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Aunque reconocen que la situación fiscal del país es complicada y podría agravarse en el futuro cercano, siete de las 14 empresas estatales que tendrían que pagar un aporte de hasta el 30% de sus utilidades al Gobierno, vaticinan fuertes impactos por esta contribución.
Estas entidades fueron definidas por el Ejecutivo en el proyecto de Ley de aporte solidario y temporal obre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal (22.384) que se envió al Congreso el 22 de enero y actualmente se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos.
El despacho de Xiomara Rodríguez, jefa de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), consultó directamente a las 14 instituciones sobre su situación financiera y los posibles alcances económicos y jurídicos que esta transferencia podría generarles durante los cuatro años en que se implementaría, tal y como lo propone el Ejecutivo.
La oficina de la congresista recibió hasta el martes 16 de febrero respuesta de siete entidades, los documentos fueron revisados por este medio.
Ante la renuencia de las empresas estatales de transferir una parte de sus ganancias para amortizar la deuda pública, Elian Villegas, ministro de Hacienda, defiende que se trata de entidades propiedad del Estado y que deberán hacer los ajustes necesarios porque la iniciativa se mantendrá en pie.
¿Efectos adversos?
En caso de ser aprobado sin ninguna modificación en la Asamblea Legislativa, el plan establece el aporte anual de hasta el 30% de las ganancias después de impuestos por parte de las 14 compañías estatales.
Los montos que cada una deberá aportar serán definidos directamente por el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República mediante un decreto publicado cada año, en total la suma de las contribuciones debe dar un rendimiento anual de 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con Villegas, los aportes, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Banco Nacional (BNCR), serán mayores a los de otras entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que en los últimos años reportaron pérdidas.
“Entidades como Recope o Japdeva se incluyeron en la lista porque en el futuro su situación financiera podría cambiar y tendrían la oportunidad de generar utilidades sobre las cuales podrían aportar. Es una previsión”, aclaró el ministro.
Sobre los cuestionamientos de algunas de estas instituciones al aporte solidario, Villegas es enfático en que la medida seguirá como parte importante del acuerdo negociado con el Fondo.
“Cualquier compañía a la que usted le quite un porcentaje o un monto extra de sus utilidades, por supuesto que se tiene que sentir afectada, eso es clarísimo. Hay que hacerles un llamado a la realidad y que entiendan que las empresas públicas tienen que aportar en este momento que el país lo requiere”, sostiene el ministro.
Para Villegas, estas entidades tienen una “obligación moral” de dirigir recursos a las necesidades inmediatas del Gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica.
“No puede ser que nosotros le digamos a las personas y al sector privado que tienen que aportar con nuevos impuestos, ¿y las empresas públicas no van a dar nada adicional?, se trata del patrimonio de todos los costarricenses, tienen que asumir su responsabilidad en momentos difíciles”, zanjó el ministro.
Villegas advirtió que algunos jerarcas de estas entidades se están escondiendo detrás de temas legales y regulaciones, pero afirma que “eso no se vale, si fueran compañías privadas y les golpea la mesa un socio, ni uno sólo de ellos levantaría la voz”.
El caso del INS
En la respuesta enviada al PRN, Róger Arias, presidente ejecutivo del INS, explica que el proyecto de ley contiene un tema que se debe aclarar.
El artículo 12 de la norma que dio origen al INS establece que el 75% las utilidades se destinan a la capitalización de la entidad y el 25% restante al Estado. Mientras que el artículo 4 de la propuesta de ley fija en hasta el 30% de las ganancias, el nuevo aporte al Gobierno.
Arias señala que si se trata de subir el monto del la transferencia del 25% actual al 30%, sí sería posible para el INS soportarlo a nivel financiero; pero si la intención es agregar el 30% a lo que ya se gira cada año, no podrían apoyar esta idea.
Actualmente el INS tiene una carga contributiva del 60% que incluye impuesto de renta, tributo sobre los rendimientos de los títulos valores, aporte a los Bomberos, giro al Instituto Nacional de Estadística y Censos (0,5% sobre primas de seguros), transferencias al Régimen de Riesgos del Trabajo (10% de las utilidades), y 25% de las ganancias netas al Estado.
Además, destina una porción a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que en 2021 será del 5%, crece al 10% para el periodo 2022-2024, y a partir del 2025 se fijará en el 15%.
El presidente del INS también recordó que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) emitió el año pasado una directriz en la que recomendó suspender la distribución de utilidades acumuladas durante la pandemia, por la alta incertidumbre y los efectos que se podrían producir.
