EscucharLos cuestionamientos a la contratación de la firma Open English y al formulario para becas del programa Hello Brete, impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), continuan surgiendo desde diferentes sectores, en particular de diputados electos y actuales y una exdirectora del INA.
La iniciativa brinda en su inicio 500.000 becas para estudiar inglés a través de la plataforma de la firma Open English. La contratación se formalizó mediante la adjudicación al consorcio Say Pura Vida, del que también es parte Radiográfica Costarricense S. A.
Ni Open English ni Racsa respondieron todavía las consultas enviadas por El Financiero sobre las críticas planteadas públicamente.
Proceso bombardeado
En el caso del programa Hello Brete se realizó una licitación pública internacional en la que participaron otras compañías y donde fue elegido el consorcio Say Pura Vida! by Open Education & Racsa.
Tras el lanzamiento público del programa en la Antigua Aduanas durante una feria de empleo, surgieron diversos cuestionamientos. En ese evento estuvieron presentes autoridades del Poder Ejecutivo y Andrés Moreno, fundador de la firma Open English.
La Contraloría General de la República publicó el jueves, ante diversas consultas, un resumen de los recursos de objeción presentados por otras firmas que concursaron a la adjudicación a favor de Say Pura Vida.
El Financiero consultó al INA su postura sobre los cuestionamientos que plantearon las diferentes compañías que participaron en el proceso de licitación y que no resultaron adjudicatarias.
El INA no respondió sobre los recursos planteados ante la Contraloría y solo indicó que el contrato establece que el costo por licencia es de $82,99 anual, unos $6,92 mensuales. Se trata de unos $41,5 millones por año por las 500.000 becas iniciales.
“Se trata de una contratación según demanda y de cuantía inestimada, lo cual permite comprar de manera congruente con la demanda recibida”, explicó la entidad.
Dudas sobre datos exigidos
En el formulario que las personas interesadas en una beca para estudiar inglés con Open English se solicita información personal que un experto legal considera que es innecesaria. Además, preocupa el tratamiento y la responsabilidad de su gestión de esa información.
La primera preocupación es que la solicitud exige información personal que no está permitida por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales en Costa Rica (N° 8968), aprobada en 2011, y que no sería necesaria para una solicitud de beca o ayuda pública.
“La Prodhab tiene fundamentos sólidos para abrir una revisión de oficio y corregir esta situación”, dijo Mauricio París, socio de Ecija Legal y especialista en derecho digital, en respuesta a la consulta de El Financiero. “Un ciudadano que quiere aprender inglés termina entregando sus datos biométricos, su orientación sexual, su etnia y su condición de salud sin saber realmente a quién se los está entregando, sin un consentimiento verdaderamente libre y sin certeza de dónde termina su información”.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) es la entidad pública, que garantiza a toda persona su derecho fundamental a la autodeterminación informativa.
El INA, a través de su oficina de prensa, respondió que los datos solicitados en el formulario de Hello Brete se utilizan exclusivamente para fines estadísticos y para el cumplimiento de las obligaciones legales e institucionales ante entes de control del Estado, “permitiendo evaluar el alcance e impacto de los servicios”.
La entidad argumentó que el tratamiento de estos datos se realiza conforme a la normativa vigente y a lo establecido por la Ley 8968, “todo en concordancia con verificación de regulaciones” establecidos por la Prodhab.
Según el INA se garantiza “en todo momento su confidencialidad, mediante los instrumentos jurídicos debidamente formalizados cómo de la contratación”.
“Esta práctica no es exclusiva del programa, es parte de los procesos institucionales de matrículas en el INA”, recalcó la entidad. “En ningún caso los datos condicionan el acceso al servicio; su suministro es voluntario y todas las preguntas incluyen la opción ‘prefiero no contestar’, por lo que, en garantía de la correspondiente confidencialidad, no se limite el derecho de la persona para obtener el servicio”.
