La propuesta de Presupuesto Nacional 2020 que llegó a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de agosto es un documento que envía señales políticas en tiempos de incertidumbre, que pretende convencer a los diputados, pero que al mismo tiempo plantea preocupaciones para un futuro, no tan lejano.

Es cierto que el proyecto de ley (21.568) cumple con la regla fiscal holgadamente. El gasto, que podía crecer un 4,6% para el próximo año, apenas tendría un alza del 3,9%.

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El texto también plantea una reducción del monto total del presupuesto que cayó de ¢10,9 billones en 2019 a ¢10,5 billones para 2020. La variación porcentual interanual también es negativa y registró un -4,3%, la primera reducción en la última década.

El proyecto inició su camino en el Congreso para conseguir la aprobación en dos debates antes del próximo 29 de noviembre. Los diputados quieren detenerse a revisar temas puntuales como el traslado de algunas transferencias corrientes a gastos de capital con el objetivo de asegurar la inversión.

Una de las preocupaciones es que para el 2020 los intereses crecerían menos que en los tres años previos, pero su peso en las finanzas del Estado y en el Producto Interno Bruto (PIB) se mantendrá al alza.

Las buenas señales

La señal más importante que envía el Gobierno a los diputados es que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) rindió sus primeros frutos cuando todavía no se implementa por completo. Hace falta la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tarifa del 1% a los productos de la canasta básica, tributo que se cobrará a partir del 1.° de julio del 2020.

Otros servicios relacionados con la construcción y el turismo tendrán tasas diferenciadas durante un periodo de cuatro años.

Pese a esa situación, los ingresos tributarios crecen un 6,3% en la propuesta presupuestaria del próximo año con respecto a la del 2019. Además, el financiamiento se obtendría primordialmente con impuestos (52%) frente recursos provenientes de la deuda (48%).

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La lectura inicial de los congresistas, en cuanto a señales políticas, es positiva.

“El presupuesto viene a su primera fase con datos interesantes por parte del Ministerio de Hacienda, que cumpliera con la reforma fiscal era un elemento fundamental, el tema de la contención de gasto también es importante”, indicó Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Restauración Nacional (PRN) calificaron como “positiva” la propuesta de presupuesto que presentó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Sin embargo, las señales apenas sirven para suavizar el inicio del camino del proyecto de ley en Cuesta de Moras, el siguiente paso es convencer a los diputados .

Temores legislativos

Una de las principales barreras que enfrentará el texto del Gobierno para convertirse en ley con pocos cambios, es el antecedente del 2019 que dejó la aprobación de un presupuesto ordinario y cuatro extraordinarios.

El más reciente fue aprobado el 23 de julio con el objetivo de inyectar recursos de emergencia por ¢5.753 millones para pagar salarios durante tres meses a los empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Los legisladores no olvidan la aprobación de un presupuesto extraordinario por más de ¢600.000 millones, en setiembre del 2018, para tapar el hueco financiero que heredó el gobierno de Luis Guillermo Solís al de Carlos Alvarado.

“Yo no quiero recibir del todo bien el Presupuesto Nacional 2020, ni aplaudirlo, hasta que pase un año y no vengan más presupuestos extraordinarios. No queremos que suceda lo que pasó este año, que se enviaron varios adicionales para cubrir cosas que debieron ser previstas”, aseguró María Inés Solís, jefa de fracción del PUSC.

Los temores en el Congreso también se centran en el traslado de transferencias corrientes a gastos de capital, sobre todo en el caso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el próximo año recibirá ¢512.781 millones de los cuales cerca de ¢70.000 millones se destinarán a inversiones.

Otra partida que se condicionó bajo ese formato corresponde a ¢6.000 millones que pasarán del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) al Ministerio de Educación Pública (MEP), para invertirlos en equipamiento e inversiones, explicó Aguilar durante la comparecencia ante la Comisión de Hacendarios el jueves 4 de setiembre.

Preocupaciones cercanas

Otras preocupaciones de los diputados se centran en el crecimiento del pago de los intereses y el futuro del nivel de la deuda.

El 48% del presupuesto se financiará con deuda y el resto con los recursos se obtendrán por impuestos. Este rubro era mucho mayor en el proyecto del 2019 (53,5%).

Mientras que los intereses y comisiones llegaron a ¢1,9 billones en la propuesta presupuestaria del 2020, la cifra significa un aumento de ¢313.668 millones con respecto a este año.

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Otro de los puntos es el aplicación del IVA sobre el gasto de las instituciones públicas lo que implica reducir los recursos disponibles en sus presupuestos para trasladarlos a Hacienda.

“Este presupuesto se hizo con base en una metodología diferente a los anteriores porque se ajusta a la reforma tributaria, por eso no es de recibo que se diga que es el proyecto con mayor decrecimiento histórico porque ahora se trabaja sobre gasto corriente y de capital para cumplir con la regla fiscal”, agregó Ana Lucía Delgado.

Aunque el proyecto de ley reporta una reducción del déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin intereses) que pasó del 3,6% este año al 2,7% en 2020, el efecto sobre el déficit presupuestario es menor ya que caerá de 8,1% a apenas 7,8%.

Los datos del presupuesto se alejan mucho de las proyecciones presentadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la Revisión del Programa Macroeconómico 2019-2020. En este documento se estimó que el déficit financiero sería mucho menor y cerraría este año en 6,3% hasta caer al 6,1% al cierre del próximo año.

Estas diferencias en los datos presentados por el Central y Hacienda en dos documentos oficiales, también generan preocupación en los congresistas en el proceso de discusión del presupuesto.