La brecha digital en Costa Rica evolucionó y sigue pendiente tras 12 años de la implementación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), creado para reducirla. Las diferencias entre regiones, por ejemplo, no son pocas.
En el Índice de Competitividad Cantonal de 2025, Barva es el primero y Talamanca es el último de los 82 cantones en tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Pero eso no significa que en Barva toda la población tenga Internet: una buena parte de las familias carece de Internet (31%) y computadoras (47%).
Como último cantón en el ranking de las TIC, los indicadores son peores en Talamanca: el 80% de las familias carece de Internet y 95% de computadora.
Las mismas disparidades se encuentran entre Belén, el cantón que ocupa la primera posición del ranking a nivel general, y Garabito, el cantón con más rezago.
En Belén poco menos de la mitad de los hogares tiene Internet (47%) y computadora (49%), mientras en Garabito las cifras caen a 14% y 17%, respectivamente.
La telefonía móvil es la principal tecnología utilizada, pero el acceso también es desigual: se ubica entre el 72% de Talamanca y el 94% de Barva.
Más allá de los avances en el mercado y los logros de Fonatel, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la pregunta es si el modelo está vigente y requiere ajustes.
“Pese a los resultados positivos, su ejecución debe mejorar”, respondió la Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología (Infocom), que reúne a los operadores de Costa Rica.
Sutel reconoce la alta complejidad que enfrentó para la implementación de los programas, pero defiende los alcances.
“Fonatel es un instrumento plenamente vigente y válido para el cierre de brechas digitales en Costa Rica”, afirmó Carlos Watson, presidente de Sutel.
En enero pasado, el informe Costa Rica 2030: políticas para la (r)evolución digital, elaborado en octubre de 2025 por la GSM Association (GSMA), una organización que agrupa a los operadores móviles del mundo, cuestionó la efectividad de programas de reducción de la brecha digital para alcanzar la inclusión. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no respondió las consultas enviadas.
Inicio tardío
La creación de un fondo para reducir la brecha digital, con recursos aportados por los operadores mediante un canon específico y los ingresos por la adquisición de frecuencias, se contempló en la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642) de 2008.
Nació como una herramienta financiera para garantizar el acceso a las TIC de las poblaciones alejadas, los territorios indígenas y sectores con restricciones económicas. Su inicio fue tardío.
Se debió esperar a la organización de la rectoría de telecomunicaciones y de Sutel (2008-2010), la primera licitación de frecuencias móviles (finales de 2010), y a la definición de la visión y estructuración de Fonatel (2012 y 2014).
En mayo de 2014 fue cuando se realizó la primera “entrega de telefonía e internet”. Se realizó en tres comunidades de La Roxana de Pococí y en Pacuarito de Siquirres, que abarcaban 5.000 personas y 1.250 estudiantes de 15 centros educativos, un Centro Comunitario Inteligente (Ceci) y 5 Ebáis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
“Este proyecto es un apoyo muy importante que facilita el proceso de educación”, dijo en aquel momento Óscar Zúñiga, maestro de la escuela de Buenos Aires en La Roxana.
Las expectativas eran altas para los tres programas iniciales y los otros dos que se sumaron después: comunidades conectadas, hogares conectados, centros públicos equipados, espacios públicos conectados y Red Educativa del Bicentenario.
En la mayoría de ellos se debe establecer la respectiva coordinación con otras entidades, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que elige los beneficiarios en hogares conectados, y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para la Red Educativa.
Las metas y alcances de cada uno de los programas los define el Micitt a través del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). El actual cubre el periodo 2022-2027.
Desde su inicio, Fonatel invirtió $508,1 millones, alcanzó a 877.000 personas (incluyendo 441.000 menores de edad), 632 centros educativos (a los que se sumarán otros 1.450 recién adjudicados) y más de 239.000 hogares (la mayoría con jefatura femenina).
Además, financió 130.000 equipos entregados, 726 torres en 130 distritos rurales, costeros y fronterizos, y 2.176 kilómetros de fibra óptica para conectividad en 513 parques, estaciones de tren y otros espacios públicos, Ebáis y Cecis, entre otros.
Se le suman “avances” en 17 territorios indígenas con el despliegue de 73 torres de telecomunicaciones.
Actualmente el Fondo tiene comprometidos en contratos en ejecución $270 millones con horizonte al 2030 para garantizar la sostenibilidad operativa, el mantenimiento y la continuidad de los proyectos. “Esto permite una visión de largo plazo centrada en la calidad del servicio y el aprovechamiento efectivo de las inversiones”, dijo Watson, de Sutel.
Los resultados de Fonatel durante el 2025 muestran un alto nivel de cumplimiento, en particular en programas donde la ejecución es “directa y sencilla”, como Hogares Conectados y Espacios Públicos Conectados.
Uno de los logros es que en la licitación de 5G se exige a los operadores Claro y Liberty instalar 610 torres que brinden mayor cobertura en 1.092 zonas de atención en 134 distritos prioritarios definidos en el PNDT, a las que se sumarán 128 torres de operadores regionales como Coopelesca, Coopeguanacaste y Coopesantos.
También se reconoce que se construyó un modelo institucional (incluyendo a Micitt y a Sutel), la generación de oferta y de demanda de servicios y que cuenta con las salvaguardas necesarias para cumplir su misión, así como que los recursos no se desvían a otros objetivos políticos, como ocurrió en algunos países de América Latina.
