El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que Costa Rica debería de “estudiar de nuevo” dos reformas fiscales que se discutieron en los últimos años, pero que se quedaron lejos de ser aprobadas.
La entidad internacional realizó dicha observación luego de la última visita de su equipo técnico al país, la cual concluyó el 28 de febrero.
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Según el Fondo, se trata de reformas que le permitirían al Estado costarricense “mejorar la equidad y la eficiencia del sistema” y, a partir de ello, “recaudar recursos para reducir la deuda y aumentar algunos gastos” más rápidamente.
Las reformas
Puntualmente, el FMI hizo alusión a dos tipos de reformas fiscales. Por un lado, los proyectos para reducir las exoneraciones y, por otro, para reformar el impuesto sobre la renta, estableciendo un esquema de cobro global, que grave todas las ganancias de una misma persona o empresa en un mismo cálculo.
En materia de exoneraciones, el Fondo incluso planteó específicamente los casos del salario escolar y de los premios de lotería, los cuales no tienen que pagar tributo alguno en el país, a pesar de que representan rentas personales.
En el caso del impuesto sobre la renta, la entidad explicó que al menos se debería de tratar de forma equitativa a las rentas del trabajo por cuenta propia, los salarios y las pensiones, al mismo tiempo que se incrementan las tasas máximas del tributo para las ganancias más altas.
Según el FMI, los mayores ingresos que se obtendrían por medio de estas reformas le permitirían al Estado “aumentar más rápidamente el gasto social y de capital”, que ha sido duramente restringido en los últimos años por las políticas de austeridad que han impulsado el Gobierno de la República y su Ministerio de Hacienda.
Tanto la administración del expresidente Carlos Alvarado como la actual administración del presidente Rodrigo Chaves han promovido proyectos de ley con los fines propuestos por el FMI en los últimos años.
Los proyectos para eliminar las exoneraciones al salario escolar y a los premios de lotería fueron desechados rápidamente en la Asamblea Legislativa, durante la administración anterior; mientras que la intención de modificar el impuesto sobre la renta se ha plasmado en varios proyectos de ley que han sido más discutidos, pero que igualmente se han quedado lejos de ser aprobados.
La propuesta más reciente del gobierno de Chaves en materia de renta global ha encontrado oposición legislativa porque también planteaba eliminar el esquema de tasas diferenciadas del que actualmente gozan las pequeñas y medianas empresas.
En una reciente entrevista con EF, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció como poco probable que se logre la aprobación de una reforma de renta global en lo que resta de la actual administración. Según dijo, la discusión de ese proyecto se planteó desde el segundo año de gobierno, “en un momento correcto”, pero la Asamblea Legislativa se ha mostrado renuente a discutir proyectos en materia tributaria “bajo el prurito de que son nuevos impuestos”.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, ha discrepado públicamente con Acosta sobre ese tema. Incluso llegó a decir al periódico La Nación que más bien fue al Gobierno al que le faltó “interés” para promover mayormente la iniciativa y para darle viabilidad, ante las dudas y las preocupaciones de los diputados.
El ministro, sin embargo, alega que sí se ha discutido con los legisladores sobre este y otros proyectos; pero atribuye la parálisis a cálculos políticos y a “una franca caída en el nivel de discusión de los temas relevantes” en el país.
Algo similar opinó sobre los planes de incrementar la revisión y la eliminación de exoneraciones: un objetivo que inicialmente había sido definido por Hacienda como una de sus prioridades en la actual administración, pero que finalmente no se concretó en resultados significativos. “Este país tiene un gasto tributario extremadamente alto y resulta que nadie recorta el gasto tributario, pero sí recortan los impuestos”, se quejó Acosta sobre ese asunto.
Preocupación por rebajas
En contraposición a las reformas fiscales que el país debería de “estudiar de nuevo”, el FMI dijo ver con “preocupación” cómo en los últimos años se ha aprobado otros proyectos de ley en Costa Rica que han reducido la capacidad de recaudación del Estado.
En ese sentido, hizo alusión directa a las “lamentables reducciones del impuesto sobre la propiedad de vehículos (marchamo) y de la base imponible de las corporaciones". Este último punto se refiere al proyecto aprobado por los congresistas para sacar al país de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual incluyó una restricción territorial a Hacienda sobre las rentas que puede considerar como “de fuente costarricense”.
Según el Fondo, estos planes fueron parte de las condiciones que redujeron el superávit primario del gobierno en 2024; es decir, que hicieron menos holgada la diferencia positiva entre ingresos y gastos del Gobierno Central, sin contar el pago de los intereses.
Para el FMI, este tipo de proyectos deterioran el saldo primario del gobierno y ello impide reducir más rápidamente la deuda pública. Esto, a su vez, impide “crear margen para gastos adicionales” en áreas prioritarias como infraestructura, redes de cuido para niños y adultos, e inversiones en formación de habilidades para grupos vulnerables.
Dejando de lado estos señalamientos, el FMI destacó “el notable éxito económico” del país en los últimos años. Lo atribuyó a “buenas políticas macroeconómicas, reformas de amplio alcance en el contexto de la adhesión a la OCDE, dos programas apoyados por el FMI completados con éxito y un enfoque estratégico en las exportaciones y la diversificación económica”. Asimismo, destacó el trabajo del Banco Central (BCCR) para gestionar la inflación; aunque subrayó que se debe de reforzar su autonomía y gobernanza por medio de reformas legislativas.
En materia de tipo de cambio, recomendó aplicar un esquema de mayor flexibilidad, contrario a la frecuente intervención que actualmente realiza el emisor. Esto también requeriría de reformas legales.
Por último, el Fondo destacó la necesidad de alcanzar “una solución comprehensiva” sobre los reclamos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la deuda del Estado. Este es un monto que ha crecido luego de decisiones tomadas de forma unilateral por la institución autónoma sobre las contribuciones gubernamentales. “La CCSS y el Ministerio de Hacienda”, indicó el FMI, “deben aclarar el alcance de los servicios de salud y las pensiones que actualmente cubre el presupuesto, mientras que se identifican las fuentes de financiamiento adicionales necesarias para garantizar la solidez actuarial de los sistemas de salud y pensiones”.
Costa Rica suscribió dos programas de financiamiento con el FMI en los últimos cinco años, los cuales estuvieron ligados a la consecución de metas fiscales y económico-ambientales. Ambos fueron superados satisfactoriamente.
