Por: María Fernanda Cisneros.   22 julio
Mientras la banca defiende la activación de este fondeo, la iniciativa genera dudas entre exfuncionarios del Central e inclusive la misma Ley Orgánica del Central no deja claro si este órgano tiene o no la potestad de hacerlo. Foto: Rafael Pacheco
Mientras la banca defiende la activación de este fondeo, la iniciativa genera dudas entre exfuncionarios del Central e inclusive la misma Ley Orgánica del Central no deja claro si este órgano tiene o no la potestad de hacerlo. Foto: Rafael Pacheco

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) está en el proceso final para decidir cuáles serían las condiciones puntuales que deben cumplir las entidades financieras para fondearse a un mayor plazo a través de este ente.

La iniciativa planteada hace unos dos meses por el sector bancario consiste en activar un instrumento que permita al Central ofrecer líneas de crédito a un mediano plazo.

Hasta hoy, el Central robustece con liquidez a las entidades en el corto plazo, mediante el Mercado Integrado de Liquidez (MIL). La intención es habilitar la posibilidad de que lo haga, a través de esta misma plataforma, pero a plazos de uno, dos o tres años.

Una vez que la banca reciba estos recursos, se encargaría de prestarlos a empresas del sector privado mediante créditos de capital de trabajo. Esta tarea, según afirma el sector bancario, se ve dificultada hoy por la falta de fondeo a mayor plazo.

El BCCR estudia la iniciativa desde mayo, cuando el sector bancario presentó la propuesta, y actualmente está en las últimas etapas de análisis y definición. Cuando concluya el proceso de estudio del instrumento de crédito, deberá pasar por el filtro de la junta directiva.

Mientras tanto la banca defiende la activación de este fondeo, la iniciativa genera dudas entre exjerarcas del Central por los riesgos a los que se pueda exponer e inclusive la misma Ley Orgánica del Central no deja claro si este órgano tiene o no la potestad de hacerlo.

“Me da temor porque es muy fácil pensar que el Banco Central tiene recursos ilimitados, pero no es así. Preferiría no meterse en ese camino”, afirmó Francisco de Paula Gutiérrez, expresidente del BCCR.

El exgerente del Central, Félix Delgado, también descarta esta posibilidad sin titubear.

“Estoy dentro del grupo de gente que solo concibe a la banca central para resolver problemas de liquidez de pocos días o a lo sumo pocos meses, siempre es riesgoso poner a un banco central a dar créditos por uno o más años”, señaló Delgado.

Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, explicó a EF en mayo, que antes de que la propuesta fuera valorada por la junta directiva, debían analizarse varios elementos.

En primer lugar, la conveniencia desde los objetivos y funciones del Central de establecer mecanismos adicionales de crédito a los ya existentes; en segundo, la viabilidad legal de establecer un instrumento como ese; y por último, si era conveniente y viable, debía determinarse el esquema operativo.

El camino parece estar un poco más claro casi dos meses después. El Central ya tiene claro que la plataforma a utilizar sería el MIL.

“El cambio esencial serían las condiciones específicas de estos créditos, y el fin es mejorar las condiciones de fondeo de esos intermediarios para que a su vez las transformen en mayor oferta de crédito, en mejores condiciones, al sector privado (hogares y empresas)”, comunicó el Central a EF mediante su departamento de comunicación el 16 de julio.

Riesgos a los que se expone

De entrada, cuando el Banco Central utiliza las herramientas para otorgar crédito o invertir en valores, automáticamente esto se convierte en una emisión monetaria.

Es decir, con las líneas de crédito el banco lanzaría colones al mercado con tal de robustecer la liquidez del sistema financiero. Este tipo de acciones tienen como consecuencia una presión al alza sobre la inflación, un indicador que al Central le interesa mantener bajo control de manera prrioritaria.

Hasta ahora la liquidez que aporta el Central a los intermediarios es de cierta manera temporal, porque es a muy corto plazo, pero al aumentar el lapso, aumenta el riesgo de que se convierta en permanente si no se lograra pagar.

La crisis de los 80 y 90 debería ser suficiente para “poner las barbas en remojo”, a criterio de Félix Delgado, exgerente del BCCR, para evitar un financiamiento a mediano plazo.

