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“Las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una peor amenaza …” Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas.
El pasado 20 de abril, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, presentó un proyecto de ley para regular la producción y el consumo de marihuana, sin importar si esto es con fines medicinales o placenteros.
En Canadá, Uruguay y en muchos estados de los EEUU ya está regulado la producción y consumo de marihuana. México está a punto de incluirse en la lista.
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El proyecto de ley está bajo el expediente 22.482. En el se establece que se crearán dos licencias: una para producción del cannabis y sus derivados y otra para la industrialización y comercio. Estarán involucrados tres ministerios (¡Vaya burocratización!): Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Ministerio de Salud. Tal parece que quienes redactaron dicho proyecto de ley se inspiraron en el fascista Benito Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
¿Por qué tiene que haber licencias para la producción de bienes o servicios? ¿Por qué dicha actividad tiene que estar regulada por el gobierno? En la actualidad, tanto la producción como la comercialización y su consumo no están regulados; ¡y no hay problema alguno! ¿Por qué habríamos de regular el cannabis?
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Es lamentable que la primera razón para impulsar dicho proyecto de ley sea la reactivación económica:
ARTÍCULO 2. – Finalidades. Se permite y regula el uso del cannabis y sus derivados de acuerdo con el artículo anterior, con las siguientes finalidades: a) Promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza con énfasis en las zonas rurales de nuestro país, mediante la regulación de la producción, la industrialización y la comercialización del cannabis y sus productos derivados; así como el fomento de encadenamientos productivos que beneficien prioritariamente a los pequeños productores agropecuarios.
El poder Ejecutivo y los diputados del PAC se han encargado de perseguir a todo tipo de emprendedor, desde quienes operan Airbnb, a los choferes de Uber, a los vendedores de lotería, a los trabajadores independientes con cuotas abusivas en la CCSS, con la imposición de restricciones sanitarias que han destrozado a decenas de miles de negocios, etc. Sin embargo, vez de promover el rompimiento de los monopolios creados por ley, reducir el gasto público, desregular la economía, levantar las restricciones sanitarias o reducir impuestos como medidas para reactivar la economía, para la bancada oficialista la solución para el desempleo es legalizar la producción y el comercio de la marihuana. El título del proyecto de ley lo dice todo: “Ley para la regulación y control del cannabis: nuevos mercados para el desarrollo”.
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Debemos poner fin a guerra contra TODAS las drogas, no solo la marihuana. Para ello, es necesario despenalizar y descriminalizar su producción, comercialización y su consumo. Esto no puede venir acompañado con la creación de nuevos elefantes blancos que las regulen, ni con licencias, ni cuotas, sea de producción, de comercialización o de consumo.
Como bien dijo Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, “las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una peor amenaza porque al castigo se le da prioridad sobre los derechos humanos y la salud”. La posición de la Comisión Global de Política de Drogas (Global Commision On Drug Policy) y, en particular la postura de la Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas (The Latin American Commission on Drugs and Democracy) es que la guerra contra las drogas no tiene sentido, ni social, ni económico. La Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas la codirigen tres expresidentes latinoamericanos: César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y Fernando Enrique Cardoso (Brasil) quienes estuvieron al frente de esta guerra.
La guerra contra las drogas es la que más muertes ha causado en lo que va del siglo XXI. Cientos de millones de dólares se han destinado a ello y el consumo no baja ni la oferta disminuye. Por lo tanto, es necesario replantearse la estrategia sobre este tema.
Que no se me mal interprete. Creo que lo ideal es no consumir ninguna droga. Es sumamente triste ver a personas que destrozan su familia, su trabajo y su vida por la adicción a las drogas o a cualquier otro vicio. Nadie con buen corazón desea ver a un ser humano padecer el flagelo de la adicción por las drogas. Sin embargo, debemos cuestionarnos y analizar si la guerra contras las drogas empeora las cosas.
