El convenio de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) recibió su aprobación en primer debate, este 29 de junio, y quedará en firme el próximo 12 de julio cuando el Congreso –de mantenerse el respaldo acumulado hasta el momento– lo ratifique en una segunda oportunidad.
Más allá de la posibilidad de acceder a financiamiento en condiciones blandas, el país asume con esta aprobación el reto de sanear sus finanzas públicas, como se comprometió con el Fondo, a partir de 2023. Fallarle al organismo internacional sería un escenario delicado para la economía costarricense, que requiere confianza de los mercados internacionales, según indicaron a EF las principales autoridades financieras del Estado.
La aprobación en el Congreso fue sencilla. A favor votaron 38 diputados y en contra seis (el frenteamplista José María Villalta, las socialcristianas Shirley Díaz y Aracelly Salas, los integracionistas Walter Muñoz y Patricia Villegas, y el independiente Dragos Dolanescu).
Para cumplir con el Fondo, el país debe reducir el déficit financiero primario (la relación negativa entre ingresos y gastos sin contar intereses) para el año 2023. Esa es la meta que se impuso el país en su acuerdo con el organismo. Para alcanzarlo, el Gobierno impulsa medidas administrativas y seis proyectos legislativos que serían esenciales.
El panorama para el paquete de leyes que impulsa el Gobierno para alcanzar las metas financieras es complicado. Algunos partidos políticos ya reniegan de modificar cuestiones relacionadas con impuestos; y un tercio del ajuste propuesto por el Ejecutivo al FMI tiene que ver con la generación de nuevos ingresos a través de modificaciones tributarias.
El ajuste también incluye reformas en cuestión de contención de gasto, como la ya aprobada en primer debate reforma al empleo público (actualmente en consulta de constitucionalidad).
Los $1.778 millones convenidos con el Fondo se entregarían a través de seis desembolsos casi idénticos, en un período de tres años. El primero llegaría con la aprobación legislativa del convenio y los otros cinco si el país “aprueba” revisiones semestrales de la entidad multilateral.
En medio de ese panorama, Costa Rica intentará evitar un incumplimiento y una suspensión del programa por parte del Fondo. Esto ya ocurrió con acuerdos pasados; sin embargo, ahora las autoridades de Gobierno aseguran que un fallo de este tipo tendría implicaciones más fuertes por la flaca estabilidad del país.
Una reciente investigación hecha por EF determinó que Costa Rica pidió apoyo financiero del FMI en diez ocasiones, desde 1980. Sin embargo, no se recibieron recursos en seis casos y solo se concretaron los acuerdos de manera parcial o total en cuatro de ellos (tres parcialmente). Algunas veces finalmente no se necesitaron los recursos convenidos y en otras, como en los años 90, el país no pudo cumplir las metas pactadas.
Un panorama complejo
El acuerdo con el Fondo incluye seis proyectos de ley cruciales para modificar el balance financiero del Estado, aparte del propio empréstito con el organismo. Uno de los proyectos fue la reforma al empleo público, para contener el gasto, y los otros cinco se tratan de iniciativas que buscan aumentar los ingresos:
- Un plan de renta global dual, que elevaría la cantidad de contribuyentes de ese gravamen
- Un proyecto plantea un impuesto a los premios de lotería que superen medio salario base (¢231.100)
- Una reforma al popularmente conocido “impuesto a las casas de lujo” que impondría una tasa general de 0,5% sobre aquellas viviendas con un costo de construcción y terreno superior a ¢150 millones
- Una iniciativa que eliminaría algunas exoneraciones (incluida la del salario escolar), estandarizaría en un 15% el cobro a las rentas de capital (y aumentaría su tasa en 1,5 puntos por dos años) y adicionaría 5 puntos porcentuales a las tasas sobre las remesas
- Un proyecto que obligaría a las empresas públicas del Estado a aportar hasta un 0,2% del PIB de sus utilidades por cuatro años
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Todos estos proyectos enfrentan un panorama más complejo, pues no existen acuerdos en firme para su aprobación por el momento.
Con excepción del proyecto de renta global, el Gobierno estima que la mayoría son iniciativas de trámite sencillo y espera una pronta aprobación de las mismas.
No obstante, diputados del Partido Restauración Nacional (PRN), del bloque independiente Nueva República y del Partido Integración Nacional (PIN) ya avisaron de que no apoyarán iniciativas referentes a nuevas cargas tributarias; mientras que el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, agregó que en su bancada hay una corriente mayoritaria que sigue una línea similar.
Este panorama dificulta las aspiraciones del Gobierno en favor de alcanzar las metas establecidas en el convenio con el FMI; sin embargo, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, asegura que se trabajará para alcanzar aunque sea las mayorías mínimas necesarias en favor de la agenda.
“Falta camino por andar y creo que sí podemos trabajar por viabilizar los proyectos”, dijo en una entrevista con EF de mayo pasado.
La primera revisión del FMI, de la que dependería el segundo desembolso de recursos, ocurriría a mediados del segundo semestre de este 2021. Las metas cuantitativas que deberá cumplir el Estado es no superar un déficit primario de ¢390.000 millones hasta julio (poco más de un 1% del PIB) y evitar que su deuda pública supere los ¢26,6 billones. Ambas condiciones avanzan correctamente, según dijo a EF el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Eventuales repercusiones
Al tratarse de un convenio aparejado con una serie de medidas para reducir el déficit fiscal del país y sanear así las finanzas públicas del Estado, la operación con el FMI implica un compromiso por parte de este para apuntalar esa ruta.
No cumplir con ese compromiso, dijo el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el Fondo, Rodrigo Cubero, implicaría un “shock negativo” para la economía costarricense, en una audiencia legislativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el 27 de abril.
Algo similar advirtió el ministro Villegas en entrevista con EF. Aseguró que en caso de incumplimiento con el Fondo “probablemente tendríamos como consecuencia aumento de tipo de cambio, de tasas de interés y un encarecimiento de precios. Son situaciones desagradables para la economía y una afectación en la calidad de vida de la gente a partir de ellas”.
La aprobación en primer debate trae consigo el primer desembolso por $296 millones. Este monto entra dentro de las proyecciones de colocación de empréstitos externos de este 2021.
El Gobierno también espera acceder a otros $296 millones del Fondo este año, los cuales corresponderían a un eventual segundo desembolso.
En total, Hacienda aspira a concretar la aprobación de $1.500 millones en empréstitos internacionales durante lo que resta de 2021.
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La facilidad crediticia con el Fondo se pactó en condiciones blandas para el Estado.
El BCCR estimó que el Estado podría ahorrarse unos $39 millones anuales durante los primeros cuatro años de gracia, al reemplazar deuda cara con los recursos adquiridos a través del Fondo. Luego los ahorros persistirían, pero serían menores.
