El dinero destinado a las principales políticas sociales de Costa Rica se moverá en direcciones muy distintas en 2027. Mientras algunas intervenciones recibirán más recursos, otras enfrentarán reducciones considerables que cambiarán el peso relativo de unas ayudas frente a otras.
El proyecto de Presupuesto Nacional muestra algo más complejo que una simple expansión o una contracción de la inversión social: evidencia una redistribución de recursos entre programas que atienden necesidades y poblaciones muy diferentes, con variaciones que en algunos casos superan ampliamente el 50%.
EF comparó los proyectos iniciales de presupuestos de 2026 y 2027 para identificar dónde se concentra cada movimiento. El resultado muestra una inversión social a distintas velocidades, cuyo origen empieza en una de sus principales fuentes de financiamiento.
Dinero más disputado
Una parte importante de los movimientos tiene un denominador común: el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), una de las principales fuentes de financiamiento de la política social costarricense.
El fondo aporta recursos a intervenciones tan distintas como Avancemos, los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai), el Régimen No Contributivo (RNC), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis) y los subsidios de vivienda.
Para 2027, sin embargo, el fondo enfrenta una obligación que crece extraordinariamente: el financiamiento del seguro de salud para personas sin capacidad contributiva, que pasa de unos ¢2.000 millones en el presupuesto inicial de 2026 a ¢162.410 millones en 2027.
Dicho aumento, según se lee en el proyecto presupuestario, redujo el margen para realizar asignaciones adicionales a otros destinos.
El Ministerio de Hacienda atribuye el aumento al cálculo del subsidio requerido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin embargo, el ministro de Salud, Alexander Sánchez, defendió además la gestión de los recursos como parte de la estrategia gubernamental para atender a esa población.
Menos dinero
Las dos reducciones porcentuales más fuertes encontradas por EF aparecen en recursos destinados a niñez y adolescencia, y personas con discapacidad.
La transferencia de Fodesaf destinada a la protección integral de personas menores de edad por medio del PANI pasa de ¢46.588,8 millones en el proyecto inicial de 2026 a solo ¢21.874,7 millones en el de 2027: una reducción del 53%.
La reducción lleva la transferencia prácticamente hasta el mínimo legal establecido de Fodesaf para el PANI, aunque la institución recibe otras transferencias estatales.
También se registra una caída del 52,4% en el presupuesto de Conapdis. Su presupuesto cae de ¢21.598,6 millones a ¢10.289,6 millones.
Dentro de esas cifras generales, el componente financiado por Fodesaf cae de ¢15.250 millones a ¢2.956 millones: un 80,6%.
También pierde recursos uno de los principales programas presupuestarios de transferencias para estudiantes: el programa Avancemos. Los cuatro componentes analizados sumaban ¢77.770,4 millones en el proyecto inicial de 2026 y alcanzan ¢69.986,9 millones en 2027: una reducción de prácticamente el 10%.
La mayor diferencia, al igual que en el caso de Conapdis, está relacionada con Fodesaf. La transferencia que se recibe desde ese fondo baja de ¢75.246,6 millones a ¢67.566,6 millones.
La rebaja resulta llamativa porque el recién presentado Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030 plantea ampliar la cobertura de Avancemos.
Durante la tramitación del presupuesto de 2026, los anteriores diputados añadieron ¢6.600 millones para el programa; sin embargo, los recursos luego permanecieron bloqueados por parte del Ministerio de Hacienda. Por ese motivo, EF decidió realizar la comparación entre 2026 y 2027 con los proyectos iniciales, que no incluyen dineros retenidos. Si se contemplara el presupuesto aprobado, la reducción sería todavía mayor.
El Conapam también dispondrá de menos dinero. Pasa de ¢24.304,6 millones a ¢21.209,5 millones, para una contracción del 12,7%. Según Kennly García, directora ejecutiva de la institución, la intención es mantener una cobertura cercana a 16.000 adultos mayores.
La jerarca explicó que existen más de ¢2.000 millones previamente girados a organizaciones no gubernamentales que permanecen sin ejecutar en sus cuentas y el proyecto también contempla 13 plazas nuevas para fortalecer la fiscalización de esas entidades.
Ese argumento permite explicar por qué la institución considera posible mantener los servicios con menos recursos; sin embargo, utilizar dinero acumulado y reducir la nueva asignación presupuestaria puede dejar un punto de partida menor para ejercicios posteriores y dificultar la recuperación de esos recursos bajo los límites de crecimiento establecidos por la regla fiscal.
Los Cen-Cinai también pierden un 2,1% de su dinero: su presupuesto pasa de ¢139.339,5 millones a ¢136.424 millones.
