EscucharLos diputados aprobaron, este lunes, en primer debate el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial (22.607), el cual pretende fomentar el establecimiento de zonas francas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
El texto de ley otorga diversos incentivos y exoneraciones para las nuevas empresas que se instalen en la periferia, incluidos rebajos temporales en el pago de cargas sociales que se destinan al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El perdón de esas cargas será total durante los primeros cinco años y luego decaerá gradualmente, en los siguientes dos.
LEA MÁS: Producción se concentra en pocos cantones centrales: solo seis de ellos aportan la mitad
El proyecto enfrentó dificultades durante su trámite, ante dudas de legisladores como José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y la independiente Paola Vega.
Entre otros inconvenientes, los diputados temían el traslado de empresas ya existentes a regímenes especiales para evadir sus obligaciones. Sin embargo, una negación en días recientes generó una última enmienda al proyecto que satisfizo a los congresistas, los cuales habrían podido detener el trámite de la iniciativa a través de 127 mociones que habían presentado.
Una de las cargas sociales que dejarían de pagar las empresas es el 5% de los sueldos que pagan los patronos en Costa Rica para Fodesaf. Según la redacción final del proyecto, la exención sería total en los primeros cinco años, de 4 puntos porcentuales en los dos siguientes y de 3 puntos porcentuales (p.p.) en el octavo, hasta alcanzar un 5% regular.
Como parte de la negociación del proyecto se dejó por fuera a Fodesaf del control de la regla fiscal incluida en el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), tanto para su presupuestación como para su ejecución.
También se acordó añadir una salvaguarda para que la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) revise la implementación de la ley, de acuerdo con “sus funciones para promover la competencia y concurrencia”.
La iniciativa contó con el visto bueno de 44 congresistas, de 45 presentes, en primer debate. Solo votó en contra el frenteamplista Villalta. El segundo debate (y definitivo) se pactó para este mismo martes 26 de abril.
La iniciativa se presentó desde agosto de 2021, con la firma de 19 legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente Nueva República.
LEA MÁS: Empresas de Zona Franca enfrentarán una barrera para el teletrabajo después de la pandemia
Impuestos
Al tratarse de empresas en régimen de zona franca, estas también recibirían beneficios tributarios a partir de las inversiones nuevas que realicen. Estos beneficios estarán sujetos a niveles mínimos de empleo permanentes, como ocurre actualmente.
Las empresas que busquen operar fuera de la GAM en regímenes especiales podrían operar con una inversión nueva inicial de al menos $250.000 en activos fijos, capital humano o infraestructura pública. Esta es una cifra más baja que los $500.000 usuales.
Además, la reforma agrega categorías para la inclusión de empresas en campos como servicios de salud humana, proveedores de insumos para otras empresas de régimen especial y parques sostenibles de aventura.
A lo largo de su discusión legislativa, diversidad de congresistas propulsores del proyecto destacaron su potencial impacto en la generación de empleo en zonas estructuralmente estancadas como las provincias costeras. Además, indicaron que su redacción se basó en estudios de entidades como Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde) y de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
