Patricia Vargas González pasó años intentando llegar a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Presentó su nombre en distintos concursos, acumuló postulaciones sin éxito e incluso retiró una candidatura en 2021, después de cuestionar públicamente la opacidad que por entonces permeaba el proceso mediante el que se elegía a los integrantes del máximo tribunal del país en la Asamblea.
La perseverancia, sin embargo, ha sido una constante en su trayectoria personal y profesional. La abogada intentó varias veces hasta conseguir una beca que le permitió estudiar en el extranjero, afrontó las exigencias de un doctorado mientras criaba a dos hijas pequeñas y enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, que implicó someterse a una cirugía y quimioterapia.
En lo laboral, finalmente consiguió los votos necesarios para convertirse en magistrada de la Sala Tercera en septiembre de 2023 y, apenas tres años después, alcanzó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo este lunes 26 de octubre, luego de cinco rondas de votación.
El ascenso de la penalista de 52 años la coloca ahora al mando de una institución que enfrenta restricciones presupuestarias, cuestionamientos por atrasos y una confrontación constante por parte del Poder Ejecutivo. Luego de un cuarto de siglo de experiencia judicial, será la segunda mujer que presida la Corte en 200 años de historia después de Zarela Villanueva, que ya lo hizo entre 2013 y 2017.
Carrera penal
Vargas nació el 8 de julio de 1974 y es hija de dos educadores, según relató en una entrevista con La Nación de 2023. Tiene una hermana gemela y sus dos hijas también son gemelas.
Sus estudios universitarios los realizó en Costa Rica y en España, a donde se trasladó en 2008 con su esposo, Erick, y sus dos hijas, que por entonces apenas tenían cinco meses cumplidos. Lo hizo gracias a una beca que consiguió después de múltiples postulaciones, indicó.
En la Universidad de Costa Rica (UCR) se graduó como Máster en Ciencias Penales y Licenciada en Derecho y Notaria; mientras que en la Universidad de Salamanca se doctoró en Derecho Penal.
Su carrera judicial abarcó distintas etapas del proceso penal. Pasó por la Defensa Pública y, posteriormente, fue letrada de la Sala de Casación Penal, jueza del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José y jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito de San José. Esa trayectoria le permitió conocer el sistema penal desde la defensa de personas acusadas hasta la resolución de los casos.
En medio de su carrera judicial, en 2018, la jueza recibió un diagnóstico de cáncer de mama y debió someterse a cirugía y 16 sesiones de quimioterapia. La enfermedad coincidió con uno de sus primeros intentos para convertirse en jueza de la Sala Tercera, según contó a La Nación: una situación que expuso en ese momento, por transparencia.
Vargas también ha impartido clases de grado y posgrado, y es aficionada a las carreras de larga distancia. Incluso corrió la maratón de Nueva York hace ocho años, poco después de recibir su diagnóstico.
Cinco intentos y una renuncia
A pesar de su extensa carrera judicial, el camino de Vargas hacia la Corte estuvo marcado por múltiples postulaciones fallidas ante la Asamblea Legislativa. Cuando aspiraba a convertirse en magistrada suplente de la Sala Tercera, en julio de 2021, explicó que ya se había presentado a cinco concursos durante aquel cuatrienio: una para la Sala Constitucional, tres para la Sala Tercera y una para la suplencia de esa misma cámara.
A pesar de que obtuvo las mejores calificaciones en los concursos, no consiguió los votos necesarios para su elección en ninguna de las ocasiones e incluso se retiró del quinto proceso por cuenta propia.
Vargas le envió una carta a la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, en la que justificó su decisión por supuestos vicios y “opacidad” en el proceso de nombramiento. Puntualmente, criticó que algunos diputados tenían reservas porque ella había trabajado como letrada del exmagistrado José Manuel Arroyo, quien entonces era “garante ético” del gobierno de Carlos Alvarado.
“Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera”, escribió en aquella misiva que quedó reseñada en varias notas de prensa.
La jurista reconoció que la elección legislativa de los magistrados siempre tiene un componente político, pero cuestionó que una relación profesional pudiera perjudicarla, y reclamó que se abrieran procedimientos de selección más transparentes.
Dos años después de aquel episodio, Vargas resultó electa como magistrada propietaria de la Sala Tercera para sustituir a Álvaro Burgos Mata, quien falleció de forma repentina tras un quebranto de salud.
En el proceso de elección obtuvo una calificación de casi 90 puntos por parte de la Comisión de Nombramientos y recibió 38 votos de todas las fracciones en la primera ronda de votación, incluidos los del partido de gobierno chavista. Aquella fue una de las primeras votaciones para designar una magistratura que se realizó con votos públicos en el Congreso, luego de la reforma que se aprobó para ese fin en 2022.
