Economía y Política

Bancos estatales ven en plan de aporte solidario al Gobierno una oportunidad para librarse de cargas parafiscales

Banco Nacional propone al Ejecutivo eliminar los aportes que actualmente giran a cinco entidades del Estado, mientras que el BCR añade una exención al impuesto sobre la renta

La discusión del proyecto de ley para que 14 empresas estatales aporten hasta el 30% de sus utilidades en un dividendo que le permitirá al Gobierno amortizar la deuda pública, abre una nueva ventana de oportunidad para que el Banco Nacional (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) traten de librarse de las cargas parafiscales.

Las dos entidades financieras consideran que pagar una nueva contribución al Ejecutivo los pondría en una posición de desventaja en el mercado con respecto a la banca privada, reduciría sus capacidades para colocar créditos y afectaría el patrimonio de ambas instituciones.

El proyecto de Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal (22.384), es una de las cinco medidas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ya se encuentra en la corriente legislativa.

El Ministerio de Hacienda estima que estos desembolsos aumentarían los ingresos anualmente en 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB) por los próximos cuatro años, periodo en el que se aplicaría la transferencia.

Ante este panorama, los bancos públicos propusieron al Ejecutivo una serie de cambios en el texto para evitar impactos en sus posiciones patrimoniales y reescribir las actuales cargas con las que financian a entidades como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) o el Instituto Nacional de Fomento Coooperativo (Infocoop).

Libres de cargas

El Banco Nacional destina actualmente el 30% de sus utilidades al pago del impuesto sobre la renta y un poco más del 30% de sus ganancias se dirige a las cargas parafiscales.

Esto quiere decir que la entidad gira un monto superior al 60% de sus utilidades anuales al Gobierno Central y a entidades con fines específicos. Así lo indicó en un comunicado de prensa el 11 de febrero.

Las cargas parafiscales son porcentajes de las ganancias que los bancos deben girar a otras instituciones como la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) que percibe el 5% cada año o el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que se beneficia con el 15% de estas transferencias.

En el caso del Banco de Costa Rica, destina el 30% de sus utilidades al pago del impuesto de renta y cerca del 33% a cargas parafiscales, la información se desprende de una respuesta enviada por Douglas Soto, gerente general de la entidad, a la jefatura de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), el 2 de febrero, documento del cual EF tiene copia.

“Tales aportes parafiscales no son aceptados como gastos deducibles del impuesto a las utilidades de los bancos que los hacen, a excepción de la contribución a Conape, que sí genera un efecto fiscal de gasto deducible en sus estados financieros para el cálculo del tributo”, apuntó Soto en la misiva.

Entre las múltiples preocupaciones que externaron el BNCR y el BCR sobre el proyecto de ley de dividendos, destaca el hecho de que si les cobran el 30% de sus ganancias anuales, sumado al 30% del impuesto de renta y el porcentaje del las cargas parafiscales (que ronda entre el 30% y puede llegar hasta el 38%); solamente les quedaría un 7% para capitalizar.

“El monto (del 7%) resulta insuficiente para su proceso de intervención financiera en competencia, quedando después de cuatro años en un estado de indefensión al no poder actualizar tecnologías, implementar estrategias bancarias más eficientes y con el agravante de ser un banco menos valioso”, añadió Soto.

Para Bernardo Alfaro, gerente general del BNCR, incrementar el porcentaje global de los aportes al Estado redundaría en una menor capacidad de recursos disponibles para colocar crédito.

“Hemos propuesto al Gobierno la sustitución de esas cargas parafiscales, no de todas, porque creemos que el IVM y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fueron sumamente golpeados por la pandemia; pero las demás pueden modificarse por un dividendo único que incluso le representaría el doble de lo que pretende recaudar con el proyecto de ley”, puntualizó el jerarca.

La propuesta es secundada por el BCR, que además impulsa la idea de una exención del pago del tributo de renta.

“Al cabo de cada ejercicio fiscal el banco puede entregar al Estado −su propietario− un aporte anual del 45% de las utilidades finales, para que dichas sumas sean utilizadas en los destinos que se consideren pertinentes, eliminando los aportes a Conape, Infocoop y el impuesto de renta lo cual quitará disputas y conflictos legales entre entidades del Estado”, concluyó el gerente general del Banco de Costa Rica.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, comentó a este medio que conoce las intenciones de la banca pública, pero considera que se trata de una idea con muy poca viabilidad política.

“El problema es que el tema tiene una serie de afectaciones, por ejemplo, el ingreso que se destina a las cooperativas y a Conape; eso hace que desde el punto de vista político tenga una oportunidad muy baja”, zanjó el ministro.

