Por: Manuel Avendaño A..   14 noviembre, 2018
08/05/2018. Plaza de la Democracia, San José. El expresidente Luis Guillermo Solís entrega la banda presidencial al nuevo mandatario, Carlos Alvarado Quesada. Fotografía: Mayela López.
08/05/2018. Plaza de la Democracia, San José. El expresidente Luis Guillermo Solís entrega la banda presidencial al nuevo mandatario, Carlos Alvarado Quesada. Fotografía: Mayela López.

Difícilmente el exmandatario Luis Guillermo Solís haya previsto que el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, el 12 de diciembre del 2014, jugaría cuatro años después en contra de su sucesor Carlos Alvarado, también del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Los mensajes del mandatario son claros: pide revisar la reforma a los procesos laborales porque existen inconformidades sobre la forma en que se han resuelto las solicitudes de ilegalidad de la huelga que sostienen los sindicatos en el país desde hace dos meses y contando.

La gota que derramó el vaso fue la declaración de legalidad de la huelga de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el pasado martes 6 de noviembre, cuando el Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José cambió el criterio de ilegalidad de ese movimiento por errores de precisión cometidos por el juez que resolvió el caso en primera instancia.

El Tribunal de Trabajo que recibió el caso de la huelga de Recope en segunda instancia, determinó que el suministro de combustibles no es un servicio esencial con base en un decreto emitido por Solís, en 2015, en el que se especificaba una lista de servicios de esta naturaleza en el país.

El decreto N°. 38767-MP-MTSS-MJP no incluyó el abastecimiento de combustibles dentro de la lista de servicios esenciales y por esa razón los tres jueces que conforman el tribunal decidieron que la huelga de Recope es legal.

Dardos motivados por la molestia

Alvarado no tardó en mostrar su molestia por la nueva resolución y disparó dardos contra la Reforma Procesal Laboral.

“A la luz de lo que ha sido esta huelga, la primera en la que se aplica el nuevo código procesal en materia laboral, yo sí creo que tiene que ser sujeto a revisión y análisis. No solo por la opinión de diputados, diputadas o del propio Presidente, sino por la opinión ciudadana”, aseguró el mandatario.

El gobernante planteó una ruta: “Muchas personas se cuestionan cómo se puede, no usar, sino abusar del derecho de huelga. Eso es parte de lo que tiene que ser discutido a la luz de nuestra propia Constitución y de una serie de garantías, a la luz de lo que la ciudadanía está reclamando”.

Las críticas de Alvarado contra la decisión del Tribunal de Trabajo de segunda instancia despertaron anticuerpos en la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) que consideró que la posición del mandatario atenta contra la independencia judicial.

La discusión se da en medio de un tenso fuego cruzado sobre las disposiciones de la reforma fiscal que tiene al Ejecutivo y el Legislativo en posiciones opuestas al Poder Judicial, sobre todo, en su capítulo de empleo público.

Por un lado, la Corte Suprema de Justicia se opone a medidas para recortar el gasto público en salarios porque considera que violentan su autonomía e funcionamiento, mientras que el Gobierno y los diputados buscan, a ultranza, los 38 votos que les permitirían aprobar el proyecto de ley en segundo debate y obviar la oposición del Poder Judicial.

El golpe del boomerang

El 12 de diciembre del 2014, Luis Guillermo Solís, primer presidente de la República electo bajo la bandera del PAC, decidió levantar el veto a la controvertida Reforma Procesal Laboral, para revivir una legislación que había sido frenada por Laura Chinchilla, el 9 de octubre del 2012.

La exmandataria decidió imponer el veto a la Reforma Procesal Laboral porque consideró que tenía artículos inconstitucionales que permitían la realización de huelgas en servicios esenciales como los que se brindan en hospitales, aeropuertos, transporte público, puertos y policía.

A criterio de Chinchilla, también existían prohibiciones tácitas para que el patrono contratar trabajadores externos que sustituyeran a los huelguistas.

En un acto discreto en el primer piso de Casa Presidencial, en Zapote, Luis Guillermo Solís firmó el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral.