Fue en ese momento, recuerda Delgado, cuando se cerraron los portillos legales que habían permitido financiar a instituciones que terminaron en desventuras. Entre ellas estaban el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa).

Uno de los grandes retos que tendría el equipo del BCCR es asegurar que los recursos que preste sean realmente destinados a préstamos para el sector productivo.

Luego de recibir estos recursos, los intermediarios podrían utilizarlos para otros fines. Tal y como sucede, por ejemplo, cuando el Central reduce el encaje mínimo legal, las entidades ven crecer su liquidez, pero no necesariamente la destinan a préstamos.

Sin duda, si el camino es habilitar las líneas de crédito, el mayor desafío será reglamentar y condicionar de forma tal que evite estos y otros riesgos a los que se enfrenta al financiar a un mayor plazo del que está habituado.

El papel del Central

¿La Ley lo faculta? La Ley Orgánica del Central (7558) estipula cuáles son las facultades de la entidad, pero en ninguna de ellas se mencionan líneas de crédito de este tipo.

El BCCR puede otorgar redescuento, sujeto a un plazo máximo de dos meses, así como préstamos de emergencia, solo a entidades financieras que estén intervenidas.

También, puede invertir en valores del Gobierno en el mercado secundario y comprar letras del Tesoro, entre otras facultades que tampoco están relacionadas con prestar recursos a las entidades financieras.

Ante la inexistencia de una definición clara en torno a este tipo de créditos, la idea podría fundamentarse más por la vía de la interpretación.

Serían así otras disposiciones legales y reglamentarias las que podrían entrar en juego en el análisis, explica Alan Thompson, socio de la firma BTA Legal y profesor de Lead University.

Entre ellas están, según Thompson, otros objetivos y funciones dictados por esa misma ley pero que son un tanto más generales, como promover el ordenado desarrollo de la economía y la ocupación plena de los recursos productivos, promover condiciones favorables al robustecimiento, liquidez, solvencia y buen funcionamiento del sistema financiero y regular las operaciones de crédito.

Otro elemento que podría analizarse, sin que exista una referencia de esto en la Ley 7558, es la declaración del estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo.

Al activar un nuevo tipo de fondeo a intermediarios, el Central también tendría que justificar su aplicación sin irrumpir con la Ley actual.

El Central utilizará el MIL, plataforma que ya usa, pero “el reto sería cómo introducir financiamientos a más plazo sin desnaturalizar esa modalidad ni exceder el contexto legal que enmarca su operación”, cita Thompson en un artículo de opinión elaborado para EF.

La Ley 7558 también dicta cuáles son las prohibiciones del BCCR, que se resumen en ofrecer operaciones de crédito que no estén expresamente autorizadas en la ley, “salvo que, sin estar prohibidas, fueren compatibles con la naturaleza técnica del Banco Central y necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y funciones”.

Necesidades de la banca

El objetivo de obtener fondeo a mediano plazo es reducir los riesgos de liquidez actuales, apoyar a los sectores más afectados mediante créditos, pero también estar preparados ante un eventual problema sistémico, según defiende la banca.

¿Por qué los intermediarios necesitan recursos? Primero, las entidades financieras atendieron la alta demanda de refundición de deudas con el inicio de la crisis generada por la pandemia.

Entre marzo y mayo, las prórrogas y readecuaciones de crédito alcanzaron los ¢8 billones, lo que equivale al 36% de la cartera total de crédito en ese mismo periodo.

Sin embargo, en una segunda fase, las condiciones son otras y los bancos necesitan recursos de largo plazo para seguir ayudando a familias y empresas, apuntó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Adicionalmente, la incertidumbre embarga las decisiones de los ahorrantes, que optan por parquearse en el muy corto plazo.

Este comportamiento dificulta el calce de los plazos entre los ahorros y los préstamos, añade Cortés.

Lo anterior sucede porque los bancos prestan el dinero de los ahorrantes, por lo que si hay mucho ahorro parqueado en el corto plazo, aumenta el riesgo de prestarlos a un mayor plazo.

A criterio de la directora ejecutiva de la ABC, la banca necesita fondeo para ofrecer un producto financiero de un plazo de al menos cuatro años para empresas y un año para las personas.