EscucharEl Poder Ejecutivo propone colocarle cuatro candados al presupuesto del Poder Judicial. No solo plantea recortarle ¢10.552 millones, sino que además pretende bloquearle otros ¢30.000 millones, limitar su capacidad para mover recursos entre partidas, condicionar el uso de sus plazas vacantes y hasta modificar el pago de uno de sus componentes salariales.
El Gobierno sostiene que las nuevas reglas buscan fortalecer el control sobre los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y repartir las restricciones fiscales entre las instituciones. Pero la Corte hace una lectura diferente.
La presidenta Laura Fernández rechaza que pretenda debilitar al Poder Judicial y en su mensaje de este 15 de septiembre aseguró que la independencia entre poderes no puede convertirse en “indiferencia”; sin embargo, las autoridades judiciales califican los cuatro candados como normas atípicas, exclusivas en su mayoría para el sistema de justicia, de “naturaleza política” y hasta posiblemente inconstitucionales.
En la práctica, los cuatro candados dejan al Poder Judicial con menos recursos y con una porción relevante de su dinero aprobada, pero sujeta a controles y autorizaciones externas.
Primer candado: bloqueo
La norma 9 de ejecución presupuestaria incluida en el plan de gastos para el año 2027 es la restricción de mayor impacto económico para el Poder Judicial, más allá del recorte de ¢10.552 millones.
El proyecto identifica 313 combinaciones de programas y subpartidas por casi ¢30.000 millones que quedarían bloqueados en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (Sigaf). Dicho monto equivale a un 5,6% de todo el presupuesto institucional, que alcanza unos ¢530.973 millones.
Para liberar ese dinero, el Poder Judicial tendría que completar una serie de requisitos. El primero es presentar los estados financieros auditados de 2026 del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso; el segundo, obtener una certificación por parte de la Contraloría General sobre el cumplimiento de disposiciones relacionadas con infraestructura judicial y recursos del programa de Dirección y Administración; y el tercero, obtener el beneplácito de la Asamblea Legislativa —tanto en comisión como en el Plenario— luego de que se les autorice a conocer esos documentos.
Dicho fideicomiso es utilizado por el Poder Judicial para desarrollar infraestructura mediante el Banco de Costa Rica (BCR) y, según han dicho las autoridades de ese poder de la República, recibieron una opinión “limpia” en 2025.
La norma presupuestaria integrada por el Ejecutivo, sin embargo, no establece fechas para completar los procedimientos: un factor que genera incertidumbre sobre cuándo podría estar disponible el dinero para el sistema de justicia.
“Esto constituye un rebajo, de alguna manera, de los recursos del Poder Judicial”, acusó la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero; quien sostiene que “nadie” le garantiza a la institución si realmente podrá utilizar los recursos.
El Gobierno, sin embargo, ha intentado bajarle el tono al asunto.
El expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, incluso afirmó durante la presentación del proyecto de presupuesto para 2027, que iba a “dejar a los magistrados y administradores de la Corte que se entretengan con las normas de ejecución presupuestaria sobre esos ¢30.000 millones”.
Segundo candado: traslados
La norma 10 de ejecución presupuestaria introduce una restricción diferente. Establece que prácticamente todos los programas del Poder Judicial quedarían impedidos para trasladar recursos entre determinadas subpartidas sin autorización del Congreso, donde predomina el oficialismo. La restricción incluiría cambios entre remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, transferencias y cuentas especiales, y también aplicaría para un programa de la Defensoría de los Habitantes.
La norma implica que, aun si los casi ¢30.000 millones resultan liberados, el Poder Judicial tendría restricciones adicionales para redistribuir recursos durante el año, cuando las necesidades reales de la institución así lo requieran.
Según las autoridades judiciales, eso trasladaría al Gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa decisiones que actualmente forman parte de la administración ordinaria de los recursos del sistema judicial.
