87.987 hogares en Costa Rica son vulnerables a caer en condición de pobreza si el Gobierno les quita las ayudas estatales como becas y transferencias, o si sus integrantes no logran conseguir un empleo de calidad que les garantice mejores salarios.
Esta es una de las conclusiones del Informe Estado de la Nación 2017, publicado el pasado 14 de noviembre por el Programa Estado de la Nación (PEN) bajo el auspicio del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Defensoría de los Habitantes.
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El fenómeno de la pobreza en el país es quizá, uno de los más interesantes de entender, sobre todo cuando el Gobierno anunció con bombos y platillos una reducción “histórica” en la cantidad de personas que vivían bajo esta condición al cierre del 2016.
En ese momento, Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de la República; y Carlos Alvarado, entonces ministro de Trabajo, sostuvieron férreamente que la pobreza se redujo entre 2015 y 2016 porque las ayudas estatales estaban llegando a familias que realmente las necesitaban.
En 2016, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) mostró una reducción en la pobreza general que pasó del 21,7% en 2015, a 20,5% el año anterior. Esto se tradujo en que 10.400 familias dejaron de ser pobres bajo la medición por ingresos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Gobierno anunciaron entonces que esa reducción en la pobreza de 1,2 puntos porcentuales era estadísticamente significativa, algo de lo que no están tan seguros los investigadores del PEN.
Antes de explicar por qué la reducción de la pobreza medida por ingresos podría no ser tan fiable como quiso hacerla ver el Gobierno, es importante definir la forma en que se mide esta condición en el país.
El INEC utiliza dos indicadores, la Línea de Pobreza (LP), que se evalúa con base en el dinero que tiene una familia para poder comprar una canasta básica; y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que contempla cinco ámbitos: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social.
Entonces la pobreza medida por LP fue la que se redujo de 21,7% en 2015, a 20,5% en 2016; mientras que por el IPM también registró una baja al pasar de 21,8% a 20,5% en el mismo periodo.
El hecho de que ambos indicadores quedaran en 20,5% es una casualidad, aunque la coincidencia no implica que se trata de las mismas personas o familias. De hecho, según el informe, solo un 9,5% de los hogares es considerado como pobre en ambas mediciones, de nuevo por LP y por IPM.
11% de los hogares son pobres porque no tienen dinero suficiente para comprar la canasta básica y otro 11% está en esa condición por carencias en educación, vivienda, salud, trabajo o protección social.
No pobres, pero vulnerables
En el país existen 219.444 hogares que no son pobres, pero por el nivel de sus ingresos están en zona de vulnerabilidad de caer en esa condición.
De ese total, un subgrupo de 87.987 familias tienen ingresos que apenas están entre 10% y 20% por arriba de la línea de la pobreza.
Para tener un mejor contexto, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en diciembre del 2016 era de ¢45.764 colones a nivel nacional, en la zona rural bajaba a ¢40.764.
Si una familia tiene esa cantidad de dinero para comprar la comida ya no se considera pobre, si tiene ¢10.000 más sobre el costo de la canasta, entonces se suma a las familias vulnerables, aunque en algunos casos puede que ese dinero extra provenga de programas de Gobierno.
Muchas de estas familias reciben recursos del Estado que les permiten estar fuera del grupo de los más pobres, pero si un mes dejan de obtener esas becas o ayudas, podrían regresar a esa realidad.
Leonardo Merino, coordinador de investigación del Informe Estado de la Nación 2017, explicó que se necesitan empleos de calidad para que estas familias dejen de depender de ayudas estatales y pueda mejorar sus ingresos.
Incluso, la dependencia de este grupo de hogares del dinero que les da el Gobierno cada mes es peligrosa en una coyuntura de déficit fiscal, donde los recursos del Estado en el corto plazo, estarán supeditados a una reforma que permita aumentar los ingresos por impuestos.
Si esto no ocurre, el Gobierno podría tener problemas serios de liquidez y recortar o congelar las transferencias que deposita cada mes a los más pobres y a familias en condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, los primeros recortes de ayudas serán a quienes no están en pobreza, pero se encuentran cerca de caer en esa condición porque sus ingresos mensuales tienen un fuerte componente de becas y programas de Gobierno.
“Los flujos de entrada y salida de la pobreza de un año a otro constituyen un reto para la política social, pues no solo se trata de sacar a los hogares pobres, sino también de evitar la entrada de los vulnerables”, agrega el informe.
La trampa de la pobreza
Para evitar que una persona vulnerable caiga en pobreza, se debe garantizar que los programas sociales le permitan adquirir conocimientos y capacidades para obtener un mejor empleo.
Cuando los programas sociales son asistencialistas no contribuyen con la generación de conocimiento y tampoco se convierte en una opción para que quienes los reciben, puedan mejorar su condición socioeconómica.
Por esta razón, el informe hace un llamado al Gobierno para que no centre todos sus esfuerzos solo en las familias pobres, sino que también destine recursos para atender los hogares que están en vulnerabilidad de sumarse al primer grupo.
