Las cuentas bancarias de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) fueron embargadas por una orden judicial el pasado 10 de mayo. La entidad, que de por sí enfrenta una adversa situación financiera, estiró los pocos recursos disponibles para pagar los salarios de sus empleados en las últimas dos quincenas.

¿Qué sigue? La respuesta no es muy prometedora para una institución que apenas daba sus primeros pasos para tratar de sobrevivir con ayuda de dinero del Estado, un salvavidas que contribuyó a aumentar el déficit fiscal al 7% de la producción nacional al cierre del 2020.

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Lo cierto es que si el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) no retira el proceso judicial, la perspectiva sobre el futuro de esta empresa pública es bastante sombría y llena de incertidumbre.

EF entrevistó a Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la junta portuaria, para conocer los detalles que rodean este embargo.

Golpes y parálisis

¿Cuál es el primer impacto que provocó el congelamiento de las cuentas bancarias?

El primer efecto es que se detiene el proceso de transformación, este plan tiene un eje de reducción de costos que pasa por el adelgazamiento de la planilla, al estar la cuenta para el pago de prestaciones embargada, no podemos prescindir de los grupos de personas que ya estaban programados para salir, porque no podemos cancelar sus extremos laborales en este momento.

El plan de modernización también incluye tercerizar servicios para reducir costos, ¿qué pasará con este rubro?

Ya habíamos hecho análisis de varios servicios importantes para tercerizar, proyectamos cuánto sería la reducción de costos, cuánto dinero libre nos generaría. Pero no podemos lanzar concursos públicos si no tenemos el presupuesto.

¿Qué pasa con el dinero que habían obtenido con estos ahorros?

Los recursos que íbamos a poder ahorrar, liberar y certificar, ahora los tenemos que destinar de nuevo al pago de salarios y gasto corriente, por lo tanto, en este momento no podemos sacar gente ni lanzar concursos para contratar servicios a terceros. No tenemos el contenido presupuestario para hacerlo.

¿Cuánto golpea este embargo la situación financiera de la entidad?

Se produce una erosión acelerada a la ya debilitada situación financiera que teníamos. ¿Por qué enfatizo en la palabra acelerada? El proceso de transformación y nuestras finanzas venían muy, muy, muy ajustadas.

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Incluso, la Ley de Modernización (9.764) nos permite captar hasta ¢10.000 millones de superávits de otras instituciones, pero sólo habíamos buscado ¢3.500 millones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y estábamos siendo muy cautos con esto para tratar de calzar los tiempos entre los ahorros de las salidas de personal, las tercerizaciones de servicios y la transformación de procesos.

¿Cuál es el impacto financiero de detener el proceso de modernización que se aprobó mediante la ley?

La detención de la transformación nos obliga a usar los recursos de los ahorros generados para el pago inmediato de planillas. Esto nos erosiona las débiles finanzas que teníamos y esa brecha entre gastos e ingresos que se estaba cerrando con los ahorros, ahora se echa para atrás y se vuelve a abrir la curva.

Resistir

¿Cuánto tiempo podría resistir Japdeva si se mantienen estas medidas?

Hay varios escenarios, hemos corrido diferentes proyecciones. Nadie previó esta situación, menos el congelamiento de las cuentas operativas. Sin embargo, por los datos que estamos corriendo le podría decir que si este embargo no se levanta casi que inmediatamente, nosotros entramos en una situación de números rojos otra vez en menos de una semana. Ya el daño está hecho, el haber desviado dinero para gasto corriente nos pasa factura.

¿Se suma el embargo al golpe financiero provocado por la crisis del coronavirus?

Claro. Dejamos de recibir 20 cruceros, eso es dinero que no percibió Japdeva. Bajó el consumo de automóviles en el país, entonces los buques que traen carros no entraron con la misma frecuencia que antes, hubo un par de buques que dejaron de venir cada semana y empezaron a atracar cada tres semanas.

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Por negociaciones que hizo la administración se lograron aumentar las paletas de banano, pero las de otras frutas también cayeron. Se conjuntaron los dos fenómenos (el embargo y el efecto del coronavirus), pero ciertamente tener que desviar dinero por dos quincenas a salarios nos va a afectar muy pronto.

¿Qué medidas valoran si la situación no cambia?

Al haberse congelado el proceso de transformación, cualquier medida que tomemos en las próximas semanas sí puedo adelantar que sería muchísimo más drástica y cuando digo eso, es que si tenemos margen todavía para continuar, tendríamos que acelerar el proceso muchísimo y eso demandaría que las cosas que veníamos haciendo con cierta gradualidad ya no se puedan hacer así, sino que se ejecutarían de una forma más acelerada.

