En solo cuestión de dos semanas, Costa Rica recibió dos noticias por parte de sus autoridades. Ni agua, ni electricidad. Ningún suministro está asegurado en casa.
Primero fue el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado (AyA). “En estas condiciones, donde los caudales de las fuentes superficiales se han reducido hasta un 85%, es imposible garantizar el agua las 24 horas del día”, dijo Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de la entidad, el 23 de abril.
Luego fue el turno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La institución comunicó este 6 de mayo que activó los procedimientos de coordinación para racionar el servicio eléctrico a partir del 13 de mayo con cortes de hasta dos o tres horas, producto del “descenso crítico” en los caudales de las represas hidroeléctricas.
¿Qué está pasando y cómo llegamos hasta aquí?
Electricidad
El ICE anunció este 6 de mayo una situación de “posible insuficiencia” eléctrica por dos factores: la reducción de los caudales en los embalses de las represas hidroeléctricas por los efectos del fenómeno de El Niño y el incumplimiento por parte de proveedores de plantas térmicas que el ICE había contratado para enfrentar la época seca.
La caída en la producción hidroeléctrica, geotérmica, por bagazo, fuentes eólicas y solares ha sido notoria en los últimos meses. La generación pasó de 2,78 millones de megavatios hora (MWh) en el primer trimestre de 2023 a 2,52 millones en el mismo período de 2024; es decir, cayó un 9%.
En tanto, la demanda pasó de 2,98 millones de MWh a 3,22 millones; es decir, creció un 8%.
Estos datos refrendan el planteamiento del ICE sobre el fenómeno de El Niño. La ausencia de lluvias afectó a la producción hidroeléctrica —el principal medio de generación eléctrica del país—, la cual se redujo hasta un 14,5% hasta marzo, según los registros del informe mensual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para esa fecha.
Y también es comprobable el incumplimiento de las plantas térmicas. El ICE contrató a dos empresas privadas para la generación de electricidad con diésel en octubre de 2023, con la intención de llenar ese vacío que dejó la producción a través de agua y otras fuentes en los últimos meses; sin embargo, el gerente de Electricidad del ICE, Roberto Quirós, indicó que hubo un incumplimiento de su parte que aceleró el agotamiento de las reservas hídricas del país.
“Los proveedores se atrasaron con la fecha garantizada de entrada en operación. Las plantas tenían que haber entrado en operación en la primera semana de febrero. En enero empezamos a recibir señales de que se iban a retrasar, nos dijeron que estaban teniendo problemas con aduanas. Pero ahí el ICE no tiene nada que ver. Hubo problemas en entradas de transformadores, en entradas de motores, diversos componentes se fueron atrasando, y los bloques fueron teniendo diferentes fechas de entrada. El último bloque se incorporó hacia finales de marzo. Pero esos dos meses de atraso crearon un gran hueco y nos obligó a consumir más los embalses”, narró a EF en una entrevista.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) indicó que el hecho de que el ICE active los procedimientos para eventuales racionamientos ocurre porque se percibe un riesgo latente de agotamiento de las reservas hídricas en cuestión de días.
Sobre los eventuales cortes, Quirós indicó que se aplicarían suspensiones de dos o tres horas, como máximo, y que no afectarían a los clientes de servicios de alta tensión, del sector industrial, hospitales y principales centros de salud.
Todos los proveedores del servicio a nivel nacional tendrían que comunicar los detalles específicos a sus abonados.
Diversos sectores también critican al ICE y afirman que no todo era imprevisible. A pesar de las aclaraciones del Instituto, la entidad enfrenta reproches por acciones y omisiones, antiguas y recientes, que hoy hacen que sea más difícil maniobrar con la escasez de recursos para producir electricidad.
Una de las principales críticas tiene que ver con sus estimaciones fallidas de demanda eléctrica y sus elevadas exportaciones de electricidad en 2022. En aquel año, el ICE estimó un crecimiento de la demanda de solo un 1,9% para 2023, pero finalmente fue de 3,56%. Asimismo, la institución se colocó como el mayor exportador energético de Centroamérica en ese año, a pesar de que ya se visualizaba la posibilidad de experimentar fenómenos climatológicos como El Niño.
