EscucharEl plan de gobierno de la candidata oficialista, Laura Fernández, recicla al menos ocho de las principales promesas y planteamientos que hizo el presidente Rodrigo Chaves durante la campaña electoral o a lo largo de su mandato.
Cuestiones como reestructurar el Estado, bajar el precio de los medicamentos, eliminar las tarifas mínimas de los colegios profesionales o vender al Banco de Costa Rica (BCR), entre otras, fueron parte del discurso de Fernández el 2 de noviembre pasado, día en que presentó su llamado Plan de la Continuidad.
El Financiero contrastó el programa de gobierno de Fernández con las principales promesas de Chaves, y determinó coincidencias en varios objetivos que el presidente había trazado como prioridades de su gestión, pero que finalmente no pudo concretar y ahora son retomados por la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Fernández lleva una clara ventaja en la carrera por la Presidencia, a dos meses de las elecciones nacionales. Según las últimas encuestas del CIEP-UCR y del Idespo-UNA, aventaja por un amplio margen al resto de los 19 candidatos opositores e incluso los supera en su conjunto —aunque también persiste una gran cantidad de electores indecisos.
Los temas
El Financiero determinó ocho grandes promesas u objetivos que el presidente Rodrigo Chaves se planteó como prioridades en la campaña electoral o en los primeros días de su gestión, y que ahora vuelven de la mano de Laura Fernández.
Este es el recuento completo:
Reestructuración estatal
En la presentación de su plan de gobierno, Fernández dijo que una de sus principales líneas de trabajo será “la modernización del Estado”.
“Avanzaremos de manera decidida en una reforma administrativa del Estado. Ustedes ya conocen a las 335 instituciones públicas del país y la necesidad de su revisión, de eliminar duplicidades”, dijo.
Ese planteamiento es casi exactamente el mismo que ya había hecho el presidente Chaves a inicios de su mandato, cuando había asegurado que el Ministerio de Planificación —entonces liderado por la propia Fernández— se encargaría de poner en marcha una modernización del aparato estatal. Así lo había mencionado, específicamente, durante el discurso posterior a los primeros 100 días de su administración.
Entre otras propuestas, Chaves había hablado sobre reorganizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y las instituciones del sector vivienda, y su gobierno incluso envió algunos proyectos a la Asamblea Legislativa en ese sentido. No obstante, ninguna reforma ha avanzado lo suficiente para implementarse.
En días recientes, apenas se dictaminó positivamente un proyecto de ley en la Asamblea para cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía y redistribuir sus competencias hacia otras instituciones del Estado; aunque todavía tiene que pasar a su discusión en el Plenario legislativo.
Chaves ha mantenido una relación tensa con la Asamblea Legislativa. Incluso se negó a nombrar un ministro de la Presidencia debido a que Rodrigo Arias fue electo presidente del Congreso. Los choques continuos de Chaves afectan los trámites legislativos.
Precios de los medicamentos y tarifas de colegios profesionales
En materia de precios, Fernández también apuntó en dos direcciones que el presidente Chaves había mencionado como objetivos de su gobierno: bajar los precios de los medicamentos y eliminar las tarifas mínimas de los colegios profesionales.
Fernández dijo que seguirá “dando la lucha” en ambos campos, en los que el gobierno del presidente Chaves intentó intervenir vía decretos, pero no logró los efectos deseados.
En materia de medicamentos, el gobierno gestionó decretos que no fueron eficaces, según los indicadores de precios oficiales.
En tanto, en materia de tarifas mínimas de colegios profesionales, el Ejecutivo planteó otros decretos que fueron en su mayoría invalidados por los tribunales, pues se determinó que iban en contra de otras leyes superiores que no fueron modificadas previamente. El Ejecutivo también presentó algunas propuestas de enmiendas legales en ese sentido, pero fueron rechazadas en el Congreso sin mayor negociación o discusión previas.
Ciudad Gobierno
La candidata oficialista también prometió que esta vez sí se concretará el proyecto de Ciudad Gobierno, que busca reubicar a varias instituciones del Poder Ejecutivo en un solo complejo y reducir el pago de alquileres a privados.
“Como que me llamo Laura, vamos a echar a andar el proyecto de Ciudad Gobierno”, afirmó la candidata, quien también aseguró que un eventual gobierno suyo “aprovechará los al menos $23 millones” que se estiman en ahorros para llevar adelante otros proyectos.
La construcción de Ciudad Gobierno también había sido una de las principales promesas de Chaves al inicio de su mandato e incluso había dicho en su discurso de los primeros 100 días de gestión que el proyecto “ya estaba en marcha”. No obstante, la iniciativa finalmente no avanzó porque el Gobierno pretendía utilizar un modelo de contratación alternativo que fue cuestionado por la Contraloría General de la República.
Específicamente, la CGR le explicó al gobierno que no era viable construir el proyecto de $450 millones bajo la figura especial de “arrendamiento de inmuebles por construir”, al tratarse de una construcción en un terreno del propio Estado. Además, la entidad señaló que esa figura contractual le habría permitido al Ejecutivo realizar el trámite sin concurso público, sin garantizar los niveles mínimos de transparencia.
