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El acuerdo logrado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahora enfrenta su verdadera prueba de fuego: superar con éxito su paso por la Asamblea Legislativa.
El plenario, integrado por siete fuerzas políticas diferentes y un grupo de diez diputados independientes, tiene el reto de aprobar en cinco meses los seis proyectos de ley que permitirán aplicar las medidas de aumento de ingresos y recorte al gasto pactadas con el Fondo.
Adicionalmente, en marzo, ingresará a la corriente legislativa el contrato del préstamo de Servicio Ampliado por $1.750 millones a tres años. El paquete final será de siete proyectos de ley que deberán superar el tamiz del Congreso en medio de un año preelectoral y cuando los vientos del 1.° de mayo ya arrecian.
De entrada, las fracciones legislativas trabajan en el análisis del plan con el FMI y esperan reuniones con los interlocutores del Gobierno: los ministros Geannina Dinarte, de la Presidencia; Elian Villegas, de Hacienda; y Pilar Garrido, de Planificación.
Los congresistas afirman que luego de estos encuentros y del periodo de valoración de las medidas, tendrán más claros los siguientes pasos para saber dónde se pueden generar acuerdos, cuáles son puntos muertos sobre los que no van a ceder, y negociar modificaciones.
Mientras tanto, las calificadoras de riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings ven de reojo, y con mucho escepticismo, el futuro del acuerdo con el FMI en la Asamblea Legislativa, donde por diversos factores casi siempre los procesos concluyen con falta de capacidad para construir consensos.
Así lo indicaron los analistas de estas agencias en un artículo publicado por La Nación, este miércoles 27 de enero.
Rondas clave
El lunes 25 de enero el Gobierno inició una ronda de reuniones con las bancadas legislativas. El primer encuentro fue con los 17 congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), los voceros del Ejecutivo fueron los ministros de la Presidencia y de Hacienda.
En la reunión explicaron a los diputados los puntos y rendimientos que se negociaron con la misión del Fondo, también respondieron preguntas y aclararon dudas.
Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción liberacionista, aseguró que el encuentro permitió conocer más detalles de las medidas que se pactaron con el Fondo y a partir de ahora inicia un proceso de análisis y revisión detallado.
La valoración general que hacen en las tiendas verdiblancas es que algunos textos que entraron al Congreso todavía están “muy crudos” y requieren trabajo para ser afinados, como, por ejemplo, el impuesto a las casas de lujo que toma como base el precio del terreno y de la vivienda para aplicar el gravamen.
Chacón también espera que haya una comunicación más constante con los interlocutores del Ejecutivo y un mayor involucramiento del presidente de la República, Carlos Alvarado, quien, considera, ha estado ausente.
El ministro de Hacienda detalló que prevén reunirse con todas las fracciones legislativas. Además, la titular de la Presidencia mantiene comunicación cercana con los jefes de las bancadas y los diputados.
Sin embargo, el caso positivo por COVID-19 del legislador liberacionista, Gustavo Viales, obligó a suspender el trabajo en el Congreso por varios días y envió a aislamiento preventivo a los ministros Geannina Dinarte y Elian Villegas.
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En las filas del Partido Restauración Nacional (PRN) exigen de entrada más propuestas para reactivar la economía y generar empleo.
Xiomara Rodríguez, líder de esta agrupación, señaló que revisarán la “letra menuda” del acuerdo con el FMI, pero mantienen la idea de que las acciones fueron propuestas por el Gobierno y no exigidas por el organismo internacional.
Rodolfo Peña, jefe de la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), advierte que es difícil apoyar una propuesta que carece de mayores esfuerzos en aplicar recortes permanentes al gasto público o de acciones para hacer ajustes estructurales.
Para Enrique Sánchez, jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), el siguiente paso recae en los diferentes actores políticos y sociales para que puedan proponer y aportar a la discusión que se desarrollará en el Congreso.
Siguientes pasos
La ministra Garrido recordó que es fundamental que los seis proyectos de ley −que permitirán poner en marcha el programa de ajuste fiscal con el FMI− superen su paso por la Asamblea Legislativa antes del primer examen de revisión que aplicará esta entidad multilateral entre mayo y junio.
En caso de que el Congreso no avale algunos proyectos de ley o aplique modificaciones que drenen los rendimientos esperados, el Ejecutivo tendrá que buscar y proponer otras medidas; de lo contrario se expone a que el Fondo no desembolse el dinero en los plazos negociados. Situación que enviaría una muy mala señal a los mercados y calificadoras.
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El Gobierno pretende implementar un plan de ajuste fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), para revertir el déficit primario y convertirlo en un superávit del 1% del la producción nacional en el 2023 y bajar la deuda pública al 50% en el 2035.
