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La presidenta legislativa y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, abogan por la creación de una comisión legislativa especial que se encargue únicamente de tramitar los proyectos de ley relacionados con la agenda de estabilidad convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ministra Dinarte indicó que esto permitiría replicar la experiencia del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que implicó tramitar más de una decena de iniciativas legales en un mismo foro dedicado exclusivamente a ello.
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“Estamos interesados en que pueda crearse una comisión especial para ver los proyectos. Sabemos que podría haber interés y anuencia, y consideramos que ese es el mejor mecanismo”, afirmó la jerarca de gobierno, en entrevista con EF.
La presidenta legislativa Hernández indicó que por el momento lo que existe es una propuesta, quien explicó que actualmente los proyectos están en comisiones separadas y en etapa de consultas.
“La pregunta seria y de fondo es si tenemos la posibilidad de crear una comisión especial, para que estos proyectos se vean en una sola comisión y no dispersos. Esta es una posibilidad y no entiendo por qué el Gobierno no lo hizo de esa forma”, afirmó la jerarca, en declaraciones suministradas a este medio por su equipo de prensa.
Según Hernández, trabajar los proyectos en una misma comisión permitiría avanzar más rápidamente con la agenda.
La idea también la confirmó a este medio la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, quien señaló que la idea parece tener buen ambiente y que, al menos la fracción oficialista, la apoya.
Consultado por EF el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, indicó que por el momento solo han escuchado la idea y que esta estará bajo análisis en su fracción. “Desde hace meses en la fracción venimos diciendo q el ejecutivo no ha priorizado bien y que además la agenda del FMI se iba a atrasar”, evaluó.
Para el trámite en una comisión especial, todos los proyectos tendrían que ser reenviados de sus comisiones actuales al nuevo foro.
Idea agrada a Presidente
El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró este 21 de mayo durante la firma del convenio de adhesión a la OCDE que la idea le parece beneficiosa para el trámite de la agenda FMI.
“Yo acojo la propuesta de la presidenta del Congreso de que se genere una comisión para ver los proyectos importantes que tiene el país por delante, particularmente del FMI, porque ahí podemos generar una gran discusión, como lo hicimos en la OCDE”, dijo el mandatario.
La agenda incluye cinco proyectos de ley con impacto financiero directo para el país, incluidos cuatro de materia tributaria.
- El plan de renta global dual, que busca implantar un modelo de renta global para personas físicas que elevaría la cantidad de contribuyentes de ese gravamen.
- El proyecto que plantea un impuesto a los premios de lotería que superen medio salario base (¢231.100).
- Una reforma general al popularmente conocido “impuesto a las casas de lujo”, que impondría una tasa general de 0,5% sobre aquellas viviendas con un costo de construcción mayor a ¢150 millones.
- Una iniciativa que eliminaría algunas exoneraciones (incluida la del salario escolar), estandarizaría en un 15% el cobro a las rentas de capital (y aumentar su tasa en 1,5 puntos por dos años) y adicionaría 5 puntos porcentuales a las tasas sobre las remesas.
- Un proyecto para establecer un aporte solidario por cuatro años de las empresas estatales, en conjunto, de al menos un 0,2% del PIB.
En conjunto, estas medidas representan una cuarta parte del ajuste fiscal esperado para 2023, que principalmente lo componen cuestiones de orden administrativo, como la aplicación de la regla fiscal y algunos decretos, o el eventual efecto de la nueva reforma al empleo público en la tendencia creciente del gasto por remuneraciones.
Otras dos iniciativas cruciales ya están en Plenario legislativo y se votarán en las próximas semanas: la reforma al empleo público y el propio convenio con el organismo multilateral para acceder a una facilidad de Servicio Ampliado (SAF) por $1.778 millones en tres años, previo cumplimiento de la agenda pactada y de las metas fiscales acordadas.
Según indicó la presidenta legislativa en una reciente entrevista con EF los proyectos pendientes requieren de enmiendas y mayor convencimiento de diputados en el Congreso, en donde varias fracciones se declaran opuestas a reformas con tintes impositivos.