Nuevo intento

La idea de sacudirse de las cargas parafiscales no es nueva. En noviembre del 2019 los bancos del Estado propusieron al Ejecutivo para trasladar el 20% de sus ganancias anuales de forma directa al Ministerio de Hacienda con el fin de reducir el actual porcentaje de esos giros que ronda entre el 30% y el 38%.

En ese entonces el Gobierno recibió la iniciativa de las dos entidades públicas y empezó un proceso de análisis con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, aseguró que evaluaron la modificación gradual de las cargas, pero nunca establecieron plazos, ni definieron cuáles contribuciones podían ajustarse a la baja.

Los bancos estatales contribuyen hasta en un 38% de sus utilidades, el Banco Popular (BP) aporta el 13%, los intermediarios privados un 5% y las cooperativas un 4,5%.

Esa propuesta planteaba eliminar los aportes al IVM, Infocoop, Conape, Banca para el Desarrollo y la CNE, en su lugar se entregaría un único aporte anual del 20% de las ganancias para que el Estado, en su condición de propietario, defina el uso del dinero.

La transferencia o dividendo sería deducible del impuesto sobre la renta. La distribución de utilidades netas estaría libre de cualquier retención, tributo o contribución parafiscal.

Los bancos estatales quedarían exentos de su obligación de destinar el 10% de su presupuesto de cada año a publicidad en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y se crearía una plataforma digital de contratación de bienes y servicios exclusiva para las entidades financieras públicas.

Sin embargo, esta iniciativa no avanzó. Posteriormente se creó una propuesta para transformar las cargas parafiscales en un aporte solidario al Gobierno y se incorporó en la primera versión del plan para negociar con el FMI, presentada el 1.° de octubre del 2020 y retirada el 4 octubre del mismo año.

El documento del primer plan detallaba que los pagos realizados en parafiscales por los dos bancos del Estado en los últimos cinco años alcanzaban los ¢112.458 millones, unos ¢22.500 millones por año.

La presentación del proyecto de ley de dividendos y la oposición casi generalizada de las 14 entidades que tendrían que aportar, revive las intenciones del BNCR y el BCR por retomar la eliminación de las parafiscales y migrar a otro tipo de contribución.

Aunque el Gobierno no consultó con los jerarcas de los bancos la propuesta de ley antes de enviarla al Congreso, en reuniones posteriores tanto Bernardo Alfaro como Douglas Soto plantearon la posibilidad de convertir las transferencias fiscales en una inyección de recursos libre para Hacienda.

Impacto del dividendo

El pago de un dividendo adicional al Gobierno tendría diferentes impactos para los bancos públicos. En el caso del BNCR cada ¢1 adicional que deba trasladar a Hacienda implicará que se dejen de prestar ¢10.

“Para el período 2021-2024, dadas las utilidades proyectadas por el conglomerado Banco Nacional, se estima que la contribución adicional sería de ¢8.334 millones, lo que significará dejar de dar en crédito en el período 2022-2025, por la suma de ¢73.881 millones”, advirtió la entidad en su comunicado.

Esa contracción en el crédito se puede ilustrar con ejemplos: se dejarían de otorgar 15.000 préstamos a pymes o 2.500 financiamientos para vivienda.

Alfaro aseveró que según estimaciones del banco cada punto porcentual menos de aumento en el crédito genera 0,34 puntos porcentuales menos de crecimiento en el PIB, por lo que este dividendo provocaría un golpe a la reactivación económica en este momento.

En tanto, para el BCR la entrega de hasta el 30% de sus ganancias en 2020 hubiera representado unos ¢7.683 millones, monto que provocaría un deterioro en el patrimonio.

“Menores niveles de suficiencia patrimonial hoy obligan a cualquier entidad bancaria a ser menos agresivos con el crecimiento del crédito a todos sus clientes, que bajo las condiciones actuales sería un detractor para empujar la economía”, apuntó Soto.

El jerarca del Banco de Costa Rica recordó que el proyecto de ley exige que los aportes no se trasladen a los precios finales a los clientes, pero esta situación es poco posible desde el punto de vista financiero y comercial.

“La limitación de un capital y suficiencia patrimonial incierta obligaría a tener una participación de mercado menor ante la imposibilidad colocar créditos y con ello limitar las captaciones ya que no sería necesario fondear las nuevas colocaciones”, considera el gerente general.

Con estos argumentos los bancos del Estado de aferran a retomar la idea de suprimir las cargas parafiscales y reconvertirlas en otro mecanismo de transferencias libres que les impliquen menos rigidez sobre sus ganancias.

Manuel Avendaño Arce

Manuel Avendaño Arce

Manuel Avendaño es periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero.