La modificación quiere evitar el rechazo de peticiones de registro por falta de documentos que sí están aprobados en otros países de la OCDE.
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En un pequeño sótano del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) órgano del Ministerio de Agriculta y Ganadería, se aculan cientos de expedientes impresos. Algunos son solo unas cuantas hojas, otros juegos de bloques de papel tan grandes que se necesitaría un “carrito” para moverlos. Los expedientes son solicitudes para la inscripción de uso de plaguicidas. Los más viejos, datan desde el 2008 y siguen a la espera de ser abiertos.