Fonatel tiene en su haber el reconocimiento internacional. En 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó la máxima puntuación por el uso efectivo del dinero en iniciativas orientadas a la inclusión social. “Fonatel es un modelo exitoso que se debe continuar fortaleciendo”, recalcó Watson.
En la columna del debe, sin embargo, la lista no es corta, en particular porque las necesidades y exigencias siguen pesando.
Los problemas se presentan en aquellos proyectos que requieren coordinación con otras entidades, incluyendo instituciones públicas, gobiernos locales, operadores, proveedores y comunidades beneficiarias.
En la Red Educativa, por ejemplo, se debe coordinar con el MEP, en general, y cada proveedor (el operador encargado de la conectividad y la firma encargada de instalar las redes eléctricas y de conectividad internas en cada colegio y escuela) debe ponerse de acuerdo con cada centro educativo.
Pero cuando llegan a realizar las instalaciones enfrentan desde el deterioro de la infraestructura física hasta la ausencia del director o de un guardia que abra las instalaciones para realizar las obras, pasando por los permisos municipales y los de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para el despliegue de infraestructura externa.
Fonatel también enfrentó otros desafíos propios, como la falta de experiencia inicial en la gestión de proyectos estatales, la lentitud típica en los procesos de contratación pública y la tensión permanente con el Poder Ejecutivo por la confusión de roles y la rotación de jerarcas, algunos con enfoques restringidos a la conectividad.
“El diseño implicó que Fonatel cargara con la expectativa de cerrar la brecha digital”, dijo Hannia Vega, exviceministra de Telecomunicaciones y exdirectora de Sutel.
La misma Sutel (según su último informe estadístico a diciembre de 2024) indica que Internet fijo banda ancha alcanza al 66% de los hogares y al 23% de la población.
Y los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que, a mediados de 2025, el 44% de los hogares tiene computadora y el 87% cuenta con Internet, la mayoría móvil. La situación no es mejor en las zonas rurales, donde sólo 28% de las familias tiene computadora.
Retos, mejoras, ajustes
La realidad no se quedó estática. Aunque las redes tienen mayor cobertura, el acceso (en especial a computadoras y otros dispositivos) y el uso son los principales desafíos.
“Hoy debemos sopesar que ya no solo es conectar a los no conectados, sino también continuar mejorando la conectividad de los ya conectados”, indicó Maryleana Méndez, exdirectora de Sutel.
Las acciones del Fondo se consideran determinantes para el desarrollo digital y competitivo de Costa Rica, reducir la brecha digital pendiente y, en particular, ante los desafíos de la expansión de los servicios de redes móviles de quinta generación (5G) y la tecnología de inteligencia artificial (IA).
Pero eso dependerá de las enmiendas que, 12 años después de la primera entrega, tiene pendientes Fonatel y el país, que van desde la actualización tecnológica (para considerar proyectos de conectividad satelital) hasta que las entidades de diferentes sectores incluyan en sus planes y presupuestos los ajustes necesarios para la apropiación de los proyectos.
Esto allanaría el camino para superar los problemas de coordinación, participación (para definir demanda y validar requerimientos) y ejecución con esas entidades, de madurez de los proyectos, de los límites de capacidad instalada para iniciativas complejas, y de acompañamiento público-privado.
Es necesaria mayor coherencia entre la política pública (definida por el Micitt en el PNDT), la ejecución, la visión y las métricas, estructuras y esquemas planteados, incluyendo la alfabetización, apropiación y uso educativo y el aprovechamiento productivo de las TIC mediante programas de habilidades digitales para los grupos vulnerables y las pymes.
Todo esto exige un modelo o esquema de inversión más articulado y realista, manteniendo a Fonatel como base de la conectividad e incorporando otras fuentes de financiamiento y alianzas público-privadas.
“Fonatel continúa siendo una herramienta relevante para apoyar la inclusión digital, pero existe una oportunidad para seguir fortaleciendo su funcionamiento”, insistió Infocom.
“El reto no es eliminar instrumentos, sino alinearlos”, insistió Hannia Vega. “Cerrar la brecha digital del futuro exige conectar inversión en infraestructura con inversión significativa en las personas”.
Quedará para el próximo PNDT. “El siguiente PNDT que regirá a partir del año 2028, requerirá profundizar en este ejercicio de planificación y coordinación interinstitucional, ante nuevos retos y oportunidades que se deben abordar”, dijo Watson, presidente de Sutel.
| La letra de la ley |
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| Extractos de lo que establece la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642): |
| Artículo 34 — Creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. |
| Artículo 35 — Administración de Fonatel: corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel. Se autoriza a la Sutel para que administre los recursos financieros del Fondo, mediante la constitución de los fideicomisos que le sean necesarios. |
| Artículo 36 — Formas de asignación: los recursos de Fonatel serán asignados por la Sutel de acuerdo con el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, para financiar: a) las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habilitantes; b) Los proyectos de acceso y servicio universal. |
| Artículo 38 — Financiamiento: a) Los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones; b) Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas a favor de Fonatel; c) Las multas y los intereses por mora que imponga la Sutel; d) Los recursos financieros que generen los recursos propios de Fonatel; e) Una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los ingresos brutos devengados por los operadores. |
| Artículo 39 — Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones: la contribución será determinada por el contribuyente por medio de una declaración jurada, que corresponde a un período fiscal año calendario. |
| Fuente: Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642) |
