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Los diputados de la Asamblea Legislativa postergaron la aprobación definitiva del convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para una facilidad de servicio ampliado por $1.778 millones, hasta el próximo 12 julio, después de su receso de medio año.
El ‘ok’ definitivo para el acuerdo llegará hasta ese entonces, a pesar de que el contrato se presentó desde marzo pasado al Congreso, y se dictaminó a finales de abril.
La aprobación permitiría a Costa Rica acceder a un primer desembolso de los seis desembolsos, por poco menos de $300 millones, que incluye la operación financiera. Este primer tracto únicamente requiere la luz verde del legislativo y los siguiente cinco dependerían de evaluaciones que haga el organismo internacional sobre el avance que tenga el país en su ruta propuesta para enderezar sus finanzas públicas convenida entra ambas partes.
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El Congreso inició el conocimiento del convenio general este 29 de junio; sin embargo, no fue posible llegar a una votación definitiva. Este permiso únicamente otorga el acceso al financiamiento, no representa una aprobación de la agenda de proyectos adicionales de la agenda para sanear las finanzas públicas, que deberá tramitarse por aparte.
Que el proyecto no se haya podido votar antes del receso legislativo de entre este 2 y y este 11 de julio responde a varias razones. En los últimos días se presentaron mociones en comisión y en Plenario que pausaron su trámite; y luego, el lunes 28 de junio, los legisladores priorizaron la aprobación del proyecto para atraer “nómadas digitales”, a pesar de que en reunión de jefaturas de fracción se había convenido arrancar con el contrato de préstamo con el Fondo esa semana.
Si el acuerdo con el Fondo se hubiese podido discutir y votar en primer debate los días 28 o 29, habría podido recibir su visto bueno definitivo antes, pues solo se requiere un espacio de dos días entre una y otra votación.
La aprobación del acuerdo es considerada como una urgencia por parte del Gobierno y del Banco Central (BCCR), que ven en este movimiento un paso fundamental para brindar seguridad a los mercados nacionales e internacionales sobre el compromiso del país de sanear sus finanzas públicas, más allá de un medio de financiamiento para reemplazar deuda cara.
Poca anuencia
Los diputados de las distintas fracciones han manifestado su visto positivo para avanzar con el acuerdo de financiamiento y aprobarlo; sin embargo, no han apurado el paso del texto para su conocimiento en el Congreso.
La presidenta legislativa, Silvia Hernández, aseguró a EF que para discutir el proyecto se hicieron esfuerzos como retirar muchas mociones del proyecto de “nómadas digitales”; sin embargo, eso no fue suficiente para alcanzar los plazos que habrían permitido tener una votación definitiva antes del receso de medio año del Congreso.
Durante la reunión de jefaturas de fracción del 24 de junio los diputados habían acordado dar prioridad al convenio con el Fondo durante la sesión del lunes; sin embargo, finalmente colocaron el acuerdo de financiamiento por detrás del proyecto sobre “nómadas digitales”, que todavía debía tramitar varias decenas de mociones de reiteración en el Plenario.
El cambio en el orden de los proyectos incluso provocó que la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, no firmara la moción de orden que se presentó para conocer los proyectos, confirmó la legisladora a EF.
La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, aseguró que desde su punto de vista no había que seguir un orden específico con los proyectos consensuados. También rechazó que la decisión de variar la numeración de los proyectos acordados se hubiera tomado para beneficiar la tramitación de la iniciativa que impulsaba su bancada (”nómadas digitales”).
Según dijo la legisladora, la redacción de estas mociones de orden siempre ha sido realizadas por la Presidencia y los asesores de todas las fracciones, a partir de lo que se discute entre jefes y subjefes de fracción.
Primer desembolso
La aprobación por parte del Congreso es importante porque no solo abriría formalmente el acuerdo con el Fondo Monetario, sino además porque permitiría que esta entidad entregue el primer desembolso de $296 millones de los seis que componen la facilidad de servicio ampliado convenida con el organismo.
Este es el único desembolso que depositaría el Fondo al Estado sin que medien condiciones ni evaluaciones técnicas sobre la evolución fiscal del país, así como de las medidas que propuso el Gobierno para revertir la brecha entre ingresos y gastos estatales a partir de 2023.
El acuerdo con el FMI incluye el financiamiento en condiciones blandas para Costa Rica, a 10 años plazo, por $1.778 millones; pero además implica un compromiso de sostenibilidad financiera por parte del país con la entidad prestamista.
Costa Rica deberá cumplir metas cuantitativas y cualitativas para mejorar el perfil de sus finanzas públicas, incluidas la aprobación de algunas reformas legales y la aplicación de medidas administrativas que permitan reducir el actual déficit financiero que presiona la deuda pública y empuja al alza el gasto en pago de intereses.
Las autoridades de Gobierno y el Banco Central (BCCR) aseguran que este compromiso con el Fondo es crucial para estabilizar financieramente al Estado, al tiempo que se obtiene confianza de los mercados para reducir las presiones que actualmente existen –y que podrían ser mayores si no se toman medidas– sobre indicadores como las tasas de interés y el tipo de cambio.
Según indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en entrevista con EF, cumplir al Fondo será el siguiente gran reto. Fallar a la entidad podría representar un impacto negativo en esas áreas y en materia de inflación, por efectos derivados de las mismas.