Aficionada a las maratones, la alta jueza llegó a comparar su llegada a la Corte con una de esas carreras.
Los votos necesarios
La elección de Vargas como presidenta de la Corte también requirió construir una mayoría entre distintas magistraturas. Vargas compitió este lunes con Patricia Solano y Rubén Alfaro, sus compañeros de la Sala Tercera; así como con Damaris Vargas, de la Sala Primera.
La jueza comenzó con nueve votos, aumentó a 10 en la segunda ronda y mantuvo ese respaldo durante dos votaciones, hasta alcanzar los 12 necesarios en la quinta ronda.
La mayoría que eligió a Vargas estuvo integrada por magistrados de las cuatro salas, además de su propio voto.
De la Sala Primera la respaldaron Jorge Leiva, Carlos Guillermo Zamora y Luis Guillermo Rivas; de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, Jorge Olaso y Julia Varela; de la Sala Tercera, Aisen Herrera; y de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, Fernando Cruz, Ingrid Hess y Paul Rueda.
Los votos decisivos fueron los de Varela y de Rueda, que inicialmente respaldaron a Patricia Solano y cambiaron su voto para sellar el resultado definitivo.
Tras su elección, Vargas agradeció el respaldo y pidió trabajar conjuntamente. “Esta Corte es una sola y el trabajo tiene que ser un equipo”, afirmó.
Diálogo con condiciones
La nueva presidenta llega al puesto en medio de tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, especialmente por las críticas del Gobierno a la actuación de los tribunales, los señalamientos sobre infiltración del crimen organizado y las restricciones presupuestarias.
En su primera conferencia de prensa como máxima jerarca del Poder Judicial, Vargas rechazó las afirmaciones de la presidenta Laura Fernández, quien dijo que el narcotráfico se había colado “hasta los tuétanos” del Poder Judicial. Al respecto, dijo que esa “es una frase que no comparte de ninguna manera” y que “rechaza”.
La magistrada sí reconoció que existen casos de corrupción dentro de la institución, pero cuestionó que esas situaciones se generalicen a todos los funcionarios.
Sobre el diálogo con el Gobierno, dijo estar dispuesta a conversar, pero estableció que deben existir condiciones mínimas para ese acercamiento, como “la buena fe” y “el respeto personal”. “No hay lugar para ataques degradantes ni afirmaciones que dividen en vez de construir”, expresó.
La presidenta Fernández reaccionó a la elección de Vargas con una publicación en sus redes sociales. Celebró que, por primera vez, tres mujeres encabezan al mismo tiempo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pero, aunque mencionó a Vargas por su nombre, no la felicitó expresamente por su designación. La coincidencia se extiende al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), presidido por Eugenia Zamora.
La presión del cargo
Más allá de las relaciones políticas, Vargas deberá enfrentar dificultades operativas y presupuestarias. El proyecto de presupuesto judicial para 2027 contempla recortes y condicionamientos que han provocado cuestionamientos por parte de la Corte; entre ellos, un recorte de ¢10.000 millones, restricciones sobre casi ¢30.000 millones y disposiciones que podrían afectar el uso de casi 2.500 plazas ocupadas por personal interino.
Vargas admitió que estas medidas podrían comprometer la continuidad de servicios y obligar a tomar decisiones drásticas en determinados despachos, incluso “cierres”. También anunció la preparación de alternativas para enfrentar las restricciones y defender los recursos institucionales por las vías legales disponibles.
Pese a ello, la magistrada reconoce que no todos los cuestionamientos al Poder Judicial provienen del Poder Ejecutivo y admitió que hay atrasos en la resolución de expedientes. Entre sus propuestas, figuran sistemas de monitoreo de despachos, digitalización de procesos, reformas legales e incorporación de herramientas tecnológicas.
En una declaración suya difundida por el Poder Judicial tras su designación, Vargas sostuvo que la entidad depende de “la confianza de las personas, la independencia de quienes juzgan y el trabajo cotidiano de miles de servidores y servidoras judiciales”.
La magistrada que cinco años atrás cuestionó la opacidad de los procedimientos para elegir a los integrantes de la Corte ahora tendrá que dirigirla durante los próximos cuatro años. Su gestión comenzará con dos desafíos simultáneos: defender la independencia judicial frente a presiones externas crecientes y responder a demandas sociales de una justicia más rápida y más accesible.
Quizás por eso, su promesa pública fue al mismo tiempo “preservar lo que ha dado estabilidad democrática a Costa Rica y hacer los cambios necesarios para responder mejor a los desafíos actuales”.
