Por: Josué Alfaro, Francisco Ruiz León.   2 mayo
El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, juramentó al nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, nombrado durante la primera sesión del nuevo Congreso (Fotografía: AFP).
El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, juramentó al nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, nombrado durante la primera sesión del nuevo Congreso (Fotografía: AFP).

La llegada de una nueva mayoría al Congreso de El Salvador –elegida hace apenas dos meses–, controlada por el presidente de ese país, Nayib Bukele, encendió las alarmas en la región este 1.° de mayo.

Alineada al mandatario, una mayoría de legisladores en el Congreso realizó una destitución exprés de sus contrapartes en el Poder Judicial y del fiscal general, a lo que organismos internacionales de derechos humanos respondieron con advertencias de una ruptura en el orden constitucional. Bukele, por su parte, retó a la comunidad internacional. “No es de su incumbencia”, espetó en Twitter.

EF analizó el escenario salvadoreño, la mirada internacional sobre el tema y qué podemos esperar en Costa Rica.

Los hechos

Este sábado 1.° de mayo asumió la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador para el periodo 2021-2024, tras las elecciones de medio periodo del 28 de febrero en las que se renovaron los 84 asientos del cuerpo legislativo.

La elección terminó con un resultado a favor del presidente salvadoreño Nayib Bukele: 56 diputados electos de su formación Nuevas Ideas, más otros ocho legisladores de partidos aliados, para una mayoría de 64 asientos.

En su primera sesión conjunta, que se extendió hasta la medianoche, la Asamblea Legislativa destituyó a los cinco magistrados de la Sala Constitucional. También quitó del camino al fiscal general, Raúl Melara. A todos los reemplazó por afines.

Para ello, la mayoría de 64 aprobó seguir un proceso expedito con dispensa de trámite. El acto ocurrió sin el proceso ordinario constitucional, ni la defensa de los despedidos. Además, los propios diputados fueron quienes recomendaron a los remplazantes.

La nueva Asamblea consideró que los magistrados actuaron en contra de la Constitución en varias resoluciones –especialmente aquellas en las que detuvieron o revirtieron decisiones del Ejecutivo en torno a la atención de la pandemia–, por lo que se les acusó de haberse convertido en un “súper poder”.

En el caso de Melara, quien maneja investigaciones contra el Gobierno de Bukele por el manejo de fondos relacionados con la pandemia y las negociaciones secretas que sostuvo el presidente con la Mara Salvatrucha, su destitución se dio bajo argumentos de tener una supuesta vinculación partidaria con el ahora partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena), una de las dos formaciones tradicionales en El Salvador.

Inmediatamente después de las destituciones, los nuevos cinco magistrados y un nuevo fiscal general se dirigieron a las instalaciones de cada institución para tomar sus nuevos lugares, a pesar de que los magistrados destituidos declararon la inconstitucionalidad de las acciones para sacarlos de sus puestos.

¿Qué ha dicho el presidente Bukele?

El presidente salvadoreño, que ha logrado obtener la mayoría del apoyo popular, se mantuvo activo en Twitter durante toda la noche, como es su costumbre.

Bukele dijo sentirse satisfecho con la primera plenaria del nuevo Congreso, aduciendo que estaban “construyendo una nueva historia”, y lanzó ataques a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la cual se pronunció en contra de las decisiones de la Asamblea argumentando que era un “ataque a la democracia”.

Además, ante las reacciones de entes internacionales que a esa hora de la noche ya se hacían sentir en Twitter, el presidente aseguró que estaban “limpiando la casa” y que el proceso interno no era de la incumbencia de la comunidad internacional.

¿Qué han dicho organismos internacionales?

Una de las reacciones más fuertes en contra de las acciones del parlamento aliado a Bukele la realizó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, quien advirtió a Bukele de que la organización buscará por todos los medios que “su asalto a la democracia” afecte la relación con aliados clave como Estados Unidos y entidades financieras multilaterales, cuyo financiamiento es esencial para El Salvador.

La deuda pública salvadoreña supera el 95% de su producción y el país es altamente dependiente del sector externo. De hecho, El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un financiamiento –similar al que accedió Costa Rica– por $1.300 millones en tres años.

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que rechazó las destituciones hechas por el Congreso, así como “las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron esas decisiones”. “Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contra pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, se lee en el texto.

El pronunciamiento de la OEA es el más fuerte que se emite contra actuaciones de Bukele, quien también irrumpió en el Congreso en conjunto con militares meses atrás.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también “condenó” la destitución “sin legítima causa” de los magistrados constitucionales y abogó por “la pronta restitución del orden constitucional y el respeto a la independencia de poderes” en el país centroamericano.

La reacción estadounidense

Pese a que El Salvador es un país clave para Estados Unidos por cuestiones migratorias, distintas figuras –dentro y fuera del gobierno demócrata– se manifestaron en contra de las acciones de Bukele. El asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, se limitó a escribir en Twitter una sola frase: “Así no se hace”, haciendo referencia directa a un video de los asambleístas salvadoreños.

Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado, lanzó una advertencia al decir que “una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador respalde la separación de poderes y las normas democráticas”.

El secretario de Estado, Antony Blinken, publicó en Twitter que se comunicó con Nayib Bukele este 2 de mayo. Según dijo, le expresó sus “serias preocupaciones” sobre las actuaciones de las últimas horas. “La democracia requiere respeto a la separación de poderes”, escribió.

¿Qué ha dicho Costa Rica sobre el tema?

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) únicamente publicó una escueta reacción de tres párrafos, “ante consultas de la prensa”. Dijo que el país sigue con atención los acontecimientos en El Salvador, y exhortó a El Salvador a garantizar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

EF intentó contactar al canciller Rodolfo Solano; sin embargo, no contestó las llamadas que se le hicieron hasta el cierre de esta nota.

Presidencia también contestó a este medio que el presidente Alvarado ya no participará en un foro organizado por el Interamerican Institute for Democracy, que estaba pactado para este miércoles 5 de mayo, sobre la “Defensa de la Democracia en las Américas”. En él iba a participar junto con varios presidentes de la región, incluido el salvadoreño Bukele.

¿En qué posición queda Costa Rica?

Carlos Murillo, especialista en gobierno, políticas públicas y en relaciones internacionales, aseguró a EF que las acciones de Bukele son una muestra de “autoritarismo electoral”; es decir, la consecución del máximo poder a través de vías democráticas.

El fenómeno, afirmó Murillo, se ha presentado en la mayor parte de Centroamérica con excepción de Costa Rica, lo cual permite que Costa Rica se distinga de una región que se muestra desarticulada.

Según el analista, Costa Rica tiene ahora la oportunidad de manifestarse en favor de la democracia, aunque hasta el momento no ha logrado posicionarse como un aliado en la gestión diplomática con Washington. También deberá decidir cómo actúa en un puesto clave, como coordinador centroamericano, en donde ocupa la presidencia pro-témpore del SICA (Sistema de Integración Centroamericana), subrayó.