Por: Manuel Avendaño A..   6 octubre
05/10/2018 Asamblea Legislativa. Primer debate de la reforma fiscal en el Plenario Legislativo. A las 5:21 p.m. fue aprobado por 35 votos a favor, con 22 en contra, el proyecto. Fotografía: Rafael Pacheco
05/10/2018 Asamblea Legislativa. Primer debate de la reforma fiscal en el Plenario Legislativo. A las 5:21 p.m. fue aprobado por 35 votos a favor, con 22 en contra, el proyecto. Fotografía: Rafael Pacheco

El sector empresarial del país respaldó la aprobación de la reforma fiscal, pero hace un llamado al Gobierno para tome acciones que permitan recortar el gasto público en el corto plazo con el fin de lograr un equilibrio financiero que perdure en el tiempo.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), señaló en un comunicado, que la aprobación en primer debate del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es una buena señal para mejorar la situación fiscal del país y llega en un momento justo, pese a las presiones sociales que generó la huelga impulsada por los sindicatos.

Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, hizo un llamado para que el Gobierno inicie un proceso de reordenamiento del gasto público y destacó que la reforma fiscal incluye medidas para contener el crecimiento de las anualidades, cesantías y otros pluses salariales del sector público.

“Este proyecto de ley, es un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, tenemos total claridad de que con esta medida no se solucionarán todos los problemas financieros de Costa Rica. Debemos entender que nuestro país atraviesa un momento complejo y se requiere avanzar de manera solidaria y pronta para buscar una solución a la crisis fiscal que ya nos impacta”, apuntó Delgado.

Para Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la aprobación del expediente 20.580 es un paso fundamental para lograr la estabilidad financiera de Costa Rica.

“Es urgente para el país tener un respiro en sus finanzas públicas. No compartimos el criterio de los diputados y diputadas que votaron en contra, pero los respetamos, esa es la democracia que nosotros respetamos y que las cabezas sindicales que llevan 26 días en una terca, irresponsable y antipatriótica huelga, no respetan”, comentó el jerarca del sector industrial.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) calificó la reforma fiscal como un proyecto “eficaz” que permitirá reducir la brecha entre los ingresos y gastos del Gobierno, pero considera que se debe avanzar hacia una agresiva reducción en el gasto público.

Mediante un comunicado, Cacia señaló que el Gobierno y los diputados no pueden apostar a que la reforma será la única medida para solucionar el déficit fiscal del país. A criterio de los empresarios de la industria alimentaria, se requieren acciones para atacar las inequidades que existen en materia de remuneraciones en el empleo público o de las grandes ineficiencias provocadas por un Estado “duplicado y obsoleto”.

“Debemos exigir que este proceso de ajuste fiscal continúe con la inmediata ejecución de la agenda complementaria de reducción de gasto público y que se gestionen los proyectos de ley que procurarán la eliminación de todas las inconsistencias, que, de no solucionarse en el corto plazo, provocarán que el país no salga de la crisis fiscal en la que se encuentra”, concluyó Maurizio Musmanni, presidente de Cacia.

Bancos apoyan proyecto

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también apoyó la aprobación del proyecto de ley, aunque la iniciativa impondría más impuestos para ese sector.

La ABC considera que la reforma fiscal es un buen paso para evitar una crisis económica que podría afectar el empleo y los ingresos de la población.

Álvaro Saborío, presidente de la ABC, aseveró que están a favor de la reforma fiscal, a pesar de que el texto incluye un mayor aporte tributario para las entidades de ese sector.

Una vez que la reforma fiscal se apruebe y empiece a regir, los bancos y entidades financieras tendrán que pasar de un sistema de renta cedular a uno global lo que implica que la carga aumentará del 22% al 30% de sus utilidades.

“Esta aprobación es sin duda un buen mensaje para recuperar la confianza de los inversionistas, de las calificadoras de riesgo y los bancos internacionales, de manera que el Ministerio de Hacienda pueda financiar el déficit fiscal en mejores condiciones”, comentó Saborío.

El mensaje de Saborío coincide con el que ofreció, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, la noche de este viernes en conferencia de prensa.

La jerarca aseguró que la aprobación de la reforma fiscal en primer debate es un gran mensaje de confianza para los mercados internacionales que estaban a la espera de que la Asamblea Legislativa tomara una decisión sobre esta iniciativa.

Camino de consultas

El Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se aprobó en primer debate este viernes 5 de octubre, después de estar once meses en la corriente legislativa. A lo largo de cuatro días los diputados discutieron 368 mociones de reiteración y el jueves decidieron apresurar el paso para sesionar de manera extraordinaria y votar la reforma.

En agosto, el pago de intereses alcanzó el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que muestra el peso que tiene la deuda; mientras que el déficit financiero alcanzó el 3,7% de la producción nacional.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que la brecha entre los ingresos y gastos -más intereses- llegará al 7,2% del PIB al cierre del 2018.

El expediente 20.580 se aprobó en medio de un fuerte operativo en los alrededores de la Asamblea Legislativa debido a las protestas sociales contra esta política pública, movimiento que inició el pasado 10 de setiembre.

Ahora la reforma fiscal será publicada en el diario oficial La Gaceta.

Este viernes los diputados aprobaron una moción para enviar el texto a consulta a un grupo de instituciones que se verían afectadas directamente con la implementación de la ley, se trata del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos del Estado y todas las municipalidades, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las instituciones autónomas y las universidades estatales, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Estas instituciones tienen ocho días hábiles para responder la consulta que les enviará la Asamblea Legislativa sobre la reforma fiscal. El proceso de consultas suspende el trámite del proyecto en el Congreso durante dos semanas.

Finalmente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se encaminará a una consulta en la Sala Constitucional que podría tomar hasta 45 días.

La consulta ante los jueces constitucionales es un filtro que no lograron pasar reformas anteriores como la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural (2006) y la Ley de Solidaridad Tributaria (2012).