La erosionada administración Alvarado Quesada suma un golpe más luego de que el Programa del Estado de la Nación (PEN) anunciara el 15 de octubre que la intentona por conformar una mesa intersectorial, fracasó. Sin embargo, el Poder Ejecutivo insiste en el diálogo como la vía para superar la crisis socioeconómica.
Dos días antes de que se llevara a cabo la primera reunión, Jorge Vargas Cullell, director del PEN y moderador de este mecanismo, anunció que no se avanzará con la iniciativa pues varios sectores se negaron a contestar. Otros de plano declinaron la invitación como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), organización que además anunció negociaciones con el movimiento Rescate Nacional, responsable de los bloqueos callejeros.
En medio de la penumbra se abren pocos caminos y la decisión debe ser la más expedita posible porque la situación crítica de las finanzas estatales no da tregua.
Una de las vías es que el Gobierno insista en crear su propio mecanismo, con nuevas reglas, otro interlocutor y una nueva fecha de convocatoria. Otra es que la administración Alvarado Quesada acepte ir a cancha ajena y busque incorporarse a la propuesta que elabora la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Con una situación apremiante los caminos que se le abren al Gobierno implican pros y contras. Lo que no cambia es que el partido final se definirá en la Asamblea Legislativa y serán los diputados quienes tendrán la última palabra.
¿Qué sigue?
Tras el fracaso del intento de diálogo liderado por el PEN, el Gobierno tenía una decisión urgente que tomar. ¿Reafirmar el diálogo como mecanismo u optar por una alternativa diferente? La respuesta fue rápida y escueta; mediante un comunicado de prensa anunciaron: “el diálogo va”.
“Ellos partieron del punto de que no pueden solucionarlo solos y por eso plantearon el diálogo”, explica Eugenia Aguirre, co-coordinadora del Observatorio de Política Nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo no especificó cómo seguirá adelante. No detalló si una nueva iniciativa nacerá en Zapote, si buscarán un nuevo facilitador que sustituya al PEN o si piensan ver hacia la propuesta de los que no quisieron participar.
Las fuentes consultadas por EF coinciden que la administración Alvarado Quesada podría acercarse a la propuesta que construye la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
“La alternativa que le queda al Gobierno es utilizar el mecanismo que ya está trabajando la Asamblea del Banco Popular ahí están presentes los empresarios, los sindicatos, diferentes sectores. Volver a instaurar una nueva mesa de diálogo lo que haría es dilatar más el problema. Este no solo es un problema que hay que resolver, hay que resolver ya”, manifestó Rolando Laclé, exministro de la Presidencia durante la administración de Rafael Ángel Calderón.
La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular está integrada por 10 sectores de la sociedad civil: sindicatos (confederados y no confederados), cooperativismo, solidarismo, comunidades, colegios profesionales, artesanos, Magisterio Nacional y trabajadores independientes.
El foro también reúne a organizaciones de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Este organismo inició desde hace varias semanas un proceso para crear un espacio con miras a proponer soluciones para los retos del país; la iniciativa surgió ante la necesidad de crear una mesa de diálogo nacional multisectorial. El pasado lunes 12 de octubre, 53 organizaciones de diferentes sectores suscribieron un acuerdo para crear el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional.
Por su parte, Laura Chinchilla, expresidenta de la República (2010-2014) considera que no se puede ver la mesa de diálogo conformada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular como un mecanismo excluyente, por el contrario, el Ejecutivo debe acercarse a todos los foros y tratar de integrarlos a la conversación.
“Una vez que el Gobierno presentó la propuesta para negociar con el FMI, hubo un rechazo casi generalizado en las siguientes 24 horas. Creo que todos nos quedamos esperando el paso siguiente que le correspondía al Ejecutivo, tenían un margen para inmediatamente llamar a diputados y sectores, para simplemente sentarse con ellos y revisar qué era rescatable del plan”, añadió.
¿Cuál es la mejor vía?
Crear una iniciativa propia trae varios riesgos para un Gobierno que ya está muy debilitado. El reciente fracaso desnudó, una vez más, los bemoles del Gobierno.
Ante la premura de convocar a sectores con ideas variopintas y con altos niveles de desconfianza el Ejecutivo le encomendó la tarea al PEN, organismo que creó su propio set de reglas; en este caso la administración Alvarado pecó al no hacer un trabajo de convencimiento previo con los actores claves.
Un Gobierno débil tiene que acompañarse de sectores y faltó diálogo previo, según Laclé.
Mientras que la expresidenta Chinchilla asegura que el Ejecutivo hace bien en insistir con el proceso de diálogo, pero debe mejorar su gestión política para llegar más rápido a los sectores y hacerlo de una forma mucho más eficiente.
Se ha dado un vacío de gestión y de negociación para terminar de concretar acuerdos. “Ese vacío, entre otras cosas, fue una especie de estímulo para que se impusieran vías de hecho en las calles para exigirle al Gobierno dialogar”, agregó Chinchilla.
Si la administración Alvarado Quesada decide crear una propuesta nueva la posibilidad de otro fracaso es amplia. “El Ejecutivo planteó un puente y no todos quisieron conversar”, detalla Aguirre.
Aunque la ventaja es que si plantea su propia alternativa tendría más poder que si son invitados a una mesa de diálogo ajena.
En el mecanismo que elaboró el PEN el Ejecutivo mantenía su poder para actuar sobre la emergencia fiscal en caso de que la solución que saliera de la mesa no fuera suficiente. No obstante, es complicado pensar que en una mesa ajena el Ejecutivo mantenga esa autonomía.
En la otra acera está la propuesta que construye la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. En caso de que el Ejecutivo decida unirse, la desventaja es que el sector privado, solidarista y sindical podrían llevar la batuta; lo que implicaría que la conversación se mueva bajo los términos de esos actores, de acuerdo con Aguirre
Sin embargo, mientras esas son desventajas para el Ejecutivo, la gran ventaja es el tiempo. Perder más tiempo en este proceso es un lujo que podría ser demasiado oneroso para el Gobierno.
Pero no todo son pérdidas para el Poder Ejecutivo pues el encuentro final se deberá librar en la Asamblea Legislativa y los diputados serán los que tengan la decisión final.
La expresidenta de la República recalcó que en esta coyuntura se dieron gestos importantes que acercaron al Gobierno y a los diputados.
“Si analizamos lo que pasó, este diálogo no fracasó por los diputados o por las fuerzas políticas. Entonces, en ese punto hay una ganancia, y por eso, hay que moverse rápido antes de que se pierda ese elemento positivo”, concluyó.