Trenes eléctricos en la GAM y la Zona Huetar
Laura Fernández también vuelve a plantear los proyectos de tren eléctrico para la región Huetar Norte y Caribe, y para la Gran Área Metropolitana (GAM). Según dijo durante la presentación de su plan de gobierno, una eventual administración suya continuaría con esos dos proyectos, que han pasado los últimos cuatro años lejos de convertirse en una realidad.
En cuanto al Tren Eléctrico de Pasajeros para la GAM, el gobierno de Rodrigo Chaves descartó el proyecto que le había heredado la administración Alvarado Quesada. Sin embargo, en septiembre pasado, se anunció el plan para empezar la construcción de un proyecto similar, pero recortado, el cual solo incluye dos líneas férreas (San José-Alajuela y San José-Paraíso) en lugar de las cinco originales (que también contemplaba las rutas Belén-Ciruelas, Pavas-Belén y el tramo Ciruelas-Coyol).
En tanto, el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca) tampoco logró ver la luz en este gobierno, a pesar de que Chaves lo había señalado en los primeros días de su mandato como un proyecto clave para el Caribe y la Zona Norte que “rehabilitaría” las vías ferroviarias existentes y que “construiría” 80 kilómetros adicionales.
Marina y terminal de cruceros en Limón
La candidata oficialista también repite la idea de construir una marina y una terminal para cruceros en Puerto Limón: un planteamiento que sufrió la misma suerte de Ciudad Gobierno durante el gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
En ese caso, el Ejecutivo pretendía usar un modelo de contratación especial por medio de una alianza estratégica entre Japdeva y una empresa privada. Para ello, incluso planteó una reforma legal que habilitara ese tipo de negocios y la incluyó dentro del proyecto de ley “jaguar” (la iniciativa que quiso llevar a referéndum sin éxito); pero la Sala Constitucional determinó que habría sido inconstitucional, al limitar la fiscalización ordinaria del gasto público sin justificaciones excepcionales de fondo.
El mandatario había mencionado esta iniciativa como una de sus prioridades en el discurso de los primeros 100 días de su mandato, y había reconocido que los limonenses la esperaban “con los brazos abiertos”. No obstante, el Ejecutivo tampoco buscó mecanismos alternativos para su construcción desde 2024, cuando se conoció la sentencia.
Venta de BCR y Bicsa
Fernández también reintegra en su plan de gobierno un planteamiento que hizo el presidente Chaves y que no consiguió tracción alguna en la Asamblea Legislativa: vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
La única diferencia es que el presidente Rodrigo Chaves lo planteó con el objetivo de pagar una fracción pequeña del endeudamiento público del país; mientras que Fernández lo señala ahora como una vía para “capitalizar al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS”.
“Lo vamos a hacer porque Costa Rica se lo merece”, dijo.
Pensiones de lujo
La continuista también señaló este 2 de noviembre que buscará frenar “el ordeño al Presupuesto Nacional” de las “pensiones de lujo”.
Esa es otra propuesta que había señalado el presidente Chaves, quien había señalado que podía impulsar proyectos de ley, realizar consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o hasta llamar a un referéndum para lograr ese objetivo.
Ahora, el plan oficialista señala que se implementará una política de “cero tolerancia” con los sistemas de jubilación en donde “no se guarde relación entre los aportes de los trabajadores, patronos y el monto de la pensión”.
Minería en Crucitas
Por último, Fernández se dijo “muy comprometida” con “aprovechar los recursos que genere la minería en Crucitas”, de San Carlos. “Que el oro dejen de robárselo y podamos utilizar ese dinero”, aseguró el 2 de noviembre pasado.
Ese también fue un planteamiento que hizo el presidente Rodrigo Chaves y para el que incluso envió un proyecto a la Asamblea Legislativa, luego de la resolución del laudo internacional que mantenía la empresa canadiense Infinito Gold. No obstante, dicho proyecto no cuajó y tampoco recibió un impulso decidido del Ejecutivo en el Congreso desde el momento de su presentación.
“Ahora sí”
El incumplimiento y la repetición de promesas cobra sentido para el oficialismo porque ha logrado posicionar un discurso que lo justifica: que otras entidades y personas han bloqueado su avance y que, en un nuevo gobierno, con más poder, tal vez podrían conseguir mejores resultados.
Por ejemplo, el gobierno ha renunciado a negociar reformas legales en la Asamblea Legislativa bajo la premisa de que, en el próximo cuatrienio, podría tener una mayor cantidad de diputados y una menor necesidad de negociación con otras fuerzas.
También ha descartado buscar medios de contratación diferentes a los que originalmente deseaba en aquellos casos en los que ha enfrentado objeciones de entidades de control.
La situación la resumieron los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN) en su más reciente informe. En él, explicaron que el Poder Ejecutivo y el presidente Chaves han logrado cambiar de rol y convertirse en una especie de “fiscalizadores” de otras instituciones. Eso, a su vez, les permite no tener que rendir cuentas sobre el avance o el estancamiento de sus políticas públicas —o hacerlo en menor medida—.
Esta dinámica también le permite al oficialismo pedir el respaldo electoral para cambiar la relación de fuerzas y, ahora sí, intentar cumplir sus promesas.
