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Si Carlos Alvarado estuviera corriendo una maratón —competencia de 42 kilómetros— al completar los primeros 100 días de su gobierno apenas habría alcanzado 2,9 kilómetros, lo que equivale al 7% de su periodo constitucional.
El Presidente ya completó la carrera corta, la que sirve para calentar, corregir el paso y tomar impulso para los 39,1 kilómetros de recorrido que todavía faltan. Es decir, 1.360 días hasta llegar al 8 de mayo del 2022 y entregar la banda a su sucesor.
Alvarado se fijó una meta en campaña y trata de correr en esa dirección. Todas las fuerzas, o al menos la mayoría, están enfocadas en aprobar la cambiante reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa. No quiere que ningún tema le genere distracción, ni el aborto terapéutico ni las desafortunadas apariciones de Edgar Mora, su ministro de Educación.
La carrera empezó bien. El nuevo Gobierno —segundo en fila del Partido Acción Ciudadana (PAC)— arrancó con 28 medidas para contener y recortar el gasto público. Luego diez acciones más para reducir la evasión y un ciclo de reuniones con las bancadas legislativas para suavizar el terreno y plantar, de entrada, la idea de apurar el paso de la reforma fiscal. El tiempo apremia.
En la recta final de la ruta de los 100 días, apareció un hueco que al inicio no se veía tan grande, pero con el pasar de los días aumento se tamaño y de profundidad.
El mandatario y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, debieron bajar el ritmo para tapar el hueco de ¢600.000 millones en el presupuesto nacional del 2018 que le heredó Luis Guillermo Solís cuando al final de su gestión se endeudó a corto plazo para enfrentar el pago de obligaciones como salarios y transferencias.
La carrera sigue, pero el Gobierno tuvo que pedir a los diputados los votos para cubrir el millonario faltante de dinero con un primer presupuesto extraordinario que ya ingresó a la corriente legislativa y que obstruye el diálogo construido hasta ahora para aprobar la reforma fiscal por vía rápida.
Correr bajo las sombras
Usualmente es bueno correr cuando hay buena luz y con un clima favorable. Sin embargo, los primeros 100 días de Alvarado transcurrieron bajo un sombrío panorama fiscal y con vientos adversos en el Congreso.
El déficit financiero aumentará al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al final del 2018 y alcanzará el 7,5% de la producción nacional al cierre del 2019. Esto ocurre al mismo tiempo que el ritmo de crecimiento económico se desaceleró de un 4,1% en 2017 a un 3,2% a julio de este año.
La Contraloría General de la República (CGR) portadora de un sombrío pronóstico para las finanzas del país con un informe publicado el pasado jueves 9 de agosto, también alertó sobre una importante desaceleración en los recursos que recibe el Gobierno.
Los ingresos corrientes apenas incrementaron a un ritmo de 1,5% durante el I trimestre del 2018, mientras que un año antes lo hicieron a una tasa del 7,2%.
Dentro de este apartado, los ingresos tributarios también experimentaron una drástica caída en su tasa de crecimiento y pasaron de 6,8% en el I trimestre del 2017 a 1% en el mismo periodo del 2018.
A esto se debe sumar la necesidad de aprobar dos presupuestos extraordinarios en el Congreso. El primero, ya presentado, busca otorgar ¢600.000 millones para que el Gobierno pague los bonos que vencieron este año y con los cuales se financió ante la falta de liquidez anunciada en agosto del 2017.
El segundo expediente, que será enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso en los próximos días, pretende girar ¢300.000 millones para sufragar la caída de los ingresos tributarios que se calcularon mal en el presupuesto nacional 2018.
El hueco presupuestario que le heredó Solís a Alvarado abrió el portillo para que la oposición; bastante colaboradora, alineada y enfocada en los primeros meses del nuevo Gobierno; empezara a disparar dardos políticos y aprovechara la coyuntura para sacar partido en las negociaciones del plan tributario.
Las presiones para el Gobierno no vienen solo de los sectores internos del país. Las calificadoras de riesgo concedieron un plazo de gracia para revisar la nota de la deuda soberana de Costa Rica y a estas alturas solo la aprobación de la reforma fiscal podría evitar una degradación.