Romero explicó a los diputados que analizan el proyecto presupuestario que el Poder Judicial actualmente utiliza las modificaciones presupuestarias durante el año precisamente por flexibilidad. Por eso, si tuviese que empezar a tramitar presupuestos extraordinarios para cada gestión, se reduciría la capacidad de acción y habría dependencia de procesos políticos para asuntos estratégicos.
El único programa judicial que quedaría por fuera de esta restricción es el 951, que corresponde al fondo de jubilaciones.
Tercer candado: plazas vacantes
La norma 12, por otra parte, se concentra en la gestión del recurso humano. Se le restringe a los mismos seis programas judiciales que usen las plazas que tiene vacantes sin un estudio de costo-beneficio justificado a la Contraloría.
El texto establece que el análisis tendría que ser conocido por Corte Plena y enviado a la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso, que sería la encargada de aprobar cada gestión trimestralmente.
La restricción es relevante porque una plaza vacante no necesariamente está desocupada en la actualidad. Según los datos presentados por el Poder Judicial ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios durante la discusión del plan de gastos, existen 2.463 plazas vacantes, equivalentes al 17,7% de la planilla institucional, pero casi todas se encuentran ocupadas por funcionarios interinos.
810 de esas plazas corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 739 al ámbito jurisdiccional, 294 a la Dirección y Administración, 251 al Ministerio Público y 230 a la Defensa Pública.
La Fiscalía indicó que 25 de las plazas están directamente vinculadas con investigaciones de narcotráfico y 33 con delitos sexuales y de violencia doméstica, lo cual podría obligar al Ministerio Público a priorizar las causas que ya tiene abiertas y reducir su capacidad para iniciar nuevas investigaciones, según el fiscal general Carlo Díaz.
No poder usar esas plazas también podría afectar la integración de juzgados y tribunales, incluso si la restricción es solamente temporal. La Corte puso como ejemplos los casos del Juzgado Penal Juvenil de Guápiles, el Juzgado Contravencional de La Cruz y múltiples tribunales penales que podrían quedar totalmente paralizados, porque dependen de varios nombramientos interinos. Incluso el actual director interino del OIJ, Michael Soto, podría perder su acceso a esa plaza vacante.
Cuarto candado: supuesta compensación
Por último, la norma 11 tiene un alcance mucho más reducido y se limita únicamente al programa de Dirección y Administración del Poder Judicial.
Establece que, durante el 2027, no se pagará la denominada “compensación de administración” a ninguna escala judicial hasta realizar un estudio de costo-beneficio sobre las labores administrativas frente a las jurisdiccionales.
El análisis tendría que ser ratificado por la Contraloría y conocido en la Asamblea Legislativa.
El Poder Judicial cuestiona que, de aplicarse esta restricción, la Contraloría y el Congreso quedarían involucrados en una decisión que corresponde a la administración activa del Poder Judicial, lo cual sería una forma de “coadministración”.
Impactos del recorte
El presupuesto del Poder Judicial fue recortado un 1,9% para el 2027: por encima del recorte presupuestario general descontando deuda y pensiones, que es de un 1%.
El recorte se concentra principalmente en el Ministerio Público y el OIJ, cuyos recursos caen en ¢4.522 millones (7,1%) y ¢3.725 millones (2,8%), respectivamente.
En ambos casos, parte importante de la reducción aparece en remuneraciones para cargos fijos y suplencias.
En el OIJ también se reducen unos ¢1.270 millones en edificios y más de ¢1.300 millones en equipo de transporte como vehículos y motocicletas que, según la exposición de motivos del proyecto elaborado por el Gobierno, se tuvieron que eliminar por restricciones presupuestarias.
Por otra parte, el congelamiento afecta principalmente al programa de Dirección y Administración (un 15,6% de su presupuesto) y al mismo OIJ (un 6,8%).
En Dirección y Administración, el bloqueo se concentra especialmente en tecnología e infraestructura. En audiencia legislativa, funcionarios judiciales alertaron sobre posibles problemas con licencias de programas, sistemas de notificación, expedientes digitales, consultas de impedimento de salida y otras herramientas del OIJ.