Esta comparación, sin embargo, tiene una salvedad. La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto extraordinario este año que redujo en ¢40.000 millones el presupuesto de los Cen-Cinai para reforzar el RNC, bajo el argumento de que esa institución tenía ¢18.605 millones destinados a atención infantil sin ejecutar. Si se contempla esa reducción extraordinaria, el dinero para 2027 más bien crecería.
Los comedores escolares también caen, pero se mantienen relativamente cerca de su nivel anterior. El dinero para este fin pasa de ¢118.692,6 millones a ¢116.974,6 millones, para una disminución del 1,4%.
Los anteriores diputados también habían agregado ¢2.962,5 millones durante la discusión del presupuesto anterior, pero esa adición tampoco forma parte de la comparación realizada por EF. Si se contemplara ese dinero, entonces la reducción sería mayor.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, dijo en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que el sistema educativo público podría tener casi 140.000 estudiantes menos entre 2022 y 2027, principalmente por la reducción de la natalidad. Ese factor, señaló, hace que el MEP se replantee la distribución de sus recursos y su infraestructura.
Dentro del IMAS, la intervención social destinada a atender necesidades básicas de familias en pobreza y pobreza extrema baja un 10,9%. Pasa de ¢37.366,1 millones a ¢33.276,6 millones.
Los recursos para la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) aumentan de ¢32.879,7 millones a ¢33.783,3 millones; sin embargo, durante la aprobación del presupuesto de 2026 los anteriores diputados habían agregado cerca de ¢7.800 millones adicionales que posteriormente no fueron girados. Esa adición tampoco está contemplada en el proyecto de 2027.

Más dinero
En el otro extremo aparece el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi): uno de los grandes programas analizados que registra un crecimiento porcentual y absoluto. Sus recursos pasan de ¢186.914,8 millones a ¢194.370 millones, para un incremento del 4%.
Durante 2026, la Asamblea Legislativa le había retirado ¢30.000 millones a Fosuvi para reforzar el RNC, lo cual haría que el crecimiento sea mayor si se tomasen en cuenta esas modificaciones.
También gana recursos transporte estudiantil, que pasa de ¢52.350,9 millones a ¢55.313,4 millones, para un crecimiento de 5,7%.
La situación implica un contraste dentro de las propias ayudas educativas; mientras Avancemos y comedores pierden dinero, transporte recibe más.
Durante la aprobación del presupuesto de 2026, los diputados de la Asamblea anterior añadieron ¢2.962,5 millones al presupuesto de transporte estudiantil. Esos recursos no forman parte de la comparación inicial realizada por EF y, si se tomaran en cuenta, el monto de 2027 prácticamente no cambiaría.
Por último, la transferencia analizada para el Inamu crece un 2,7%; mientras que las becas postsecundarias y por mérito personal avanzan un 2,4%, aunque constituyen montos considerablemente menores que Avancemos.
Otras prestaciones menores del IMAS en materia alimentaria y de asignaciones familiares también crecen un 2,75%.
Caso aparte: el RNC
El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) es un punto y aparte.
Si bien la transferencia de Fodesaf para este fin pasa de ¢85.076,1 millones a ¢87.414,3 millones entre los proyectos iniciales de 2026 y 2027, el RNC había recibido inyecciones adicionales en el transcurso de este año.
El régimen recibió ¢70.000 millones adicionales mediante un presupuesto extraordinario, obtenidos de ¢40.000 millones originalmente destinados a los Cen-Cinai y ¢30.000 millones de Fosuvi.
Si se toman en cuenta esas inyecciones adicionales de 2026, la comparación con los recursos previstos para 2027 cambia considerablemente. Por eso, el RNC no puede interpretarse únicamente a partir del aumento de 2,7%.
El Gobierno de la República impulsa un proyecto para trasladar un aporte patronal del 0,25% de las planillas que actualmente se destina al Banco Popular hacia el RNC. Según el Ejecutivo, el cambio liberaría ¢37.500 millones; pero la iniciativa apenas inicia su trámite legislativo.
Dos velocidades
Los resultados impiden resumir el presupuesto de 2027 simplemente como un aumento o una reducción de la inversión social en términos generales.
Vivienda y transporte estudiantil reciben aumentos; grandes programas como Cen-Cinai y comedores permanecen relativamente cerca de sus asignaciones iniciales anteriores; Avancemos, Conapam y algunos componentes del IMAS retroceden; y las mayores reducciones aparecen en el PANI y en Conapdis.
Las razones tampoco son idénticas. En algunos casos, la redistribución está relacionada con los cerca de ¢160.000 millones adicionales que Fodesaf deberá destinar al aseguramiento de personas sin capacidad contributiva; en otros, Hacienda o las propias instituciones argumentan que existen recursos acumulados pendientes de ejecutar.
Los recursos se mueven a velocidades y en direcciones distintas.