Además, los generadores privados y las representaciones industriales le reprochan al ICE que se mantengan desconectadas algunas plantas que se apagaron a partir de 2020, ante el proceso iniciado por el Instituto para recortar sus inversiones. Según Mario Alvarado, de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), estas plantas son pocas, pequeñas y también hidroeléctricas, por lo que “sufren los mismos problemas que están sufriendo todas las plantas del sistema eléctrico”. Sin embargo, agregó que en este momento “cualquier kilovatio cuenta”.
Estos mismos sectores también critican que el país no avanzó lo suficientemente rápido para modernizar su modelo de mercado eléctrico y amplificar la oferta, a niveles óptimos y con capacidad de respaldo. Consideran que el anuncio sobre posibles apagones pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de discutir la apertura del sector a la competencia, para fortalecer la capacidad productiva.
Según Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), el marco normativo actual es “rígido y limita las inversiones en generación eléctrica renovable”. Similar opina Alvarado, quien agregó que el país aprendió poco de los racionamientos que ya se vivieron en 2007 y más bien retrocedió en los últimos años.
“En 2018 y en 2020 salieron planes de expansión que hablaban de que teníamos un montón de energía y de que no íbamos a ocupar más por los próximos 15 años; se dijo que se iban a eliminar y a atrasar inversiones, sacando a todos los privados de los contratos, y eso se aplicó; pero la variabilidad climática es un tema cíclico y las decisiones que se tomaron en esos momentos son las que nos tienen ahora en esta situación tan complicada”, consideró.
En la Asamblea Legislativa actualmente se tramita un proyecto de ley con el fin de abrir el mercado eléctrico y crear un mercado mayorista; sin embargo, una reforma política solo tendría efectos hacia el futuro y no en el corto plazo. Aún así, tanto la CICR, como Acope y otras organizaciones como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) llamaron a acelerar el trámite de la iniciativa.
En los últimos meses, el gobierno actual ha reactivado múltiples contrataciones de plantas privadas. Sin embargo, el sector reprocha que en los últimos años se frenó su capacidad de crecimiento y expansión. “Al país le va a costar mucho recuperarse, no es cuestión de un mes, pueden pasar años, los embalses están muy bajos”, lamentó Alvarado; “pero no hay nuevos activos energéticos entrando en el sistema”, agregó.
Agua
Pero los problemas de planificación no solo afectan el suministro eléctrico, sino también al de agua.
Según advirtió Juan Manuel Quesada, nombrado presidente del AyA en enero, “el agua sobra en Costa Rica”, pero “no ha habido es obra pública para sacar esa agua de donde sea y llevarla a los puntos de demanda”.
En una reciente entrevista con EF, aseguró que todas las obras determinadas como necesarias por la institución tienen un valor estimado de $2.000 millones, pero que se podrían empezar a acelerar algunas soluciones prioritarias con unos $500 millones. El nuevo jerarca criticó la situación de la entidad, e incluso señaló problemas de ejecución presupuestaria durante los primeros dos años del actual gobierno.
En tanto, la población también sufre los estragos de la variabilidad climática, que reducen la ya limitada capacidad de la infraestructura vigente del país. También lo hacen la contaminación de las fuentes y de los puntos de abastecimiento, y otros factores adicionales.
En 2023 hubo una menor precipitación en ciertas áreas del país, lo que ocasionó que la recarga en los acuíferos fuera menor a la de años pasados. Por este motivo, entre otros, los vecinos de Alajuelita, Hatillo y otros sectores del sur de San José han tenido que acostumbrarse a cortes de agua recurrentes, aunque la situación se ha expandido a otros cantones como Coronado e incluso poblados fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
“A nivel general podríamos decir que Costa Rica tiene agua”, comentó la investigadora del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Universidad Nacional, Alicia Fonseca. “Pero la distribución no es la misma en todo el país”.
El aumento de población, especialmente en las zonas urbanas, y el uso incontrolado del agua por parte del consumidor final también empeoran el panorama, según los expertos.
En cuanto a los casos de contaminación, todavía está fresco el recuerdo de los problemas registrados en una de las fuentes de captación en Guadalupe. Esta situación, junto con el inicio de la época seca, provocó un desequilibrio entre la oferta y la demanda del AYA, que provocó situaciones de desabastecimiento en muchos sectores del acueducto metropolitano, según la entidad.