El director de Planificación, Allan Pow, puso como ejemplo “la implementación de un expediente digital en materia penal” que estaba previsto para el 2027 y ya se tuvo que detener; mientras que el fiscal general Díaz añadió que el bloqueo podría alcanzar las licencias de Microsoft utilizadas para cuestiones tan básicas como el correo electrónico y las audiencias virtuales.
Díaz también indicó que las eventuales limitaciones para pagar alquileres podrían afectar el funcionamiento de oficinas como las de Cóbano, Jacó, Quepos o Hatillo.
El OIJ, sin embargo, es la principal entidad afectada por recortes y los bloqueos de recursos al mismo tiempo. Recibe el segundo mayor recorte y el segundo mayor congelamiento de dineros, incluso en partidas que se repiten.
De los ¢7.538 millones que seguían autorizados para edificios, por ejemplo, hasta ¢4.348 millones estarían paralizados y, según las autoridades judiciales, eso podría frenar la construcción de la nueva morgue judicial de Buenos Aires, Puntarenas: un proyecto que ya tiene un contrato en firme y está listo para recibir su orden de inicio.
Michael Soto también señaló que los recortes afectarían el acceso a bienes esenciales como municiones, armas, chalecos antibalas, uniformes y repuestos de vehículos, más allá de cuestiones como software.
Pero los recortes y los bloqueos no solo afectan la persecución penal, sino también a los demás programas del Poder Judicial, como la defensa pública o el sistema de protección de víctimas y testigos. La Defensa Pública incluso advirtió que podría tener que cerrar oficinas en localidades como Batán, Puerto Jiménez, Tarrazú, Quepos y La Fortuna.
Un episodio más
La disputa presupuestaria es un episodio más en el asedio del chavismo al Poder Judicial: el único Poder de la República que todavía no domina el oficialismo y, coincidentemente, el único que recibe todas las restricciones señaladas en el plan de gastos para el próximo año.
A finales de junio, la Corte aceptó reducir su presupuesto para lo que restaba del año en ¢13.242 millones ante la caída en los ingresos tributarios del Estado; sin embargo, rechazó por amplia mayoría aplicar otro ajuste solicitado para el próximo 2027.
Aún así, Hacienda llevó adelante reducciones presupuestarias adicionales. Inicialmente planteaba quitarle al Poder Judicial ¢27.000 millones, pero finalmente la presidenta Fernández anunció que solo serían ¢11.000 millones para evitar acusaciones de asfixia financiera en contra de su gobierno.
Fernández rechaza que exista una intención de debilitar al Poder Judicial y vincula las medidas con las restricciones fiscales, el desempeño institucional y la rendición de cuentas. Sin embargo, la Corte plantea una lectura completamente diferente.
Según Orlando Aguirre, el magistrado presidente de la Corte, el sistema de justicia nunca antes enfrentó una situación similar durante las décadas que lleva en la función pública y los diputados deberían de revertir este tipo de planteamientos.
Otros altos jueces como Jorge Araya y Patricia Solano también han advertido sobre posibles “cierres técnicos” de funciones institucionales, las cuales relacionan con múltiples manifestaciones del expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda.
Según dicen, el exmandatario constantemente acusa al Poder Judicial de ineficiencia y la estrechez financiera podría darle mayores argumentos discursivos. Además, recuerdan que ha hablado sobre “recuperar” al Poder Judicial y hasta llegó a preguntar a los asistentes de un acto público si realmente temían un eventual “cierre” de esa entidad.
Las tensiones tienen otra particularidad, que ha recordado en distintas entrevistas el fiscal general Díaz: el Ministerio Público mantiene varias causas penales en contra de Chaves y de otras figuras vinculadas al Gobierno, ante las cuales han reaccionado de forma agresiva.
Diputados de oposición ya han señalado su intención de revertir las normas objetadas por el Poder Judicial, pero no cuentan con los votos suficientes para hacerlo por su propia cuenta. Por eso, también han planteado la posibilidad de impulsar eventuales consultas de constitucionalidad si se llegan a necesitar.
La controversia, por tanto, apenas comienza.
