EscucharLos diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron, este 18 de octubre, el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2024. Sin embargo, lo hicieron con múltiples modificaciones al plan original que presentó el Ministerio de Hacienda.
Los cambios molestan al Gobierno porque incluyen aumentos por más de ¢68.000 millones en campos como seguridad, infraestructura, educación y cultura; pero financiados mayoritariamente a partir de reducciones en el monto que Hacienda pretendía utilizar para el pago de intereses de la deuda o a través de la emisión de nuevo endeudamiento.
¿Cuáles fueron los cambios, a qué se dedicará el dinero extra y cuáles son los puntos que disgustan al Poder Ejecutivo? Este es el resumen de la situación.
LEA MÁS: Casi la mitad del presupuesto del 2024 se destinará al pago de la deuda
Los aumentos
En total, se aprobaron 25 mociones destinadas a redirigir recursos y aumentar presupuestos a diversas instituciones.
Si se analizan los datos por tipo de gasto, podemos decir que el presupuesto aumentó en ¢27.257 millones para seguridad; ¢22.200 millones para infraestructura; ¢9.304 millones para educación; ¢943 millones para cultura; y ¢8.612,3 millones para otros rubros,
El enfoque de las subidas en materia de seguridad busca atender el llamado que han hecho múltiples autoridades del sector, solicitando más recursos para atender la crisis de inseguridad que vive el país.
La inseguridad es el principal problema nacional para la mayoría de los costarricenses, según los resultados de la última encuesta de opinión política que realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Esto coincide con la cantidad de homicidios en lo que va de 2023, que ya es la más alta de la historia costarricense y amenaza con llevar la tasa de ese delito a más de 18 por cada 100.000 habitantes.
Entre otros movimientos en esa dirección, los diputados aumentaron el presupuesto del Ministerio de Seguridad en ¢8.000 millones, para crear 300 nuevas plazas de agentes y cubrir necesidades básicas de viáticos, combustible, vestuario y equipamiento; así como el del Poder Judicial en otros ¢6.000 millones para crear nuevos puestos de jueces, fiscales y defensores, y financiar equipamiento de transporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Además, directamente al OIJ, se le otorgaron ¢11.960 millones adicionales para crear al menos 260 plazas para investigadores.
Randall Zúñiga, director de la entidad, ha dicho en reiteradas ocasiones que la policía judicial trabaja con menos capital humano del que necesita para enfrentar a las estructuras de crimen organizado y que, además, enfrenta problemas para atraer a capital humano por las restricciones salariales impuestas en los últimos años.
LEA MÁS: Homicidios y narcotráfico: ¿cómo se explica la crisis que vive Costa Rica?
En cuanto a infraestructura, se incluyeron fondos para proyectos como el mantenimiento de vías nacionales y transferencias a municipalidades para el mantenimiento de vías cantonales, así como otros recursos para el pago de las expropiaciones que se necesitan para la construcción de la carretera hacia San Carlos.
En materia educativa, se incluyeron recursos para infraestructura educativa, para la Universidad Nacional (UNA) y para el programa de becas Avancemos.
La única reducción de gastos en el presupuesto que aplicaron los diputados sin que viniera acompañada de otra alza en alguna partida se presentó en el campo de publicidad y propaganda de la Presidencia de la República. Los diputados le recortaron a ese fondo un total de ¢30 millones y eliminaron esa misma cifra del rubro de nuevo endeudamiento.
La molestia
El principal problema que observó Hacienda sobre este tipo de aumentos a su plan inicial de gastos tiene que ver con cuestiones fiscales, pues el dinero que repartieron los diputados proviene en su gran mayoría de montos que el Gobierno pretendía utilizar para el pago de la deuda pública.
De los más de ¢68.000 millones en aumentos presupuestarios, ¢58.361 millones provienen de recursos que se contemplaban para el pago de intereses o amortizaciones de deuda; mientras que otros ¢5.981 millones lo hacen de autorizaciones para emitir nuevo endeudamiento.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró no estar de acuerdo con estas actuaciones por cuestiones de “equilibrio fiscal”.
El jerarca además afirmó que trasladar dinero destinado al pago de intereses a otros fines podría ser riesgoso, al existir actualmente presiones que podrían aumentar el nivel de las erogaciones del Ejecutivo para ese rubro como las altas tasas de intereses a nivel internacional o la volatilidad en el tipo de cambio.
Asimismo, Acosta indicó que la administración ya había pactado con Seguridad un aumento de ¢22.000 millones que ya se contemplaba en el plan original de gastos.
Acosta también señaló que la creación de plazas implica gastos futuros y no de un solo año, lo cual tendría “implicaciones desde el punto de vista del mediano y largo plazo”.
Sin embargo, sus argumentos no calaron en la mayoría de los diputados.
La diputada oficialista y miembro de la Comisión de Hacendarios, Pilar Cisneros, reclamó a sus compañeros de foro durante la discusión del proyecto que no solo dieron nuevos recursos a las entidades de seguridad, sino que repartieron “confites” a muchas otras entidades. Asimismo, les dijo que “su bola de cristal” no puede fallar, pues si aumentan las tasas de interés y el Gobierno se ve obligado a pagar mayores cantidades de recursos por ese rubro, entonces pueden surgir nuevas necesidades fiscales sin una fuente de ingresos que las respalde.
Los diputados solo coincidieron con el criterio de Acosta al rechazar una moción del Partido Liberal Progresista (PLP), la cual pretendía trasladar ¢38.300 millones que se pactaron como cuota de adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a cuestiones de seguridad.
Ello, había dicho el ministro, habría imposibilitado colocar títulos valores en el mercado externo (eurobonos), pues se habría generado un escenario de incumplimiento de las metas de superávit primario que fijó el Congreso para ese fin.
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, reconoció a través de sus redes sociales que hubo un “choque” con Hacienda durante la discusión de las reformas. Sin embargo, dijo que se sopesaron factores como el nivel de las necesidades en seguridad ante una crisis “sin precedentes” y el hecho de que en meses recientes se aprobaron “varios proyectos para ahorro en intereses” para pasar por alto su criterio.
El proyecto ahora pasará a estudio del Plenario Legislativo. En ese lugar tendrán podrán votarse más cambios sobre el expediente, que deberá quedar completamente aprobado a más tardar a finales de noviembre próximo, según dicta la Constitución.
Para 2024, Hacienda propuso un plan de ¢12,6 billones: un 3% mayor que en este 2023.