“A partir de esa afectación, el sistema del acueducto metropolitano no pudo recuperarse y con la entrada de la época seca prosiguió altamente afectado”, indicó.
El Instituto evitó mencionar cuántos abonados están percibiendo cortes de agua. Sin embargo, dentro de los sectores que presentan mayores afectaciones están Alajuelita, las partes altas de Escazú, Salitral de Santa Ana, San Juan de Dios, San Rafael Abajo y Arriba, Hatillo, San Sebastián, Paso Ancho, 15 de Setiembre, Mata Redonda, Pavas, San Francisco de Coronado, Ipís, Mata de Plátano, San Jerónimo de Moravia y Las Cruces de San Pablo.
También existen otras comunidades donde se ejecuta un abastecimiento controlado para realizar trasvases entre sistemas, con el objetivo de aminorar la afectación de las zonas más perjudicadas. Entre ellas están sitios como Tres Ríos, Mora, Montes de Oca, San José o Tibás.
La escasez de agua ya ha generado conflictividad jurídica y social. Por ejemplo, se ha registrado un aumento de trámites ante la Sala Constitucional y de protestas en carreteras claves en Circunvalación, Coronado y Alajuelita.
Fonseca aseguró que el país también tiene debilidades en capacidad de almacenamiento, lo que obliga a hacer racionamientos. Esto se puede solventar con tanques para almacenar agua, pero la burocracia o la falta de recursos limitan la construcción de los mismos.
La investigadora agregó que el país carece de balances hídricos locales. Es decir, los acueductos municipales y las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) desconocen la disponibilidad de agua real con la que cuentan y cuánto puede crecer el sistema. Otro punto que empeora la situación es el agua no contabilizada (aquella que se pierde por fugas y conexiones ilegales) y que, según datos de años anteriores, representa cerca del 50% del total producido.
De nuevo, carencias de planificación.
¿Soluciones?
El escenario no es precisamente el más alentador en ninguno de los campos afectados. Las soluciones estructurales toman tiempo y las climáticas están fuera del control humano.
La necesidad de lluvias es inminente; sin embargo, estas tendrían un efecto mucho más directo sobre la producción eléctrica que sobre el suministro de agua potable. El motivo es sencillo; el proceso de infiltración y recarga hacia los acuíferos no ocurre de forma inmediata e incluso puede tardar meses, según Fonseca. Las primeras lluvias del año podrían visibilizarse en el caudal de los acuíferos hasta agosto o septiembre, aunque todo depende de factores como el estado del suelo.
Según Juan Manuel Quesada, el AYA tiene unos 43 proyectos de inversión por $520 millones para dar soluciones a mediano plazo a través de nuevas fuentes, plantas potabilizadoras, tanques y cambios de tuberías. Pero todo ello implica la realización de estudios, licitaciones y “un plazo razonable para ejecutarlas”, advirtió.
En una comunicación directa con este medio, el AyA confirmó que están en proceso dos proyectos de mejora al sistema de abastecimiento de agua potable en San José. Uno de ellos es sobre la impulsión desde La Uruca hasta los tanques del sur de la ciudad, el cual está en licitación; el segundo es una intervención a un tanque en La Uruca también, que está en ejecución. Ambos suman un costo de $15 millones. Pero nada es inmediato.
Por otro lado, generadores privados, industriales y hasta las propias autoridades de ICE abogan por una apertura del mercado eléctrico, a través del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414). Desde el punto de vista del ICE, el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica obligará al Instituto a realizar inversiones multimillonarias en los próximos años, las cuales no puede hacer en solitario porque no tiene la capacidad de endeudamiento.
“Para los próximos 10 años, el país necesita como $3.000 millones en inversión, solo en generación. El ICE también tiene la transmisión eléctrica, que requiere de cientos de millones de dólares. Si usted empieza a sumar, no cierran los números: o uno quiebra el ICE o deja al país sin electricidad”, afirmó el presidente de la entidad, Marco Acuña, en el foro organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) el 21 de marzo pasado.
En el corto plazo, lo único que parece seguro es la escasez.