En mayo del 2020, una ley aprobada en el Congreso permitió al Gobierno tomar ¢75.000 millones del INS para destinarlos al financiamiento de bonos Proteger. Para recuperar esos recursos se libró al Instituto de pagar el 10% de sus ganancias al Régimen de Riesgos del Trabajo por tres años.
“Las agencias calificadoras han advertido del riesgo de degradación en las notas, en caso de que el Estado siga requiriéndole recursos al INS, lo cual de ser así tendría efectos importantes en las tarifas del reaseguro y su correspondiente impacto en los precios a nuestros clientes”, apuntó Arias.
Panorama difícil
El Banco Nacional (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) advierten de posibles reducciones en sus patrimonios que afectarían su capacidad para colocar crédito y les pondría en una situación de desventaja competitiva frente a la banca privada.
Ambas entidades esgrimieron el argumento de que por cada ¢1 adicional que deben trasladar al Gobierno con el nuevo dividendo, dejarían de prestar ¢10.
Los bancos públicos además recuerdan que ya destinan cerca de un 30% de sus ganancias por año al pago del impuesto de renta y montos de entre el 30% y hasta el 38% en cargas parafiscales (aportes para financiar a otras instituciones del Estado).
Por esa razón piden al Gobierno eliminar esas transferencias parafiscales y convertirlas en un dividendo único que podría ser de hasta el 45% para que el Ejecutivo lo utilice en los rubros que considere urgentes o necesarios, sin condicionamientos ni destinos específicos.
Correos de Costa Rica aseguró que, en caso de ser aprobada, cumplirá con la normativa, pero el aporte reducirá la inversión y afectará la competencia en un mercado donde se enfrentan a grandes compañías privadas con procesos de última tecnología.
“Esta es una empresa que no tiene responsabilidad en el incremento del gasto público, y al no recibir aporte o subsidio estatal alguno, realiza grandes esfuerzos para alcanzar el equilibrio presupuestario y financiero. Para esos efectos se tuvo que contraer el gasto, ejecutar reajustes presupuestarios y aplicar reorganizaciones administrativas y operativas”, indicó Jorge Solano, gerente general de la entidad.
Sobre la imposibilidad de ajustar tarifas para financiar el dividendo, Correos considera que de mantenerse así la propuesta se limitaría la efectividad en plazos, se afectaría el seguimiento de los clientes y sus quejas, se produciría una falta de valor agregado, y se retrasarían los procesos de cobro y facturación.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) considera viable dirigir hasta un 30% de sus ganancias después de impuestos, pero hace la salvedad de que un monto mayor pondría en peligro la inversión y mejoras en infraestructura.
Cabe destacar que esta institución apenas generó ¢92,7 millones de colones en utilidades en 2020, por lo que el aporte máximo sería de apenas ¢27,8 millones.
El panorama de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) también es negativo. En los últimos tres años, la entidad sólo registró ganancias en 2018, para el 2020 tuvo una pérdida de ¢18.024 millones.
Recope no puede garantizar que no se presenten aumentos de precios en los combustibles a raíz del pago del dividendo. La Refinadora legalmente no tiene utilidades de acuerdo con la ley que le dio origen, por lo que cuenta con una reserva de inversión llamada Rédito sobre la Base Tarifaria (RSBT).
“Bajo esa tesitura, Recope nunca genera utilidades, tal como lo haría una empresa privada o estatal en competencia. Por ello, cualquier carga afectaría directamente los proyectos de inversión y el mantenimiento de los activos y, además, tendría que ser examinada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a fin de determinar la pertinencia de su inclusión en la estructura de precios”, aclaró Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo.
De acuerdo con el jerarca, el marco normativo actual de la Refinadora le impediría atender la nueva carga impositiva, debido a que su giro empresarial se basa en el principio de “servicio al costo” y no existe un margen para obtener utilidades, salvo las que corresponden al Rédito sobre la Base Tarifaria.
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Para Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), en caso de que el plan reciba el aval del Congreso, debería aplicarse la medida de forma temporal y solidaria.
Eso sí, Incofer registró pérdidas en 2019 por ¢7.160 millones y en 2020 por ¢4.560 millones, por lo que estaría en incapacidad material para dar un aporte solidario al Gobierno.
EF revisó los estados financieros publicados por las 14 empresas estatales en los periodos 2017, 2018 y 2019, y constató que solamente cinco de ellas reportaron utilidades con cifras mayores a los ¢1.000 millones en el último año.
Algunas como Japdeva, tienen una situación financiera crítica que fue agravada por el embargo de cuentas, lo que podría acelerar su proceso de paralización durante este año.
