Lo primero que hizo Carlos Alvarado tras instalarse en el despacho presidencial fue reunirse con las fracciones legislativas para promover la aprobación urgente del plan fiscal y escuchar sus inquietudes sobre la compleja realidad financiera del país.
De aquel ciclo de reuniones que arrancó el 9 de mayo -un día después de la transmisión del mando presidencial- y concluyó el 12 del mismo mes, el Gobierno extrajo una conclusión: los diputados pidieron señales concretas para recortar el gasto público a cambio de reactivar el trámite de la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa.
Así fue como la semana anterior, el Gobierno presentó un paquete de 28 acciones para contener y recortar el gasto público con diferentes instrumentos jurídicos que modifican salarios, plazas y permiten hacer ajustes presupuestarios.
Este lunes los jefes de fracción negociaron una propuesta para retomar la vía rápida y aprobar la reforma tributaria antes de que se cumplan los primeros 100 días del gobierno de Alvarado. Los legisladores entienden que las calificadoras de riesgo podría degradar la nota de la deuda soberana del país si no se toman acciones contundentes.
Erwen Masís, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseveró que con esta propuesta buscan que la reforma fiscal se apruebe rápido, pero con cuidado, para evitar vicios de procedimiento que terminen por liquidar la iniciativa en la Sala Constitucional como ocurrió en 2012 con el Plan de Solidaridad Tributaria.
Las bancadas más grandes del Congreso, Partido Liberación Nacional (PLN) -con 17 diputados- y Partido Restauración Nacional (PRN) -con 14 legisladores- están de acuerdo con la iniciativa de retomar la vía rápida para el plan fiscal.
En las tiendas verdiblancas enviaron un mensaje claro. Carlos Ricardo Benavides, jefe de la fracción liberacionista, aseguró que es tiempo de que la reforma fiscal vuelva a caminar, aunque esperan que el Gobierno sume más acciones para contener el gasto público en las próximas semanas.
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Los anuncios de recortes del Gobierno resonaron con positivismo en el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Doy la bienvenida a las medidas anunciadas por el Gobierno de Costa Rica el 30 de mayo para contener el gasto público. Son acciones inmediatas y audaces, que van en la dirección correcta. Además, consideramos que es crucial que el Congreso apruebe la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el proyecto de ley para reducir la asignación de los gastos”, señaló José Ángel Gurría, secretario general de esta organización
Exigencias de recorte
La solicitud de que el Gobierno recorte más gasto público, sobre todo en salarios y transferencias, no es nueva.
Este discurso viene desde el plenario anterior. Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fueron enfáticos durante todo el periodo 2014-2018 y le exigieron más recortes y más acciones contra el gasto a Luis Guillermo Solís.
El exmandatario, del primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), no quiso meterse en terreno fangoso, evitó recortar en salarios -principalmente en incentivos, anualidades y pluses-, se limitó a ajustes presupuestarios y redujo el porcentaje de plazas que se podían llenar en el sector público.
Carlos Alvarado, en el segundo gobierno del PAC, dio un giro radical con respecto a la posición de su antecesor. Algunas de las medidas presentadas por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, son inéditas en la administración pública y podrían resultar incómodas para grupos como los sindicatos.
El propio Presidente sabe que este paquete de medidas resulta insuficiente. Lo mismo que ocurre con la propuesta de reforma fiscal que se dirime en el Congreso. Los dos bastiones de la estrategia de Alvarado para superar el déficit financiero del país se quedan cortos, pero son necesarios.
El déficit financiero del país podría alcanzar un 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2018 y elevarse a un preocupante 7,9% de la producción nacional para 2019, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su Programa Macroeconómico 2018-2019.
La reforma fiscal revive
Luego de avanzar en una carrera contrarreloj al final del periodo legislativo anterior, la reforma fiscal estaba dormida en un letargo propio del cambio de diputados.
Los nuevos congresistas necesitaban tiempo para analizar la vía rápida que aprobaron sus antecesores y para leer los detalles de la reforma fiscal que dejó el gobierno de Solís, la quinta versión por cierto.
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Tras la comparecencia de Aguilar en el plenario, el miércoles 30 y jueves 31 de mayo, los diputados respondieron a la señal de Alvarado con positivismo aunque no perdieron la oportunidad para calificar de "insuficientes" las 28 medidas presentadas por el Ejecutivo para recortar el gasto.
Por esta razón, el Gobierno pedirá medidas de austeridad y ahorro a los poderes Legislativo y Judicial, en este último se pagan el 50% de las horas extras cada año, según datos del Presupuesto Nacional.
Alvarado también prometió que analizarán otras acciones y espacios de acción para hacer recortes, porque lo que no descarta anunciar nuevas medidas de contención del gasto en el futuro.
Al paquete de acciones se suma la iniciativa de presentar en un año un nuevo proyecto de ley de empleo público para modificar, en el futuro, los esquemas salariales de los nuevos funcionarios del Estado en el Gobierno Central y en las instituciones descentralizadas.
