La reducción de tarifas eléctricas es uno de los principales clamores del sector productivo nacional −desde hace varios años−, sobre todo en medio del impacto de la crisis provocada por el coronavirus, que afecta la fabricación de bienes y servicios, y la creación de empleo.

El Gobierno incorporó la disminución en los costos de la energía como uno de los atenuantes ante el incremento de impuestos que propuso en el plan de ajuste fiscal, que se negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos meses.

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Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, explicó en entrevista con EF que esa rebaja en el precio final rondará entre el 5% y el 20%.

Sin embargo, no se trata de una medida nueva. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) trabaja desde enero del 2019 en la implementación de una Hoja de ruta para la sostenibilidad financiera que pretende darle equilibrio a la entidad y generar un impacto positivo en las tarifas.

Pero, ¿cuáles son los factores que influirán en este ansiado recorte en la factura eléctrica de hogares y empresas?

Reclasificación contable

El documento del plan de ajuste fiscal con el FMI enumera ocho acciones puntuales que tendrán efectos sobre las finanzas del ICE.

Entre ellas se incluyen la renegociación de la deuda, la rebaja de los costos administrativos y la implementación al 100% de las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF).

Aunque la institución implementa desde enero del 2019 una serie de medidas para generar ahorros en diferentes partidas, una de las modificaciones que generará mayor rendimiento es la aplicación de las normas NIIF.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solicitó a la empresa estatal la información de sus inversiones, gastos e implementación de las normas contables internacionales.

El requerimiento del ente regulador se hizo el pasado 12 de agosto y el plazo para que el ICE entregara los documentos venció el 14 de setiembre. Sin embargo, el instituto pidió una prórroga hasta el 30 de setiembre, que fue avalada por la Aresep.

Si la empresa presenta sus estados financieros con la aplicación de la norma NIIF 16, podrá reclasificar contablemente los contratos de arrendamiento que tiene con fideicomisos.

Las obras que se encuentran bajo esta figura de arrendamientos operativos, a junio del 2020, son los fideicomisos del proyecto geotérmico Las Pailas, la planta hidroeléctrica Toro III y el proyecto térmico Garabito.

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Con la implementación de la norma contable que exige Aresep, estos contratos de arrendamientos se podrán trasladar de fideicomisos (gastos) operativos a financieros, porque el activo pasará a ser propiedad de la compañía estatal al final de periodo pactado.

De esta manera, el balance general del ICE reflejaría estas obras como compra de propiedades lo que reduce el rubro de gastos, ya que únicamente se tomarían en cuenta las depreciaciones que generen estos bienes.

Para ejemplificarlo mejor, si se toman los datos financieros presentados por el ICE ante Aresep para la fijación tarifaria que entró a regir en enero del 2020, se puede ver que existe un monto de ¢60.322 millones que se le reconoce al Instituto por concepto de alquileres operativos.

Esto se distribuye en ¢15.083 millones del proyecto hidroeléctrico Cariblanco, ¢29.836 millones de la planta térmica de Garabito, ¢9.682 millones de la proyecto geotérmico Las Pailas, ¢5.721 millones de la planta hidroeléctrica Toro III.

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), explicó que con este ajuste contable el monto que se traslada a las tarifas finales para los usuarios, por los arrendamientos, corresponde únicamente a la depreciación, por lo que esperan que sea sustancialmente menor a los ¢60.322 millones.

“El efecto en los precios dependerá del neto del valor total de los contratos y lo que sumen las depreciaciones de los activos que se calculan con base en la cantidad de años del contrato”, añadió.

Atrasos con las NIIF

Carla Coghi, socia directora de Deloitte, recordó que el Instituto debe implementar las NIIF porque es una entidad que emite bonos de deuda y necesita garantizar su información con base en reglas internacionales.

“Ya la Contraloría General de la República (CGR) se había pronunciado sobre la importancia de que el ICE estuviera desarrollando sus registros contables de conformidad con esta normativa y a lo largo del tiempo se han hecho ciertas prórrogas, lo cierto es que ya había adoptado algunas normas, no todas”, comentó.

Consultado sobre este tema, el ICE respondió mediante su oficina de prensa que entregará la información solicitada por Aresep el próximo 30 de setiembre y que mantiene el compromiso de aplicar responsablemente las NIFF.

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“El hecho de que contablemente se deban reclasificar los BOT (contratos construir, operar y transferir, por sus siglas en inglés) no implica que el ICE deje de realizar los pagos por compra de energía a generadores privados. La empresa tiene el deber de asegurar la demanda eléctrica de nuestro país, proteger los recursos públicos que administra y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, indicó.

Además, recordó que en la definición de la tarifa intervienen otros elementos que serán atendidos por acciones complementarias.

Otras medidas

La rebaja en el precio de la electricidad para enero del 2021 también se verá influenciada por la reducción de gastos operativos y por la contracción en el consumo de energía.

Los estados financieros consolidados intermedios a junio del 2020, reflejan una reducción del 11,3% en los costos operativos en la comparación internual.

Los principales ahorros se reflejaron en la compra de combustible para generación (85,9%), importación de energía (80,5%) y arrendamientos (39,1%). Mientras que las amortizaciones y la depreciación de activos son las partidas que más crecieron.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cence) prevé una caída en el consumo nacional del 3,6% para finales del 2020.

Aresep fija las tarifas eléctricas con base en una metodología que toma en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público y se incluyen factores como gastos, inversiones, activos y resultados.

Si la Autoridad Reguladora recibe los documentos de la compañía estatal en setiembre podría poner en marcha una revisión de oficio de la tarifa para que entre en vigor en enero del 2021. Esto beneficiaría a 1,23 millones de usuarios residenciales de Grupo ICE, lo que representa el 75% del mercado nacional.

Un efecto en cascada es que si se reduce el costo de generación, se podría trasladar a otras entidades que compran y venden como la Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), o las cooperativas de zona rural.

Grupo ICE vende energía a siete de cada diez clientes comerciales del país y al 57% de industrias, por lo que una disminución en los precios beneficiaría a unos 166.834 negocios de un total de 265.000.