Era diciembre de 2022 y Costa Rica se preparaba para cerrar el año con más de 650 homicidios: la cifra más alta desde la Guerra Civil hasta entonces. Consultado sobre el asunto, el presidente Rodrigo Chaves pidió que evaluaran la gestión de su gobierno a partir de enero de 2023.
El mandatario dijo que es un hombre “de indicadores de desempeño” y alegó que su entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres, había recibido un ministerio “en ruinas”.
Por eso, aseguró, lo justo era medir al Gobierno desde el primer día del nuevo año.
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En aquel entonces, Chaves reconoció que todas las sociedades registran homicidios, pero admitió que ya eran “demasiados” para un país como Costa Rica. También dijo que muchos de esos crímenes eran “evitables”, en referencia a los ajustes de cuentas y a las disputas por territorios para la venta de drogas. “Yo creo que sí podemos reducir mucho”, aseguró.
Las cifras, sin embargo, no dejaron de crecer desde el siguiente enero.
Por el contrario, 2023 marcó un antes y un después en la historia criminal de Costa Rica, y los homicidios crecieron un 42% en los 32 meses posteriores.
La mancha homicida no se contrajo, ni se redujo su intensidad. Más bien se expandió y se profundizó donde ya existía.
El tamaño del problema
En los 32 meses que prosiguieron al 1.° de enero de 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró un total de 2.331 homicidios en 80 cantones de Costa Rica. Eso representó un incremento de 690 casos, el 42%, frente a los 32 meses previos.
Ese crecimiento se vio sustentado por subidas en 52 de los 84 cantones que componen el país; sin embargo, el incremento fue más pronunciado en algunos.
Por ejemplo, en el cantón central de San José se duplicaron los casos; mientras que en otros territorios como Limón, Alajuelita, Nicoya, Puntarenas, Matina, Quepos, Parrita y Santa Cruz también se registraron subidas de 30 o más casos.
Pero no solo en esos cantones ocurrieron subidas significativas.
En los últimos 32 meses, hubo hasta 21 cantones (uno de cada cuatro) en donde los homicidios fueron 10 o más que en el período de 32 meses inmediatamente anterior.
En contraposición, solo hubo cuatro territorios (uno de cada 20) donde se presentaron reducciones de la misma magnitud.
Las estadísticas recogen principalmente ajustes de cuentas, pero también otros tipos homicidios como los de víctimas colaterales. Este es un fenómeno que también ha crecido de forma relevante en los últimos años, según datos del OIJ previamente publicados por EF.
2023 resultó ser un punto de inflexión para la violencia homicida. Sin embargo, no de forma positiva, como esperaba el Poder Ejecutivo a finales del 2022. La tasa de homicidios cerró en 16,6 por cada 100.000 habitantes en este 2024, y hoy es la séptima más alta de toda América Latina solo por debajo de Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras y México, según los registros de Insight Crime.
División institucional
Según Tania Molina, criminóloga y experta en crimen organizado, el Gobierno ha tenido una gran dosis de responsabilidad en la crisis de inseguridad actual. No solo considera que no ha sabido unir al Estado, sino que más bien lo ha fragmentado con los constantes ataques del presidente Chaves a magistrados, diputados y demás contrapesos del Poder Ejecutivo.
“Con esa narrativa, en la que incluso se ha buscado hacer marchas para pedir renuncias de las autoridades más importantes del país, difícilmente se puede articular una política de Estado”, subrayó.
La marcha a la que hace alusión Molina fue la que ocurrió del 18 de marzo pasado, en la que el presidente Chaves participó y en la que un grupo de manifestantes exigía la renuncia del fiscal general de la República, Carlo Díaz.
Esa división entre poderes dificulta atacar las causas del problema. Si bien muchos factores que propician la criminalidad homicida son externos, como la mayor producción de drogas en Sudamérica, la sofisticación de los grupos criminales y su búsqueda de nuevos territorios y mercados para controlar; también hay muchos que son internos y que requieren de una respuesta coordinada de las autoridades como la pobreza, la crisis educativa, la corrupción institucional, el financiamiento y las estrategias nacionales para las policías y la judicatura del país.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, coincide con el análisis de Molina y en una reciente entrevista con EF dijo observar “animadversión” del Gobierno con el Poder Judicial.
El jerarca de la policía judicial recordó que la Asamblea Legislativa aprobó una partida presupuestaria de ¢9.346 millones desde hace varios meses para financiar la creación de 75 nuevos puestos en el Ministerio Público y 255 en el OIJ, pero el Poder Ejecutivo se ha rehusado a girar los recursos hasta el momento bajo el argumento de que se tomarían recursos que originalmente se pensaban para pagar intereses de la deuda.
Ese argumento, sin embargo, es rebatido por los diputados de oposición; los cuales consideran que la partida del servicio de la deuda suele estar “inflada”. Así lo dijo este 1.° de septiembre la liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios; quien recordó que en las últimas liquidaciones presupuestarias se han registrado subejecuciones de varias decenas de miles de millones.
En el proyecto de Presupuesto Nacional para el próximo año, el Gobierno sí planteó incrementar la inversión en seguridad, pero no de manera uniforme. Incluyó un aumento del 9,7% (unos ¢31.500 millones) para crear plazas y adquirir equipos en el Ministerio de Seguridad a cargo del Ejecutivo; pero solo del 0,2% (unos ¢1.200 millones) para el Poder Judicial.
Según Molina, la aparente desconexión entre autoridades profundiza el problema y dificulta la reversión. Con base en la teoría, aseguró, superar una crisis como la que vive actualmente Costa Rica suele requerir de hasta 10 o 15 años para diseñar y poner en marcha las reformas requeridas; sin embargo, la ausencia de un Estado que trabaje en conjunto frena cualquier posibilidad de alcanzar esa meta.
“Se requieren años y hasta ahora el Estado y las instituciones se han dedicado a pelear. Claro... porque el Poder Ejecutivo quemó todos los puentes desde el principio”, reprochó.
No se está caminando
Randall Zúñiga considera que el país necesita invertir mucho más para disminuir la exclusión social, mejorar el control penitenciario y darle más capacidades a las policías. Según dice, estas son condiciones básicas para frenar la expansión de la criminalidad entre la población y para controlar los territorios que hoy quieren tomar los grupos delictivos.
Sin embargo, su diagnóstico es negativo, al menos hasta el momento. “No se está haciendo ese esfuerzo extra”, declaró.
Al igual que Molina, Zúñiga también cree que la división en las instituciones del Estado ha propulsado el fenómeno delictivo en los últimos años y comparó la situación con la de una familia en la que los padres no se ponen de acuerdo sobre cómo lidiar con sus hijos, y entonces pierden autoridad.
“Si no se nos ve unidos, con una narrativa conjunta o de cohesión”, subrayó, “la criminalidad difícilmente va a considerar que existe una cruzada en contra de ellos; más bien verá las fisuras y las grietas”, añadió.
En meses recientes, el propio presidente Chaves llegó a decir a mediados de agosto que la crisis de seguridad se está exagerando y que el problema “no es tan grande como lo quieren poner”.
Molina considera esos planteamientos “una falta de respeto”.
“Al final, las consecuencias son para todo el país, para la economía, para el turismo, para las víctimas colaterales... Que sea violencia ligada al narcotráfico no es un atenuante, es una desgracia igual o peor. Toda la violencia narco implica violencia colateral, que tengamos miedo, que no haya paz, que podemos ser víctimas todos en cualquier momento, en cualquier rincón”, concluyó.
