EscucharUna nueva versión del Presupuesto Nacional será enviado por el Gobierno de la República a la Asamblea Legislativa este 1.° de septiembre, como cada 12 meses, con las estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año.
El Presupuesto Nacional incluye las asignaciones del Gobierno Central para el pago del servicio de la deuda pública, las pensiones con cargo al presupuesto, los ministerios del Poder Ejecutivo y el financiamiento de los demás Poderes de la República: la Asamblea Legislativa y sus instituciones adjuntas, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El plan de gastos debe pasar por todo un proceso de control parlamentario, según establece la propia Constitución Política. Además, se rige por una serie de normas adicionales relacionadas con limitaciones de gasto y montos mínimos para algunas instituciones.
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¿Qué debo saber sobre este mecanismo que se actualiza cada año? Estas son las principales consideraciones:
¿Qué es el Presupuesto Nacional?
El Presupuesto Nacional es el medio de planificación financiera más importante del Gobierno Central para cada año. En él, se definen los montos que se deberán asignar para cumplir con los objetivos de política pública del país; así como sus respectivas fuentes de financiamiento (endeudamiento, impuestos, transferencias, etc.).
En total, el presupuesto establece los recursos máximos que se podrán girar a 26 entidades, divididas en las siguientes subcategorías:
- Servicio de la deuda
- Pensiones con cargo al presupuesto
- Poder Ejecutivo (Presidencia, 18 ministerios y órganos desconcentrados)
- Poder Legislativo (Asamblea Legislativa y órganos adscritos)
- Poder Judicial
- Tribunal Supremo de Elecciones
El presupuesto tiene una vigencia anual. Es decir, se presenta para conocimiento legislativo a finales de cada año y rige por un período de 12 meses a partir del enero siguiente.
¿Cuáles son las fechas claves de su trámite legislativo?
La Constitución Política señala que el Poder Ejecutivo deberá enviar su plan de ingresos y gastos para conocimiento del Congreso a más tardar el 1.° de septiembre de cada año. Asimismo, señala que la Ley de Presupuesto debe quedar aprobada a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Si el proyecto de presupuesto nuevo no se aprueba hasta entonces, entonces regirá el mismo presupuesto del año en curso para el siguiente período.
Además de esas fechas, el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece una serie de límites adicionales para la realización de enmiendas, la presentación de informes y la votación final de los expedientes en Cuesta de Moras:
- 1.° de septiembre: Fecha límite para la presentación del proyecto y su envío del mismo a la Comisión de Asuntos Hacendarios
- 1.° de octubre: Fecha límite para presentación del primer informe de subcomisión (recomendaciones previas sobre cambios al expediente) en la Comisión de Hacendarios
- 15 de octubre: Fecha límite para presentar propuestas de cambio al presupuesto en la Comisión de Hacendarios
- 20 de octubre: Fecha límite para votación final del presupuesto en Comisión de Hacendarios
- 25 de octubre: Fecha límite para emisión de los dictámenes respectivos relacionados con la votación en la Comisión de Hacendarios
- 1.° de noviembre: Fecha límite para inicio de la discusión del presupuesto en el Plenario legislativo. Una vez arranca ese trámite, los congresistas tienen cinco días para presentar propuestas de modificación adicionales al texto.
- 27 de noviembre: Fecha límite para la votación del presupuesto en primer debate
- 29 de noviembre: Fecha límite para la votación del presupuesto en segundo debate
¿Cuáles son las principales obligaciones de ley que debe seguir el plan de gastos del Gobierno?
El Presupuesto Nacional tiene amarras de gasto y pisos mínimos para algunas inversiones.
Una de sus principales limitaciones es la regla fiscal que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), aprobada a finales de 2018; la cual establece limitaciones al crecimiento del gasto presupuestario a partir de criterios como el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el acumulado de endeudamiento del Gobierno Central.
Para el año 2023, la regla fiscal implicará un tope para el crecimiento del gasto público de 2,56%, al encontrarse el país en el escenario de mayor restricción que prevé esa norma. Esta señala que el crecimiento del gasto interanual no podrá superar el 65% del crecimiento promedio del PIB en los últimos cinco años cuando la deuda supere el 60% de la producción al cierre del ejercicio presupuestario del año anterior.
La Constitución Política, además, establece que el Gobierno deberá destinar al menos un 8% del PIB para inversiones en educación y asignar hasta un 6% de sus ingresos ordinarios para satisfacer las necesidades del Poder Judicial; aunque no existen sanciones reales por incumplimos dichas indicaciones (como suele ser la costumbre).
¿Cómo suele dividirse?
El último proyecto de Presupuesto Nacional incluyó gastos por ¢11,5 billones. Sin embargo, solo ¢6,5 billones (un 56,7%) de ellos correspondieron a gasto público efectivo.
¢4 billones del total (el 43,3% restante) se añadió para el pago de endeudamiento.
Además de la deuda pública, los títulos presupuestarios que suelen recibir una mayor cantidad de recursos son: el Ministerio de Educación Pública (22,3% del presupuesto en 2022); los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto (un 9,7%); el Ministerio de Trabajo (un 4,9%), el Poder Judicial (un 4,1%) y el Ministerio de Obras Públicas (un 3,6%).
Todo el resto de entidades apenas recibieron este año una décima parte del presupuesto como un todo.
¿Cómo se financia el plan de gastos?
A pesar de que el artículo 176 de la Constitución Política señala que, “en ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”, es una costumbre que el Presupuesto Nacional sea deficitario y deba financiarse en gran medida con nuevo endeudamiento. Es decir, que una gran cantidad de los gastos que incluye se deben cubrir con más deuda pública.
Para el presupuesto del año en curso, el Gobierno señaló en 2021 que el país tendría ingresos por ¢6,1 billones y que la diferencia entre esos ingresos y los gastos estimados en ¢11,5 billones se tendrían que conseguir a través de nuevo endeudamiento.
¿Todo el presupuesto se gasta?
Los recursos presupuestados no siempre se gastan en su totalidad. Por el contrario, muchas instituciones subejecutan parte de los recursos que se les giran, motivo por el cual finalmente gastan menos de lo que habrían podido.
Entre otros motivos, es por eso que es posible que el presupuesto de 2022 haya reflejado una relación negativa de unos ¢400.000 millones entre los ingresos y los gastos del Estado que no se relacionan con la deuda; pero realmente se espera que el Gobierno Central cierre el año con un superávit primario equivalente al 0,7% de la producción en ese rubro (unos ¢300.000 millones, aproximadamente).
Otro factor que puede variar e incidir en esa línea es el comportamiento de los ingresos. Las fuentes contempladas por el presupuesto no son más que estimaciones, las cuales se realizan con base en el comportamiento de los años anteriores pero pueden enfrentar variaciones. Por ejemplo, los ingresos tributarios pueden decaer ante catástrofes, como la pandemia de la covid-19 en 2020, o subir en momentos de elevada inflación o de reformas tributarias que así lo permitan.
¿Es un presupuesto definitivo una vez que se aprueba?
El Presupuesto Nacional que se aprueba antes del inicio de cada año no es definitivo.
El plan de gastos puede recibir modificaciones a través de presupuestos extraordinarios, cuando se consideren pertinentes, para incluir nuevos gastos inesperados o más bien para reducirlos.
Los presupuestos extraordinarios, sin embargo, solo son una prerrogativa del propio Poder Ejecutivo. En otras palabras, solo el Gobierno mismo puede impulsarlos.
