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Para la implementación del expediente digital, la Caja Costarricense de Seguro Social contrató al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por ¢114.280 millones.
Manuel Rodríguez, director del Expediente Digital Único en Salud, aseguró que realizaron estudios de factibilidad, costo-beneficio, retorno de la inversión y análisis técnicos que avalaron la oferta del ICE.
El funcionario argumentó que se optó por la contratación directa dada la magnitud y complejidad del proyecto, el costo de oportunidad y conforme al artículo 148 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (que establece requisitos en materia ambiental).
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No es el único ente que adjudica sin concurso abierto un contrato directo al ICE, a Radiográfica Costarricense de Electricidad (Racsa), a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) o a la Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) para un proyecto tecnológico o de otra índole.
Del 2013 al 2018 se encargaron 623 proyectos a estos operadores públicos, el 99% por contrato directo o principio de contratación administrativa, por más de ¢156.173 millones, según el sistema de consulta de compras públicas de la Contraloría General de la República.
Ahí se incluye un contrato directo del Ministerio de Trabajo al ICE en 2015 para la instalación de sistemas eléctricos y cableado estructurado en cobre y fibra óptica, campo en el que hay una amplia oferta en el mercado local.
Las entidades, para ganar agilidad, se apoyan en el inciso c) del artículo 2 de la Ley que exime de realizar concursos para adjudicaciones entre instituciones públicas.
Es una situación que irrita a la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). Esta organización cuestiona que, aprovechando un portillo legal, se hace uso excesivo de la contratación directa, lo que impide la participación de otras firmas con mejores ofertas.
Como en varios casos los proveedores públicos subcontratan a una firma especializada y la Ley de Contratación Administrativa impide subcontratar más del 50% de cada proyecto, eso podría incidir en los costos y hasta generar sobreprecios. “Deben realizarse procesos de contratación más abiertos”, exigió Hubert Arias, presidente de Camtic.
La Contraloría no ha generado ningún informe sobre si se dan sobreprecios ni ha emitido criterio –ni se le ha solicitado– sobre el proyecto de ley “contra el uso abusivo” de la contratación administrativa entre entes públicos.
La reforma modifica el inciso c) para permitir la contratación directa entre entes públicos si el servicio es parte de la actividad ordinaria del proveedor estatal.
El año anterior el ICE y Racsa estuvieron entre las principales firmas adjudicatarias en tecnología de información en el Estado.
Conveniencia
Las instituciones públicas afirman que realizan estudios para asegurarse las mejores condiciones.
El Banco Popular, por ejemplo, dice que identificó a tres proveedores más antes de elegir al ICE y a Racsa para la creación de un modelo de gestión y el centro de datos.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también asegura haber revisado el mercado en ocho contratos otorgados a esos mismos proveedores.
El mismo TSE, sin embargo, mantiene otras seis adjudicaciones con ICE y Racsa en telecomunicaciones que son de antes de la apertura.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) ya había cuestionado la práctica de las entidades públicas de renovar automáticamente contratos con los operadores públicos, sin realizar concursos abiertos.
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El Ministerio de Justicia tiene contratos directos con Racsa, ESPH y el ICE para centros de datos, redes virtuales privadas, videovigilancia, conexión de fibra óptica e Internet.
Justicia sostiene que identificó a otros cinco proveedores y eligió a la ESPH (“la segunda mejor por costo”) y “la más favorable” en soporte y contingencia para el enlace de fibra óptica con el centro La Reforma y la Dirección de la Policía Penitenciaria.
Otro caso es el del Ministerio de Salud, que contrató a Racsa para el mantenimiento del sistema Regístrelo, donde se hace la inscripción de productos de interés sanitario.
Salud identificó a otros cuatro proveedores, recibió las propuestas “válidas” de dos y privilegió que el sistema había sido desarrollado por funcionarios de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital que ahora son parte de Radiográfica.
Las otras dos ofertas no contemplan ni el mantenimiento ni nuevos desarrollos o se hacía necesaria una actualización del sistema, que implicaba suspenderlo diez meses.
Más portillos
Las entidades recurren también a otros portillos legales.
El ICE mismo adjudicó a Racsa, al Banco Nacional y a la Universidad de Costa Rica (UCR) proyectos de expediente médico interno, certificados y firmas digitales, y vigilancia tecnológica en el área de ingeniería, respectivamente.
En el caso del expediente médico interno, el ICE identificó a cinco proveedores más, pero eligió a Racsa (aliado con la firma Info Salud) por el costo (ocho veces menor) y el cumplimiento de los requerimientos.
En todos el Instituto se ampara en que la ley de fortalecimiento institucional, aprobada en la reforma de telecomunicaciones del 2008, lo autoriza a realizar contratos “sin sujeción a los procedimientos de contratación”.
Los convenios también son de recibo. El Ministerio de Hacienda y el TSE tienen acuerdos con Racsa para el Sistema Integrado de Compras Públicas y un enlace de acceso a la plataforma de servicios interinstitucionales, respectivamente.
Una directriz presidencial de usar los servicios de instituciones públicas de educación que cumplieran los parámetros técnicos y jurídico, le sirvió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para renovar en el 2018 el contrato que tenía con la UCR desde el 2017 para el mantenimiento del sitio web.
También tiene un contrato con el ICE para el desarrollo de la plataforma nacional de ciencia y tecnología. “No se realizó una revisión de mercado, en razón de que el servicio no existe en el mercado nacional”, explicó Eddy Fallas, director administrativo financiero del Micitt.
El principal mecanismo para los contratos directos sigue siendo ese artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.
Hacienda lo usó para sus contratos con el ICE de un servicio de procesamiento de datos y con la ESPH para el sistema de validación de la factura electrónica, donde esta última subcontrató a la firma Flecha Roja para el desarrollo de algunos componentes.
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La Dirección Nacional de CEN-Cinai también contrató al ICE para un servicio en la nube de un sistema gerencial financiero tipo ERP.
Por las dudas, la adjudicación se hizo aplicando la excepción para hacer la contratación directa y no un concurso abierto.