“Hoy estamos dando un paso transcendental para nuestra legislación laboral, nuestros hijos nos lo agradecerán”, sentenció Solís en declaraciones a la prensa el 12 de diciembre del 2014.

Ese mismo día, un par de horas más tarde, los sindicatos -cercanos al gobierno de Solís- celebraron la decisión de Ejecutivo y aplaudieron que la Reforma Procesal Laboral siguiera su camino para convertirse en ley de la República.

Es difícil olvidar el episodio de compadrazgo que se suscitó antes de esa conferencia de prensa, cuando Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) olvidó que los micrófonos estaban abiertos y leyó a otros sindicalistas supuestos mensajes de texto de celebración que le envió Mariano Figueres, entonces director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

“Mariano Figueres manda a decir: ‘Ya, ¡salud!’”, comentó Vargas a sus acompañantes.

En la escena, Vargas también mencionó un mensaje de texto enviado por Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia de Solís, aunque esta comunicación nunca se confirmó.

La cercanía del gobierno de Solís con los sindicatos se reflejó en una reducción, sin precedentes, de la protesta social en el país durante su administración, así consta en los registros del Informe Estado de la Nación 2017.

La historia continúa el 7 de agosto del 2015, ese día la Sala Constitucional anuló el levantamiento del veto que había hecho Solís a la Reforma Procesal Laboral, y por eso, el proyecto regresó a la Asamblea Legislativa para que se le hicieran modificaciones que incluían la eliminación de artículos inconstitucionales por permitir la huelga en servicios básicos.

Los diputados aprobaron el proyecto de ley -con los nuevos cambios- el 9 de diciembre del 2015, pero la nube de críticas y dudas no se disipó.

En una suerte de profecía, los abogados laboralistas Paola Gutiérrez y Marco Durante alertaron, desde finales del 2015, que la nueva Reforma Procesal Laboral parecía pensada para facilitar que se dieran más movimientos de huelga en el país.

El 25 de enero del 2016, Luis Guillermo Solís firmó la Ley de Reforma Procesal Laboral (N°. 9343) y la calificó como un "gran acuerdo nacional" que modernizará el Código de Trabajo de 1943 y beneficiará los derechos de los trabajadores.

“Costa Rica tiene una potente historia de conquistas y acuerdos. La firma de la Reforma Procesal Laboral, que sellamos hoy como un gran acuerdo nacional, es la herencia que con responsabilidad proyectamos, para que las generaciones de hoy y de mañana, tengan mejor garantizados sus derechos laborales”, celebró Solís.

Casi dos años después de ese acto, Carlos Alvarado, quien fuera ministro de Trabajo de Solís, ahora investido como el segundo presidente de la República bajo la bandera del PAC, recibe el golpe directo de aquella decisión.

¿Ajustes a la Reforma Procesal Laboral?

La Ley 9343 entró en vigor en julio del 2018 y la huelga contra la reforma fiscal es el primer movimiento que se gesta desde entonces.

EF revisó en agosto pasado, los primeros resultados de la nueva legislación y el breve periodo analizado reveló a que la oralidad sí agilizó los juicios laborales, pero poco a poco fueron perdiendo celeridad.

Todavía es muy pronto para percibir resultados con la nueva ley en los procesos y juicios laborales, pero la primera huelga ya deja algunas enseñanzas.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley para facilitar la aplicación de castigos a quienes participen en huelgas ilegales y para aquellas personas que cometan abusos como bloqueos de calles o sabotaje de instalaciones públicas.

La diputada liberacionista, Yorleny León, también presentó una iniciativa de ley para definir cuáles son los servicios esenciales y así evitar en el futuro que los trabajadores de estas instituciones se vayan a huelga.

“Buscamos eliminar criterios subjetivos que puedan poner en duda la garantía de servicios públicos esenciales para los ciudadanos en periodos de huelga”, precisó León.

Mientras la Reforma Procesal Laboral es objeto de críticas y propuestas de ajustes, la huelga ,que suma más de dos meses, continúa y pone en una posición muy incómoda al Gobierno al cierre del año, justo cuando la incertidumbre acecha el final del curso lectivo y la obtención de recursos para el pago de aguinaldos a empleados públicos.