capas para aplicaciones en diferentes sectores. (Foto Justin TALLIS / AFP / Archivo)
Las redes 5G permiten comunicaciones de alta velocidad a usuarios y diferentes capas para aplicaciones en diferentes sectores. (Foto Justin TALLIS / AFP / Archivo)

La industria de informática y de telecomunicaciones reaccionaron con críticas directas a la posible convocatoria de un concurso para redes móviles de quinta generación (5G) sin incluir las frecuencias de 2.600 y 3.500 MHz que se requieren.

“Las licitaciones de espectro deben ser completas, con la mayor cantidad de información posible que genere certeza a futuro y con la premisa de que existan condiciones equitativas entre todos los actores de mercado”, dijo Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnologías (Infocom).

Esas bandas del espectro radioeléctrico se encuentran concesionadas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), pero al menos 10 informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) indican que se encuentran ociosas y recomiendan su recuperación, en cumplimiento de las regulaciones, leyes y reglamentos en la materia.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) adelantó que en julio próximo emitiría, junto con la Presidencia de la República, la instrucción a Sutel para que inicie el proceso para un concurso tomando en cuenta los 290 MHZ en las bandas de 700 MHz, 230 MHz y 3.300 MHz, así como otros 3.500 MHz en las bandas de 26 GigaHertz (GHz) y 28 GHz.

En forma contradictoria indicó que negocia con Grupo ICE para alcanzar un arreglo de devolución de las frecuencias 2.600 y 3.500 MHz sin aprovechar, pero que analizará la propuesta de eventual uso que haga este operador para un eventual uso.

La industria, Sutel y especialistas legales consideran que las frecuencias que se incluirían en un eventual concurso o subasta son insuficientes, sostienen que no brindan equilibrio en el mercado, reiteran que se requieren las bandas de 2.600 y 3.500 MHz y rechazan la posibilidad de una red neutral que implemente un solo operador. Así mismo advirtieron que se incumple tanto la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642) como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

Infocom recalcó que es necesario que todos los operadores actuales y los que estén interesados en ingresar cuenten con igualdad de condiciones desde el arranque para desplegar 5G, así como que considera contraproducente avanzar a una “licitación parcial” que solamente contempla un segmento de la principal banda que se está desarrollando a nivel mundial para 5G, la banda de 3.500 Mhz.

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), asimismo, consideró como una mala decisión el implementar una subasta parcial e incompleta del espectro radioeléctrico necesario para la adecuada implementación de redes de 5G. “La Cámara considera indispensable que en dicho proceso sean incluidas, sin mayor dilación, las bandas de 2.6 y 3.5 GHz que son las principales y fundamentales a nivel mundial”, indicó el gremio en un comunicado de prensa este 15 de abril.

Camtic argumentó que existen varios informes de Sutel que indican la necesidad y el deber de recuperar las bandas de frecuencia de 2.600 y 3.500 MHz. Además, la Cámara indicó que Costa Rica debe moverse en la dirección de sus mercados meta, tales como los Estados Unidos, Europa y Asia, así como aprovechar las economías de escala que los operadores pueden utilizar.

“Este proceso viene en supuesto análisis desde el 2019 por parte de las autoridades del operador estatal, sin demostrar el sentido de urgencia que el tema requiere”, se indicó en el pronunciamiento de Camtic. “Esto nos condena como país a un retraso tecnológico de altísimo costo, donde ya tenemos empresas asociadas que han perdido negocios o han debido moverlos a otros países ante la incertidumbre local”.

La Cámara recordó un estudio de Oxford Economics en el que se establece que cada año de retraso puede implicar un sobrecosto de entre un 8% y un 29% anual.

¿Atractiva?

La decisión de excluir las bandas de frecuencias de 2.600 y 3.500 MHz también podría afectar el atractivo del concurso.

La Sutel había confirmado al Micitt a principios del año, tras la consulta pública realizada a final del 2020 en la que se recibieron opiniones de 12 participantes, que una red neutra (donde un concesionario despliega infraestructura y alquila a entidades autorizadas para comercializar servicios) va en detrimento del mercado de telecomunicaciones y de los operadores no incumbentes (Claro y Telefónica) que tienen menos frecuencias que el Grupo ICE.

El informe de Sutel al Micitt fue enfático en que la mayoría de los operadores interesados y otras entidades señalaron la necesidad de las frecuencias de 2.600 y 3.500 MHz. Sutel recomendó al Micitt poner esas bandas a disposición. El informe reiteró que estas frecuencias están acaparadas por el Grupo ICE, que la legislación obliga a la recuperación del espectro ocioso y a que esto se podría realizar con un proceso administrativo expedito.

La Superintendencia advirtió también que las si bien las bandas sometidas a consulta (700, 2.300 y 3.300 a 3.400 MHz y 26 y 28 GHz) están disponibles, son insuficientes en la medida que las redes de 5G necesitan —para obtener un alto rendimiento— la combinación de diversas frecuencias (desde 700 MHz hasta por encima de los 6 GHz), con la posibilidad a futuro de requerir bandas superiores a los 20 GHz.

La ausencia en la consulta de las frecuencias de 2.600 y 3.500 MHz (donde la mayoría de los países están desplegando servicios 5G) haría imposible el balance y, al no ofrecer un espectro completo, le resta atractivo a los operadores.

La actitud del Micitt en el proceso también da lugar a cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa.

El 5 de abril de 2021 pasado la Asociación de Consumidores presentó un recurso de amparo en contra del Micitt, del Ministerio de la Presidencia, del ICE, de Racsa y de la Contraloría General de la República por considerar que no han realizado las acciones pertinentes para poner a disposición las bandas de frecuencias de 2.600 y 3.500 MHz para que puedan ser licitadas.

La Asociación recordó que la Contraloría, desde el 2012, emitió disposiciones para que el Poder Ejecutivo recuperara las frecuencias; que la Sutel en varias ocasiones y en diversos informes técnicos reiteró al Micitt la urgencia de rescatarlas; y cuestionó que el Micitt no tome en cuenta las bandas de 2.600 ni 3.500 MHz.

Asimismo solicitó se realicen los procedimientos contenidos en el bloque de legalidad para poner a disposición del Estado las frecuencias que están en manos de Racsa y del ICE para someterlas al proceso de licitación pública.

Junto al incumplimiento de la legislación de telecomunicaciones, se estarían incumpliendo otras normativas.

Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación y especialista legal en este campo, advirtió que el Poder Ejecutivo y el Micitt, de iniciar un concurso en las condiciones anunciadas, estaría incumpliendo el TLC en lo que atañe al compromiso de asegurar —por medio de una autoridad doméstica competente— los procedimientos para la asignación y utilización de recursos de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria.

Asimismo, en caso de una red neutra, se incumplía el mandato de emitir licencias directamente a los proveedores del servicio para el uso del espectro, asignación que debe hacerse de conformidad con el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

“Se violenta el principio de neutralidad tecnológica del TLC”, sostuvo Campos. “No se están administrando de manera objetiva las frecuencias y se está haciendo en forma discriminatoria”

Campos dijo también que se inclumple Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Nº 8422) sobre el deber de probidad según el cual el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, demostrando rectitud y buena fe, asegurándose que sus decisiones se ajustan a la imparcialidad y administrando los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, entre otros.