El 2021 será un año clave para que entre el Gobierno y los diputados tomen decisiones que permitan iniciar un nuevo ajuste fiscal. Cualquier traspié en la dinámica política se convertirá en una mala señal para inversionistas, mercados y calificadoras, lo cual podría traducirse en efectos negativos para el país.
Con ese escenario, Geannina Dinarte dejó el Ministerio de Trabajo para asumir una de las brasas más calientes en la administración Alvarado Quesada: la cartera de la Presidencia.
Por ese cargo ya pasaron tres políticos de diferentes estilos. Rodolfo Piza, quien fue pieza fundamental para la aprobación de la reforma tributaria a finales del 2018; Víctor Morales, diputado que perdió su capital por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD); y Marcelo Prieto, a quién el mandatario tuvo que justificar o disculpar por sus declaraciones en al menos seis episodios.
Sobre Dinarte recae la responsabilidad de reconstruir una fracturada comunicación con las bancadas legislativas para aprovechar el inédito megaperiodo de sesiones extraordinarias que le otorga al Ejecutivo ocho meses para mover los hilos de la agenda legislativa.
Las prioridades del Gobierno, explicó la ministra en entrevista con EF el pasado 5 de enero (apenas un día después de asumir el cargo), serán los proyectos de ley relacionados con plan del FMI, los de reactivación económica, los de alcance social y los de comunidades puntuales que siempre interesan a los legisladores.
Estrategia de negociación
Las últimas semanas del 2020 estuvieron marcadas por la exigencia de algunas agrupaciones políticas para que el Gobierno revelara los detalles de la propuesta final para negociar un acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI, a partir del próximo lunes 11 de enero.
Elián Villegas, ministro de Hacienda, aseveró en diciembre que prácticamente todos los componentes de la propuesta 2.0 ya se conocían por parte de los diputados, los sectores y la sociedad. Algunos nacieron en la mesa de diálogo multisectorial y otros incluso fueron enviaron a Cuesta de Moras.
En su primer día de funciones, Dinarte convocó a los jefes de las bancadas legislativas a una reunión en Casa Presidencial para hablar de la agenda de sesiones extraordinarias y, por supuesto, de la ruta hacia el Fondo.
A ese encuentro, del cual la prensa se enteró por medio de algunos diputados, la acompañó Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico. Asistieron representantes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Integración Nacional (PIN), Nueva República y la independiente Zoila Volio.
La invitación, girada apenas el domingo, no fue atendida por la Unidad Social Cristiana (PUSC), ni por Restauración Nacional (PRN). Aquí empieza el ajedrez legislativo a moverse, Dinarte indicó que les pedirá un espacio a esas fracciones en los próximos días para conversar sobre el FMI y las extraordinarias.
“Sé que hay voluntad de todas las partes para contribuir a que el país esté mejor. No es sencillo, existen distintos factores que pueden mediar en una complejidad natural de un órgano que debe tomar decisiones y donde a veces pueden existir visiones distintas con respecto al cómo”, reconoce la ministra.
Confía en su experiencia como asesora legislativa, pero sobre todo ofrece una “comunicación cercana” y apertura constante para mantener una mejor relación con los congresistas.
“Hay proyectos muy importantes en donde tenemos coincidencia y eso nos da un espacio muy importante de trabajo para poder concretar en los próximos meses”, añadió.
En el orden de prioridades de la nueva ministra, la reforma al empleo público ocupa un lugar privilegiado, luego de que la Comisión de Gobierno y Administración avaló el texto en noviembre y le dio paso al plenario legislativo.
Esta iniciativa es uno de los ejes fundamentales del plan con el FMI para reducir el gasto público y corregir el crecimiento de las remuneraciones. La discusión central en el pleno se centrará en si se aplica el salario global a los empleados antiguos y a los que se contraten en el futuro.
La Procuraduría General de la República (PGR) resolvió el 24 de noviembre que esto es posible y el abogado constitucionalista Rubén Hernández ha expuesto ampliamente las razones por las cuales se podría aplicar esta modalidad salarial sin ninguna distinción.
Para la jerarca este es un tema que deberá resolverse en la dinámica de la discusión del Congreso.
Sobre los nuevos ingresos ya están en la corriente legislativa los proyectos para gravar premios de lotería, la eliminación de exoneraciones y la reforma a la normativa de aduanas. Faltan por ingresar el de dividendos de empresas estatales y la renta global, este último como resultado del diálogo nacional.
También le tocará a la jerarca negociar el contenido de estas iniciativas con los diputados en medio de un año preelectoral. Todo esto antes de que arranque la controvertida discusión del presupuesto nacional en setiembre, un capítulo que se convirtió en un pulso para ver quién logra mayores recortes.
Panorama adverso
Pero el panorama para la nueva titular de la Presidencia no es sencillo, de entrada las fracciones del PLN, PUSC, Restauración Nacional y el grupo Nueva República cuestionaron su designación tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR) en el que se señalan errores sobre el manejo de los bonos Proteger.
El ente contralor concluyó que se habría entregado cerca de ¢7.500 millones de ese subsidio a 66.300 beneficiarios quienes quizás no lo necesitaban por su condición socioeconómica.
Ante estos cuestionamientos, Dinarte asegura que tiene las pruebas para rendir cuentas y que incluso envió a la CGR una serie de aspectos sobre los cuales el informe podría tener errores o incluso hacer afirmaciones que no corresponden.
La presentación del plan del FMI también provocó una nebulosa en el arranque de la gestión de la ministra.
Congresistas consultados por este medio que participaron en el encuentro en Casa Presidencial, indicaron que como parte de las medidas que faltan para generar un 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en ingresos; las ministras hablaron de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14% o gravar las transacciones bancarias.
Sin embargo, 24 horas después de la reunión, el Ministerio de Hacienda descartó estas dos alternativas mediante un comunicado.
En la entrevista con EF, Dinarte detalló que a los legisladores se les dijo que ante la inviabilidad política y social de subir el IVA o gravar las transferencias, se podría recurrir a un nuevo impuesto a las casas de lujo con una tasa más alta o una mayor recaudación por medio de la renta global.
Las reacciones de los legisladores no se hicieron esperar ante lo que considera una contradicción.
“Ayer nos dicen una cosa a los diputados, hoy cambian su discurso para los medios. Una vez más queda en evidencia que no hay una ruta y que la única constante es la falta de claridad por parte del Ejecutivo y la ausencia de propuestas para dinamizar la economía”, fustigó la liberacionista Karine Niño.
Mientras que el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca considera que el Gobierno sigue “perdiendo el tiempo” y su enfoque es pedir préstamos internacionales y apostar por más impuestos.
“Lo que necesitamos es cerrar los tubos y reparar las fugas, renegociar la deuda, hacer una reducción permanente del gasto y consensuar una agenda en la Comisión de Reforma del Estado que nos permita hacer reparaciones. Ir al FMI y no hacer reformas estructurales no va a resolver el problema fiscal”, puntualizó.
El regreso de los diputados a funciones a partir del 11 de enero marcará también el inició de la gestión de la cuarta ministra de la Presidencia del actual Gobierno con una primera meta en mente: lograr que avancen los proyectos de ajuste fiscal para que el FMI apruebe el empréstito por $1.750 millones y evitar una hecatombe económica.
