Por: Emilio Zevallos.   28 mayo

En estos momentos, en muchos países se han empezado a dar pasos hacia la “normalización” de actividades. Sin embargo, en todos ellos los resultados no son alentadores. La tasa de contagios ha aumentado y con ello, los logros en cuanto al control de la pandemia corren el riesgo de perderse.

El problema es que el enemigo es invisible para nuestros ojos, y si no somos extremadamente disciplinados con las medidas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas e incluso guantes, las cosas se pueden salir de las manos.

Por cuánto tiempo debemos seguir en esta situación. Lamentablemente hasta que tengamos una vacuna o mecanismos médicos para controlar la pandemia.

Si empezamos a abrir negocios y a “liberar” actividades, es muy probable que los contagios empiecen a multiplicarse, y en ausencia de sistemas de salud que puedan atender a una avalancha de pacientes, llegaríamos a la saturación de los hospitales y lamentablemente, a un incremento del número de víctimas fatales. Nadie desea eso.

¿Lo anterior significa que debemos quedarnos todos en nuestras casas? No. Debemos salir a surtirnos de bienes, e incluso servicios. El tema de fondo es quien debe salir y quién no.

Al momento se ha probado que el teletrabajo en muchas empresas está funcionando. Regresar a las oficinas por tanto no sería lo recomendable para las empresas donde ha dado resultado. En donde no ha estado funcionando bien, es posible empezar el regreso por turnos, donde los que si funcionaron se mantengan en el teletrabajo, y los otros, regresen por partes y que ello implique menos personas en las oficinas, con el adecuado distanciamiento social.

Pero el tema más importante es, ¿qué pasa con los que no pueden hacer teletrabajo? Casos como la construcción, la economía informal, el empleo doméstico, y otros. Un cálculo simple no baja del medio millón de personas.

Muchos de ellos no podrán -en el corto plazo- regresar a la actividad económica. Para ellos no queda más opción que el colchón social del Estado (bono proteger); por ello, es fundamental que llegue a quien debe llegar con la oportunidad que se requiere. La vida de —al menos— medio millón de personas y sus familias depende de ese bono.

Hay otro numeroso grupo de personas que —si bien no han perdido la fuente de ingresos— la han visto seriamente reducida. Ellos también deberían ser sujetos del bono, al menos en parte.

No soy partidario del asistencialismo, pero en este caso no hay otra opción que pueda llegar a tal cantidad de personas en un plazo breve.

Es posible incorporar a algunos de estos grupos más perjudicados de la economía en esta perspectiva: las pulperías, los pequeños agricultores.

Si en vez de que las grandes empresas donen sus productos (probablemente a precios inflados y que son sujetos de beneficios tributarios por ello), donaran dinero, y este sirviera para que las pulperías y los pequeños agricultores vendan sus bienes y las municipalidades u otros entes sociales calificados, hagan los paquetes de ayuda; estaríamos haciendo mover la maquinaria de la economía en sus bases (las mipymes), manteniendo empleo e ingresos.

Todos los barrios tienen pulperías y pequeños negocios; con una lista de los bienes y los precios definidos para cada uno, sabremos no solo cuánto cuesta cada paquete y podremos controlar que los productos lleguen a quienes los necesitan.