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Crisis es una palabra que desde hace varios años acecha a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). El fantasma reapareció de nuevo.
La entidad traviesa momentos extremos desde hace poco más de un año, pasó de una condición de iliquidez para pagar sus obligaciones a un millonario rescate financiero y legal que incluso contribuyó a inflar el déficit fiscal del Gobierno al cierre del 2020.
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Cuando parecía que todo marchaba bien con la puesta en marcha del plan de transformación, que incluye una cuantiosa reducción de la planilla —con su correspondiente recorte en salarios—, tercerización de servicios portuarios e inversión en proyectos de desarrollo para Limón; un embargo llegó para cambiarlo todo.
EF explica, paso a paso, qué sucedió con las cuentas bancarias y el impacto que estas medidas pueden tener sobre el futuro cercano.
¿Cuáles cuentas bancarias le embargaron?
El pasado 10 de mayo, el Juzgado de Trabajo de Limón emitió una resolución en la que ordenó embargar las cuentas bancarias (corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial) que Japdeva tuviera en el Sistema Bancario Nacional.
La primera retención se aplicó sobre las cuentas en el Banco de Costa Rica (BCR) por un monto de ¢5.283 millones −aunque el saldo total en la cuenta es de ¢5.400 millones−, dinero que estaba disponible para pagar planillas y gastos operativos.
También está incluido en esa cuenta parte del superávit que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) le prestó hace unos meses a la junta y los fondos asignados por la Ley de Modernización de Japdeva (9.764).
La segunda orden se emitió el 27 de mayo contra las cuentas en el Banco Nacional (BN) y el Banco Popular (BP), esta última corresponde al Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores, además de los aportes para pago de préstamos a empleados y exfuncionarios.
¿Por qué congelaron las cuentas?
Los embargos fueron solicitados por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) como una medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo de Limón, por un proceso judicial que inició en 2013.
El sindicato reclama que en el 2002 se negoció −por medio de convención colectiva− un aumento del 3% en el aporte patronal al Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores.
El objetivo de ese ajuste era pasar la contribución del patrono del 5% al 8% cada mes. Así lo explicó Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, en declaraciones a este medio.
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El ajuste debía cargarse a las tarifas portuarias que pagan los exportadores e importadores, pero la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no aprobó la inclusión de este rubro en los precios de la junta.
En el 2006 el aporte al fondo se redujo del 8% al 6%. Sintrajap presentó la denuncia contra la empresa estatal para reclamar ¢5.283 millones correspondientes a todos los años en los que, según ellos, no se transfirió el porcentaje del aumento al fondo.
¿Qué pasará ahora?
El Juzgado de Trabajo de Limón resolvió el caso, en primera instancia, en contra de la empresa pública. La entidad presentó una apelación y lo elevó como casación a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia donde todavía no se emite una sentencia.
El 18 de mayo, el juez del Primer Circuito Judicial de Limón rechazó de plano conocer el recurso de apelación planteado por la junta.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, aseguró en entrevista con EF, que presentaron tres nuevas medidas ante el juzgado y preparan acciones adicionales.
El futuro de esta disputa legal será resuelto en las diferentes instancias judiciales donde se presentaron apelaciones.
¿Cómo están las finanzas de Japdeva?
La situación financiera es enclenque. La institución pasó de generar ¢3.500 millones mensuales en sus últimas épocas “estables” (a finales del 2018 e inicios del 2019) a percibir una caída en sus ingresos que llegaron a ¢795 millones para junio del 2019.
Una crítica combinación de factores llevaron a la junta a una crisis y a las puertas de la quiebra en 2019. La aletargada institución resintió el embate financiero que provocó la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se tradujo en una caída del 60% de sus ingresos corrientes entre 2018 y 2019.
Hay que aclarar que los cálculos internos de ese momento fueron muy optimistas o se efectuaron mal.
La condición adversa fue tan grave que la Asamblea Legislativa aprobó en julio del 2019 una transferencia, vía presupuesto extraordinario, por ¢5.753 millones para que cubriera los salarios de tres meses.
Tras una convulsa discusión legislativa, el 14 de octubre del 2019, los diputados avalaron la Ley de Modernización de Japdeva y Protección de sus Personas Trabajadoras que le permitió recibir otra partida de ¢16.237 millones para cuatro objetivos: estabilizar la situación financiera, proteger a los empleados en el proceso de recortes, darle sostenibilidad al servicio y abrir nuevos negocios.
El plan permitió reducir la planilla de 1.157 trabajadores en octubre del 2019 a 565 a mayo del 2020, aunque; según un estudio aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en noviembre del 2019; la institución puede recortar su fuerza de trabajo hasta llegar a los 305 funcionarios para alcanzar un punto de equilibrio.
¿Y si no se levanta la medida?
La respuesta es un poco incierta. De acuerdo con Andrea Centeno los primeros impactos negativos se traducen en el freno al proceso de modernización (aprobada por ley) y en la posibilidad de entrar en parálisis por falta de recursos.
El embargo a las cuentas del BCR impide que la junta pueda disponer de ¢4.740 millones para pagar prestaciones a los trabajadores que decidieron salir por una de las tres vías que se habilitaron: la prejubilación o un bono por renunciar, la tercera opción es el traslado a otra institución pública.
Un grupo de 37 exempleados está a la espera del pago del dinero que les corresponde por dejar la empresa, pero el congelamiento de cuentas no permite que se puedan sacar los ¢650 millones para liquidar estas obligaciones.
Centeno es enfática en que el proceso de transformación se “ve paralizado en el corto plazo”.
Las dudas también van en otras direcciones. Si la institución no accede a sus cuentas bancarias tampoco podrá contratar los servicios tercerizados para darle continuidad a las operaciones de los muelles Gastón Kogan, en Moín; Hernán Garrón, en Limón y el puerto Alemán.
La empresa estatal apenas logró reunir dinero para cubrir su gasto corriente y la planilla en las últimas dos quincenas. Si el embargo se prolonga, la junta podría caer en una situación de iliquidez e incapacidad de pago muy pronto y, quizás a mediano plazo, en una quiebra o cierre técnico.
Todo esto se suma a que el apagón económico y las restricciones al tránsito de mercancías por el coronavirus, provocaron una disminución en los ingresos de la entidad en los últimos meses.
Para pagar los salarios de los trabajadores al cierre de mayo, Japdeva necesita ¢696 millones, aunque el saldo en las cuentas bancarias habilitadas es mucho menor.
¿El dinero del canon de APM Terminals?
La entidad reportaba cerca de ¢8.000 millones en total en sus cuentas bancarias a marzo del 2020, una buena parte de ese dinero corresponde a la transferencia del canon que APM Terminals cancela por la operación de la TCM. El rubro corresponde al 7,5% de los ingresos brutos que genera el megapuerto.
Ese dinero únicamente se puede invertir en proyectos de infraestructura, mejora de servicios públicos, obras comunitarias y capacitación que beneficie a los habitantes de la provincia, así lo resguarda lo ley.
Los recursos del canon estaban depositados en las cuentas de Japdeva mientras se concluía el proceso de apertura del fideicomiso de administración. Si no se presentaban contratiempos, este mes se concluiría el acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para enviarlo a refrendo ante la Contraloría General de la República (CGR).
