Por: Manuel Avendaño A..   28 mayo
Imágenes de archivo del muelle Gastón Kogan en Moín. Fotografía: Alonso Tenorio.
Imágenes de archivo del muelle Gastón Kogan en Moín. Fotografía: Alonso Tenorio.

La crisis financiera que tiene a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) al borde de la quiebra llevó al Gobierno a tomar medidas urgentes para tratar de salvar a esta institución que sufrió una caída del 79% en sus ingresos.

El arranque de las operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por la concesionaria holandesa APM Terminals, significó un fuerte golpe para las finanzas de la institución estatal que durante décadas manejó la carga y descarga de los contenedores que pasan por el Atlántico.

Japdeva, que acumula cuatro años seguidos de pérdidas, cerró el 2018 con un déficit de ¢3.416 millones. Además, el gasto en remuneraciones creció del 49% en 2015, al 70% en 2019.

El Ministerio de Hacienda prepara un proyecto de ley para pedirle a los diputados que aprueben un presupuesto extraordinario por ¢30.000 millones, destinados a tratar de salvar a Japdeva.

EF explica cómo pretenden invertir ese dinero.

¿Cómo se repartirán los ¢30.000 millones?

La institución necesita con urgencia una inyección inicial de liquidez por ¢6.000 millones, esa cifra se destinará al pago de salarios de los 1.186 trabajadores de la Junta de Administración Portuaria durante los próximos tres meses.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, explicó la noche de este martes en entrevista con EF, que el Ministerio de Hacienda debe definir si presentará un único proyecto de ley de presupuesto extraordinario por ¢30.000 millones, o si más bien, enviará dos textos, un por ¢6.000 millones y otro por ¢24.000 millones.

Los ¢6.000 millones son urgentes porque la institución no cuenta con los recursos para enfrentar el pago de planillas y obligaciones. Los ingresos mensuales rondan los ¢800 millones y los gastos alcanzan los ¢3.400 millones cada mes.

La única forma de llenar el hueco financiero durante los próximos tres meses en con una fuerte inyección de liquidez que solo se puede autorizar en el Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley.

Los ¢24.000 millones restantes se distribuirán en el pago de liquidaciones, vacaciones acumuladas, prejubilaciones y bonos para los empleados que se acojan a las diferentes modalidades que se habilitarán para salir de la entidad.

Este martes 28 de mayo, el Gobierno presentó el proyecto de ley “Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y protección de sus personas servidoras”.

Este texto busca agilizar y acelerar la liquidación del 80% de la planilla de Japdeva, es decir, la salida de unos 950 empleados.

¿Cuáles son las opciones para liquidar al personal?

El pasado viernes 24 de mayo el Gobierno logró un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) para crear un plan que permitiera liquidar en diferentes modalidades a los empleados de esta entidad.

La primera propuesta es el traslado horizontal voluntario mediante el cual los empleados que lo deseen podrán concursar por puestos en otras instituciones públicas o descentralizadas.

Para optar por este sistema no se les exigirá el requisito de dos años de servicios ininterrumpidos con el Estado. Los procedimientos que dispongan la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y la Autoridad Presupuestaria deberán ser expeditos para garantizar los traslados.

La segunda alternativa es la prejubilación que aplicará para quienes se acojan al finiquito de la relación laboral. Debe tener 55 años de edad o más, contar con un mínimo de 25 años de cuotas cotizadas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), recibir la liquidación con responsabilidad patronal y no reinsertase al mercado laboral.

La tercera opción es el pago de un bono o incentivo por transformación de Japdeva. Se otorgará a los empleados que decidan dedicarse a otras actividades fuera de sector público.

Se les reconocerán 12 años de cesantía y se les dará un bono adicional de ocho salarios mensuales promedio sobre los últimos seis meses laborados, a quienes tengan un sueldo bruto menor al millón de colones.

Mientras que para aquellos trabajadores que ganan más de ¢1 millón, el bono será de cuatro mensualidades promedio sobre los últimos seis meses trabajados.

¿Cuántos empleados se pueden acoger a cada modalidad?

De acuerdo con Centeno, dentro de la planilla de 1.186 empleados se identificaron 240 que tienen perfiles que les permitirían acogerse al traslado horizontal hacia otras instituciones públicas.

“Esperamos que con la eliminación de trabas y trámites, este sea el primer grupo de trabajadores que decidan salir de la institución”, agregó la Presidenta Ejecutiva.

En este grupo se encuentran secretarias, ingenieros, técnicos y abogados que podrían buscar plazas en propiedad o interinas en la administración pública.

Para optar por la prejubilación se registraron 276 personas que cumplen con los requisitos de edad y cantidad de cuotas cotizadas ante la CCSS.

Mientras que el pago del bono o incentivo se entregará por solicitud voluntaria de los trabajadores que quieran acogerse a este sistema para salir de la institución, por lo que no existen cifras definidas.

¿Qué pasará con Japdeva si no recibe ayuda financiera?

La jerarca espera que los diputados aprueben cuanto antes la inyección de recursos inicial por ¢6.000 millones para poder operar por unos tres meses más, mientras se da el aval para que se implemente el proyecto de liquidación de personal que permitiría darle equilibrio financiero a la institución.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva. Fotografía: Jorge Castillo.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva. Fotografía: Jorge Castillo.

Si el presupuesto extraordinario y el proyecto de ley de transformación de la entidad se atrasan por mucho tiempo en el Congreso, la institución podría caer en quiebra o cierre técnico por la delicada y crítica situación financiera que atraviesa.

¿Qué sucederá con los ¢2.650 millones que APM Terminals pagó a Japdeva?

El Gobierno creó la Mesa Caribe para discutir y agrupar una serie de ideas y proyectos de desarrollo que vienen de las comunidades, de Japdeva y de diferentes sectores de Limón, con el objetivo de construir un plan para invertir los recursos del canon de APM Terminals.

“La priorización de estos proyectos y las definiciones de cuáles serán los cubiertos por el canon, es un paso que debe tener lugar al contar con la entidad financiera respectiva. Precisamente en esto se trabaja aceleradamente”, señaló Centeno.

¿En qué se invertirán los ¢1.966 millones que el Gobierno girará a Japdeva?

Este dinero se repartirá en cuatro estudios de factibilidad para identificar nuevas oportunidades de negocio para Japdeva. De acuerdo con Centeno, estos proyectos continúan en marcha:

1- ¢1.023 millones para los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica del proyecto “Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar”.

2- ¢415,7 millones para los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica del proyecto “Construcción y equipamiento de la Zona de Transferencia Intermodal de Carga y de Actividades Logísticas en el Complejo Portuario de Moín”.

3- ¢403,6 millones en los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica del proyecto “Construcción de un Parque Industrial para el Caribe en Liverpool, Limón”.

4- ¢123,3 millones para los estudios de prefactibilidad del proyecto “Construcción del muelle de carga y descargas de productos hidrobiológicos de Japdeva, en la desembocadura del río Cieneguita”.