Gobierno enviará nueva ‘ola’ de créditos con entidades multilaterales al Congreso

Un nuevo grupo de contratos de aprobación de financiamiento externo en condiciones blandas negociados con organismos multilaterales llegará al Congreso en agosto, para su tramitación legislativa en el segundo semestre de este 2021.

Hacienda considera que estos créditos son esenciales para cumplir su meta de colocación en el mercado externo para lo que resta del año, que según Elian Villegas, jerarca de la cartera, es de al menos por unos $1.500 millones.

Villegas confirmó a EF que entre los nuevos empréstitos están los recientemente anunciados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Con el primero se negociaron dos operaciones por $250 millones, cada una, y con el segundo una más por $300 millones.

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Al menos esos tres créditos se sumarían al financiamiento ya aprobado en primer debate por el Congreso que ingresaría a través de la facilidad de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); así como a un empréstito más pequeño para refinanciar parcialmente el pago de vacunas contra la COVID-19, por unos $80 millones, acordado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Todos estos empréstitos suman $1.472 millones para este 2021; pero hay otros en negociación que podrían sumarse. La facilidad negociada con el Fondo permitiría acceder a $1.778 millones a través de seis desembolsos iguales en tres años; sin embargo, este 2021 apenas se podrían concretar los primeros dos por unos $592 millones este año.

Los niveles de deuda externa se mantienen por debajo del 25% y, según el Banco Central, la estrategia de colocación con organismos multilaterales es positiva para contener el crecimiento en el pago de intereses y reducir la presión de las amortizaciones.

No obstante, en la Asamblea Legislativa el panorama es complejo para su tramitación en este segundo semestre, no solo porque cada operación crediticia de este tipo requiere el visto bueno de al menos 38 diputados, sino porque en agenda de la Comisión de Asuntos Hacendarios tendrán prioridad discusiones como presupuestos y el informe de liquidación presupuestaria, entre otros.

Al Congreso en agosto

El Gobierno enviará los nuevos empréstitos al Congreso en la primera quincena de agosto, según comentó Villegas. Se trata de una nueva cartera que incluye a los dos contratos ya negociados con el BID y con el Banco Mundial, pero que también sumaría otros pendientes de anuncio en este mes de julio.

Villegas explicó que se negocian otros créditos con multilaterales: uno por $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otro por $150 millones con la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD), entre ellos.

“La idea nuestra es llegar a la Asamblea Legislativa en la primera quincena de agosto, de ser posible, con varios de estos contratos incluidos. Hay algunos negociados y otros cuya negociación cerraríamos en este mes, pero esperamos consolidar un monto interesante para poder presentarlo ante la Asamblea Legislativa”, afirmó.

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La discusión en el Congreso requeriría de compromiso por parte de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la Asamblea Legislativa, pues su agenda ya es ajustada en este momento.

Según explicó a EF la diputada presidenta de la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), “se hará un esfuerzo en el trámite” de las iniciativas, pero las prioridades de cada semestre en la Comisión de Hacendarios están marcadas por cuestiones reglamentarias.

Al menos entre julio y octubre, dicho foro siempre debe entrar en el análisis de la liquidación presupuestaria, eventuales presupuestos extraordinarios y el Presupuesto Nacional. También recordó que en agosto el Parlamento entrará de nuevo en sesiones ordinarias, lo cual ensancha aún más la agenda que debe tratar el mismo grupo de diputados.

“Pareciera que el Gobierno no hizo la tarea una vez más y no verifica los tiempos y plazos. Cómo siempre se hará un esfuerzo en trámite pero las prioridades están dadas por el reglamento”, subrayó.

El Ministerio de Hacienda estimó que este 2021 tendría necesidades de financiamiento por un 13,5% del Producto Interno Bruto PIB (PIB), de los cuales se cubriría una tercera parte con endeudamiento externo.

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Este año Costa Rica podrá usar también $300 millones provenientes de un crédito recién aprobado por el Congreso con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual quedó pendiente desde el año 2020 y hasta ahora recibió su aval legislativo. También podría emplear $300 millones de otro empréstito recién aprobado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); sin embargo, ese está destinado a financiar el Fondo Nacional de Avales; es decir, una nueva inversión.

Semanas atrás, Hacienda indicó a EF que el país también negocia un segundo crédito de apoyo presupuestario con el BIRF, por $200 millones.

Deuda externa crece

Los niveles de endeudamiento en Costa Rica se han casi cuadruplicado desde 2010, ante los elevados déficits fiscales que arrastra el país.

A finales de 2010, el Gobierno Central acumulaba una deuda de ¢5,56 billones (¢7,17 billones, traídos a valor presente), mientras que para mayo de este año ascendía a los ¢25,8 billones.

Como proporción de la deuda total del Gobierno Central, el endeudamiento externo representaba un 20% a finales de 2010; mientras que hoy, con datos hasta mayo de 2021, alcanza un 23% del saldo total.

A diferencia de la deuda interna, que se negocia en el mercado local con entidades financieras, fondos de pensiones y otros, la Constitución del costarricense exige autorización legislativa para cada crédito internacional por separado y no solo sujetarse a un “techo” máximo presupuestario.

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El Banco Central (BCCR) respalda la política de impulso al crédito con organismos multilaterales y eurobonos que ha impulsado el Gobierno en los últimos años. Según ha indicado el presidente de esa entidad, Rodrigo Cubero, es una estrategia de colocación que pretende a contener, al menos en parte, el gasto que el país realiza en el pago de intereses, extiende los plazos de colocación de la deuda y disminuye la presión sobre el Presupuesto Nacional.

Las tasas de los créditos con organismos multilaterales son hasta tres o cuatro veces inferiores que las que ofrece el mercado local y las condiciones de amortización, en la mayoría de las ocasiones, ofrecen plazos de gracia y períodos más extensos de pago.

Según estimaciones de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, por cada punto porcentual menos en las tasas de interés generales que paga el Estado, el gasto financiero del Gobierno cae en unos ¢35.000 millones por año.