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Esto se logra mediante programas de formación educativa, dual, o que permitan a las personas aprender un oficio para que puedan optar por empleos de calidad y mejorar sus ingresos de forma natural con un salario más alto.
Según Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el programa Puente al Desarrollo es un paso en esa dirección, ya que ofrece una serie de beneficios para que las familias salgan de la pobreza, mejoren sus capacidades y no dependan solamente de las ayudas del Estado.
El Gobierno también defiende el uso de los mapas de pobreza y la creación de Registro Único de Beneficiarios, como dos herramientas que permiten dar las ayudas a quienes más lo necesitan y erradicar prácticas del pasado que teñían con colores políticos las becas y los programas sociales.
Menos pobreza por ayudas
Ahora bien, otro elemento del discurso del Gobierno en 2016, fue que la pobreza no se redujo en el país solo porque se inyectaron más recursos para becas y ayudas a los más pobres, sino porque ese dinero estaba llegando a quienes realmente los necesitaban.
Lo cierto es que las transferencias estatales como becas y programas tuvieron un peso del 61% en los ingresos que ayudaron a sacar a las familias de esta condición socioeconómica.
El informe evalúa los factores que pudieron influir en la aparente reducción de la pobreza con base en el análisis del costo de la canasta básica alimentaria, las transferencias monetarias de los programas sociales y el cambio en los ingresos laborales o salarios.
En el 2016 se dio una reducción en el costo de los alimentos que conforman la canasta básica por la caída en la inflación, lo que finalmente se tradujo en una disminución en la LP.
Al reducirse el nivel de la línea de pobreza, es más fácil que algunas familias dejen de ser consideradas como pobres con solo tener ₡1.000 más de lo que necesitan para comprar los alimentos básicos cada mes.
Para calcular el ingreso total del hogar se incluyen cuatro componentes: el salario por un trabajo, las transferencias monetarias (públicas y privadas), las rentas de la propiedad y las trasferencias no monetarias, como donaciones de alimentos.
“En promedio, el 80% de los ingresos de las familias proviene del trabajo, un 13% de transferencias monetarias y un 6% de las rentas de la propiedad. Sin embargo, las proporciones varían según estrato económico, pues en los hogares pobres el componente laboral pierde importancia y las transferencias públicas la ganan”, señala el informe.
Los investigadores desarrollaron un análisis bajo el supuesto de que la mayoría de los hogares logró salir de la pobreza por la combinación de los salarios, las transferencias o el dinero disponible para comprar la canasta básica.
Los resultados son reveladores. Las becas y ayudas del Estado tuvieron un peso del 61% para apalancar la salida de familias de la pobreza, mientras que el valor de la canasta básica y el dinero para comprar estos alimentos generaron un 22% de reducción de esa condición socioeconómica.
Los salarios obtenidos por un trabajo apenas representaron el 17% de la disminución de la pobreza en el país.
Incluso en la zona urbana los ingresos laborales permitieron un 46% de reducción de la pobreza, pero en la rural las ayudas del Estado influyeron en un 107%, es decir, en estas comunidades del país las personas mejoraron su situación por el dinero que reciben del Gobierno.
¿Se redujo la pobreza?
Este es uno de los cuestionamientos que plantea el más reciente informe Estado de la Nación. Aunque la conclusión tiene una base estadística, EF lo explicará de forma más sencilla.
Los investigadores hallaron que no es posible afirmar que hubo una reducción estadísticamente significativa en la incidencia de la pobreza entre 2015 y 2016.
Para llegar a esa conclusión, el informe detalla en primer lugar, que la Enaho se aplica solo a una parte de la población –llamada muestra– por lo que el dato tiene un error asociado o “error de muestreo”.
Para validar la certeza de la estimación, los investigadores calcularon un “error estándar” –error en la estimación de la medida poblacional– y con base en eso se construyeron intervalos de confianza.
Un intervalo de confianza es un par de números o valores dentro de los cuales se cree que podría estar el número acertado para validar la estimación.
En este caso, el INEC estimó en 2015 que un 21,7% de los hogares costarricenses era pobre, pero ese valor es solo uno de los muchos posibles. Con los intervalos de confianza el verdadero dato se podría ubicar entre 20,8% y 22,6%.
Lo mismo ocurrió en 2016, la cifra del 20,5% que implica una reducción estadísticamente significativa –de la cual el Gobierno hizo alarde– realmente podría estar entre 19,6% y 21,4%.
Los datos de los intervalos de confianza muestran que hay un traslape entre 2015 y 2016, lo que quiere decir que la pobreza se puede ubicar entre los niveles de 20,8% y 21,4%.
Finalmente, las cifras muestran que existe la probabilidad de que en ambos años el porcentaje de pobreza fuera el mismo, o al menos muy similar, por lo que no es posible concluir de forma tajante que se registró un descenso en esta condición con relevancia estadística.
“Habrá que esperar los resultados de unos años más para comprobar si, en efecto, la pobreza se redujo de forma significativa y sostenida a partir del 2016”, concluye el informe.