Si bien el consumo de drogas causa daños, debemos reconocer que la prohibición de su producción, comercialización y consumo, también han traído consecuencias sociales nefastas como asesinatos, violencia, corrupción del sistema judicial y hacinamiento en las cárceles. Además, la guerra contra las drogas tiene un costo altísimo en recursos policiacos, equipos de investigación, jueces, fiscales, etc. Estos recursos se le restan a los destinados para combatir los verdaderos delitos, donde sí hay víctimas, como robos, fraudes, violaciones, corrupción u homicidios.
La solución a los problemas económicos y sociales siempre conlleva respetar el ejercicio de la libertad individual. En el caso de las drogas, esto implica introducir un proceso de despenalización y descriminalización de estas. Con esta medida pondremos fin a la violencia, asesinatos y el crimen organizado asociados al mercado de drogas que hoy son ilícitas. Portugal ha dado paso en esa dirección con resultados muy positivos.
En una sociedad que respeta la libertad implica, necesariamente, que muchos tendrán conductas que no serán de nuestro agrado y que, por lo tanto, debemos respetar toda conducta siempre y cuando no violen el ejercicio de la libertad de terceros. Consumir drogas puede ser una conducta socialmente censurable, pero al no violar la libertad de terceros, no debe ser considerada un delito. Nos guste o no, una sociedad que no trata a terceros como esclavos, debe respetar que cada uno es libre de tomar, fumar, e inyectarse lo que le dé la gana.
Como segundo paso simultáneo, es tratar la adicción de las drogas como un problema de salud, siguiendo el pensamiento de Kofi Annan. Es imposible que la sociedad trate de curar a un adicto si esta lo considera un criminal. Mientras exista la criminalización de las drogas, sus consumidores no podrán ser atendidos bajo los programas de salud y por tanto no podrán prevenirse muchas enfermedades como hepatitis C, tuberculosis y VIH. Solo despenalizando y descriminalizando las drogas podrán atenderse los adictos.
Por otra parte, el ejercicio del poder punitivo del Estado debe estar limitado a principios que salvaguarden las garantías civiles e individuales. Es decir, existen límites para lo que el Estado considere delito o acto criminal. Desde un punto de vista jurídico, es necesario que prevalezca el principio de que no puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad.
En derecho se habla del principio de lesividad que establece que no puede haber delito sin que exista daño a un bien jurídico tutelado; siendo la vida, la libertad y la propiedad los bienes jurídicos por excelencia. Se supone que la lucha contra las drogas se basa en proteger la salud pública como bien jurídico.
Sin embargo, la lucha por la salubridad pública no puede violentar el ejercicio de la libertad individual. En caso contrario, sería lícito entonces que el gobierno prohibiera el uso de vehículos porque así se evitarían las muertes por accidentes de tránsito. También sería obligación del gobierno prohibir las relaciones sexuales con el fin de evitar la transmisión de enfermedades venéreas.
No es deber del gobierno cuidar a nadie porque cuando lo hace, viola el derecho fundamental de la libertad individual. Como bien dice el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres …”. Somo adultos, somos libres y cuidarnos es responsabilidad de cada uno.
Por otra parte, todos los estudios confirman que, lejos de proteger la salud pública, la guerra contra las drogas, la empeora. No hay peor estado de salud que la muerte misma y la guerra contra las drogas causa muertes. Además, la guerra contra las drogas no ha reducido su consumo y, debido a la prohibición, los precios de las drogas suben y esto incentiva la creación de nuevas sustancias de menor precio, pero mucho más dañinas para la salud.
La prohibición provoca que los precios de las sustancias ilícitas se disparen, contribuyendo a la creación de fortunas a las mafias organizadas. Además, la prohibición induce e incentiva la violencia y los asesinatos porque en caso de que existan disputas o diferencias, estos no se pueden resolver mediante los tribunales de justicia y no queda otra más que resolverlos por medio de la amenaza, o del uso de la fuerza, de la violencia o el asesinato. Cientos de miles de personas mueren por ajustes de cuentas como consecuencia de la prohibición.
Insto a que valoraremos sin prejuicios y que estudiemos seriamente las ventajas de un proceso de despenalización y descriminalización del consumo y posesión de sustancias que hoy son ilícitas y que se aborde el asunto de las drogas como un problema de salud.
