El plan de ajuste fiscal que propone el Gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se tambalea políticamente cuando ni siquiera ha ingresado a la corriente legislativa.
Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el bloque de independientes Nueva República anunciaron su oposición al programa, especialmente a la creación de nuevos impuestos temporales y el aumento de algunos gravámenes que ya existen.
La bancada liberacionista calificó la propuesta del Ejecutivo como “inaceptable” porque se recarga en impuestos con muy pocas acciones para recortar el gasto público.
“El evidente desbalance existente en la naturaleza de las medidas planteadas, un 80% de las cuales se basan en impuestos y apenas un 20% en recorte de gastos, se agrava aún más ante la ausencia de propuestas para la reactivación económica que esta fracción ha venido solicitando al gobierno desde el inicio de la crisis”, indicó la agrupación en un comunicado.
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Los verdiblancos pidieron al Gobierno elaborar con urgencia una nueva propuesta más equilibrada que recoja las preocupaciones de los diferentes sectores del país.
La congresista del PLN Yorleny León considera que las medidas son más fuertes por el lado de los impuestos que por los demás ejes y proponen una reducción de la deuda que no es sostenible en el tiempo.
La diputada tuiteó que el plan del Gobierno además carece de propuestas adicionales significativas en cuanto a la contención del gasto “escudado en que la gran mayoría de esfuerzos ya se aplican con la regla fiscal”.
La liberacionista Silvia Hernández también cuestionó el plan por su fuerte recarga a los tributos y porque en materia de recorte al gasto la mayor apuesta descansa sobre la regla fiscal, aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), en diciembre del 2018.
“Es indispensable negociar con el Fondo Monetario, pero debe ser en forma seria. El Gobierno debe dar una muestra de voluntad clara en el recorte de gastos del sector público no esenciales, donde propongo sea incorporando ajustes adicionales al presupuesto ordinario del año fiscal 2021”, señaló en su página de Facebook.
En las filas del PUSC también se oponen a la iniciativa, especialmente a la aplicación de impuestos como principal componente para revertir la compleja situación fiscal que atraviesa Costa Rica.
La diputada María Inés Solís recalcó que la coyuntura actual exige realizar reformas estructurales.
“La mayoría de las propuestas que dio a conocer el Ejecutivo no son de recibo, debemos tener claro que al país no lo vamos a sacar adelante con más impuestos o con planes que vienen a desincentivar al sector productivo y a generar más desempleo, informalidad y pobreza. No se vale seguir poniendo el peso de la crisis sobre los más desprotegidos”, aseveró la congresista.
Rodolfo Peña, jefe de fracción de la Unidad, aclaró que su agrupación política rechaza cualquier planteamiento que impulse la creación de impuestos regresivos que afecten el bolsillo de las personas y desincentiven la inversión privada.
La bancada de Restauración Nacional indicó en un comunicado que no admitirán los nuevos impuestos que propone el Gobierno para evitar una crisis fiscal en los próximos meses.
El PRN pide al Ejecutivo buscar otras medidas para solucionar la adversa situación que vive el país; los diputados señalan que es importante considerar un mayor recorte al gasto público, reducir la evasión y la elusión fiscal, y revisar las exoneraciones.
El bloque de seis diputados independientes afines a Nueva República informó que tampoco apoyarán más tributos.
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Jonathan Prendas, diputado y vocero de la agrupación en el Congreso, fustigó la propuesta del Gobierno que descansa en un 85% en ingresos por la vía de los impuestos.
El legislador considera que esta ruta detendrá la expansión de la economía en la coyuntura de la pandemia donde las personas y empresas requieren de más recursos para fomentar la reactivación.
El equipo económico del Gobierno iniciará una serie de reuniones con las bancadas legislativas entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre para conocer las posiciones de los diputados y buscar acuerdos que permitan modificar el plan antes de arrancar las negociaciones con el FMI el próximo 5 de octubre.
Sin embargo, el recelo de las agrupaciones políticas a aprobar impuestos significa un revés para los planes del Ejecutivo que apuesta un 55,6% del rendimiento anual de la propuesta al tributo que gravaría las transacciones bancarias.
¿Qué propone el Gobierno?
El programa de ajuste fiscal que llevará el Gobierno a la mesa del FMI incluye impuestos temporales como aumentos en el tributo sobre la renta que se cobra a los salarios y a las utilidades de las empresas.
También se incrementará la tasa del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, se aplicaría −en caso de ser aprobado− un tributo a las transferencias bancarias y cheques del 0,3% en los primeros dos años y 0,2% en los siguientes dos años.
En cuanto a tributos permanentes, se enlista el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales tranfronterizos, fortalecer los sistemas digitales de Hacienda y el IVA a la canasta básica; todas estas retenciones fueron aprobadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).
En recorte al gasto se propone la aplicación de la regla fiscal (sin las municipalidades), el proyecto de Ley de Empleo Público, el cierre y fusión de instituciones descentralizadas, suspender las anualidades por tres años, una movilidad laboral voluntaria para 7.000 burócratas y una iniciativa de ley para reducir la deuda política en un 50%.
Se plantea eliminar exoneraciones al salario escolar, a la Caja de Ande, a la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional y a los excendentes de las grandes cooperativas.
La venta de activos solo incluye a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y un grupo de terrenos del Estado.