Es cierto que las acciones para recortar y contener el gasto público, que anunció el gobierno de Alvarado el pasado 30 de mayo, fueron recibidas con beneplácito por entidades internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
También es cierto que estas medidas, puestas en marcha por el Ejecutivo mediante decretos y directrices, le compraron a Costa Rica un poco más de tiempo ante las calificadoras de riesgo.
La meta
La administración Alvarado Quesada quiere aprobar la reforma fiscal para empezar a gobernar. Así lo han señalado en varias ocasiones el propio mandatario y Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.
Más allá de querer que el plan de ajuste tributario vea la luz, realmente el Ejecutivo lo necesita y con urgencia. Cada vez se hace más difícil enfrentar el pago de obligaciones como salarios y transferencias, si esa situación no se revierte, este Gobierno no podrá ejecutar gran parte de su plan de desarrollo orientado a la construcción de sistemas de transporte como el tren, nuevas carreteras y a la lucha contra la pobreza.
Otros temas han saltado al escenario enturbiando la delicada negociación tributaria en el Congreso. En una entrevista con La Voz de Guanacaste esquivó dos veces una pregunta sobre cuándo planea firmar la norma técnica para implementar el aborto terapéutico.
El mandatario sentenció que él es quien definirá cuando es un buen momento para hablar del tema y puso punto final a la discusión. La reacción de Alvarado le ganó críticas y cuestionamientos en las redes sociales, ya atizadas por el uso que le dio Édgar Mora, ministro de Educación Pública, a la palabra “fusión” para referirse a la Anexión del Partido de Nicoya, durante una gira en Guanacaste.
Mora ya había generado ruido innecesario para el Gobierno cuando, el 10 de junio, publicó un tuit sobre el suicidio que desató la molestia en redes sociales.
En semanas recientes, el tema del matrimonio igualitario también ha causado olas en la opinión pública, después de que la Sala IV diera un plazo de 18 meses a los diputados para adecuar la legislación de manera que se legalicen las uniones entre personas del mismo sexo.
Mientras todo esto ocurre, el Presidente continuaba firme —como hasta ahora— en tratar de cumplir su primer objetivo: aprobar la reforma fiscal.
Desde Zapote ya habían enviado señales cuando Piza dijo que esperaban la aprobación en primer debate de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas antes de los 100 días, pero no ocurrió así.
El Gobierno mantiene buenas relaciones y un diálogo cercano con todas las fuerzas políticas del Congreso, así lo reconocen los jefes de las bancadas, quienes perciben un cambio de esta administración con respecto a la de Solís. Esa relación estrecha entre Casa Presidencial y Cuesta de Moras permite avanzar en el diálogo, aunque sea a un ritmo lento.
Quienes resienten la lejanía del Gobierno son los empresarios y los sindicatos. Los dos sectores acusaron poco diálogo con Zapote en sus primeros meses.
En 100 días cuesta quedarle bien a todo el mundo. El pasado lunes 6 de agosto los empresarios representados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) reclamaron a Alvarado que los sacara de la discusión política.
Nuevamente, el sector aprovechó para enviarle al Gobierno una lista de proyectos de ley relevantes para sus intereses. Destacan las iniciativas para regular el teletrabajo, para actualizar las jornadas laborales y la siempre recurrente propuesta para ampliar el tope de generación eléctrica por parte de empresas privadas.
Los sindicatos anunciaron medidas más drásticas si el Gobierno sostiene sus intenciones de actualizar los impuestos, recortar pluses y modificar salarios de empleados públicos. La lucha de siempre con las consecuencias de siempre: huelgas y manifestaciones.
Los taxistas no se quedan atrás y lograron salir con un acuerdo firmado de Casa Presidencial al mismo tiempo que metieron al Gobierno en la incómoda posición de pronunciarse sobre la continuidad de Uber en el país. Para calmar los ánimos, el Ejecutivo ofreció fortalecer los operativos de tránsito contra los servicios de transporte que ofrecen los socios conductores de la app.
Son 100 días -se cumplen el 16 de agosto- y Alvarado continúa la carrera. Ya terminó el calentamiento, ahora le espera el resto de la maratón. Una competencia que nunca es fácil y en la que tendrá que lidiar con la oposición, con los sectores que velan por sus intereses y con las sorpresas que surjan en el camino, como toparse con un hueco en el presupuesto al inicio del camino.
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