La Ley de Modernización les permite buscar superávits de otras instituciones estatales para capitalizarse. ¿Optarán por esta opción?

La habilitación legal está, pero hay que ver si existe disponibilidad de recursos en el aparato estatal. Hay que recordar las condiciones de la emergencia nacional en la que estamos, son escenarios diferentes a los que tuvimos en el pasado.

¿Es una alternativa para un momento crítico?

Es una opción que se valorará, pero esto tiene que ver con capacidad de endeudamiento porque a este punto el embargo nos hace priorizar obviamente pago de planillas, eso significa que vamos a arrastrar más deudas de las que teníamos en pasivos inmediatos. Estamos aletargando o segregando algunos pagos de proveedores y tenemos algunos acuerdos que debemos renegociar.

¿Solicitar superávits podría empeorar entonces la posición de la entidad?

Todo dinero que captemos de afuera básicamente se convierte en una deuda más, porque ninguno de los superávits que traigamos son fondos no reembolsables, sino que son préstamos, entonces se suman a la lista de pasivos que tenemos. Eso debemos evaluarlo para ver qué significa pedir otro superávit o si no hay capacidad porque se convierte en sobreendeudamiento.

Cambio de planes

Japdeva esperaba contratar a extrabajadores de la institución que se organizaron en empresas para venderle servicios tercerizados. ¿Qué efectos tiene el embargo para ellos?

Había dos áreas para la tercerización inmediata. La primera son los servicios especializados en el puerto, sobre todo en el área de mantenimiento, este es un grupo de trabajadores que se viene organizando desde finales de setiembre del 2019 con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y universidades privadas que donaron toda la parte de creación de imagen de la empresa.

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La segunda opción es en servicios de seguridad, los colaboradores se organizaron bajo un modelo de sociedades anónimas laborales. Los dos procesos están listos, nosotros también, pero no hay dinero por el embargo.

¿Se puede negociar o buscar alguna salida al embargo con Sintrajap?

Esto no es una negociación, son medidas de atención ante un proceso judicial interpuesto por una contraparte. Nosotros hemos exhortado y abogado al sindicato a que evalúe cómo ha llevado el proceso y las consecuencias del caso.

¿Qué conversaron con el sindicato?

Dos o tres días de que el juez emitió su criterio, nosotros estuvimos en una reunión con Sintrajap y le preguntamos directamente al secretario general (Antonio Wells) si habían evaluado todos los riegos que podía generar la resolución del Juzgado de Trabajo, en ese momento ellos estaban muy tranquilos porque que querían embargar los recursos de la cuenta bancaria del canon que paga APM Terminals, pero no se imaginaron que se iban a congelar las cuentas operativas y se sorprendieron.

¿Existe una amenaza a la continuidad de la operación de los puertos?

Tenemos planes de contingencia que se valoraron para diferentes escenarios. En la primera semana priorizamos la compra de insumos para que la operación de los puertos no se viera afectada y literalmente recargamos productos básicos y coordinamos cuadrillas, ante el escenario del no pago de salarios eventualmente.

Superamos la primera quincena, ya estamos buscando los fondos para hacer la recarga de suministros nuevamente y volver a coordinar los planes de contingencia. Sí es un riesgo latente que ante la afectación de cuentas, la disminución de recursos llegue a afectar la operación.

¿Cuánto dinero del canon tiene la institución en sus cuentas bancarias embargadas?

Tenemos poco más de $16 millones que corresponden a recursos de los cánones que paga APM Terminals por el desarrollo y explotación de la concesión. Hay tres tipos, el primero es el de fiscalización que es el 1% de las ganancias mensuales, ese de divide en 0,5% que se destina al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y 0,5% que se queda en Japdeva. Eso es un poco más de $1 millón.

Los otros dos rubros son 5% y 2,5% que corresponden a explotación y desarrollo, eso representa poco más de $16 millones en las cuentas.

Este año se iba a regenociar la convención colectiva con los empleados que se quedan y con el sindicato, ¿qué cambios propondrá la administración?

Desde hace poco tiempo existe una nueva normativa en negociación de convenciones colectivas, hay toda una comisión inicial a la que tenemos que pasar.

Lo primero era ajustarnos a los dictámenes de la Sala Constitucional, ya se generó uno referente a Japdeva; el segundo punto es aplicar lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) y, finalmente discutir algunos otros artículos en los que la Sala todavía no se pronuncia sobre la entidad específicamente, pero de los cuales ha emitido criterio en otras convenciones.