La tasa de política monetaria tuvo tres ajustes en este 2025 por parte del Banco Central, ubicándola en 3,25% desde el pasado 18 de diciembre.

De enero a julio no se modificó y se mantuvo en 4% y fue el 17 de julio cuando se bajó 25 puntos base llegando a 3,75%.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) programó para el 2025 un total de ocho revisiones para el nivel de la Tasa de Política Monetaria, lo cual indica que en cinco ocasiones el indicador se dejó intacto.
La dinámica se aceleró en el segundo semestre, casualmente al tiempo que se presentó un cambio de rumbo en la política monetaria estadounidense desde que Donald Trump asumió la presidencia y la autoridad norteamericana se movió al 4%. El BCCR reaccionó de inmediato bajando su indicador a 3,50% y así la mantuvo hasta el 18 de diciembre cuando quedó en 3,25%.
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Casualmente, las modificaciones en Estados Unidos fueron casi paralelas en Costa Rica, así pasó el 30 de octubre cuando se estableció en el rango de 3,75% — 4% y posteriormente el 11 de diciembre que pasó a 3,50% — 3,75% .
La Tasa de Política Monetaria sirve de guía a los intermediarios financieros sobre la orientación futura de la política monetaria.
Cuando el Banco Central reduce esta tasa, busca que las entidades financieras se fondeen a un menor costo y, eventualmente, trasladen esas condiciones a las tasas activas que pagan los clientes por créditos, con el fin de estimular la demanda y el consumo.
A pesar de estos ajustes, persisten voces que demandan una postura más agresiva. Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, señaló en un foro de Coopenae que el ente emisor debe virar hacia una política francamente expansiva para estimular una producción local que crece a ritmos moderados.
“El crédito no está creciendo con fuerza porque las expectativas económicas y el tipo de cambio apreciado generan condiciones financieras restrictivas. Para contrarrestar esto, el Banco Central debería bajar la TPM con más vehemencia”, explicó Cubero.
La decisión de disminuirla a 3,25% en diciembre se sustentó en el comportamiento de la inflación, que en noviembre registró una variación interanual de -0,4%.
Además, el análisis también consideró menores presiones provenientes de los precios internacionales de materias primas y de algunos precios regulados, como la electricidad, así como un crecimiento económico relativamente sólido.
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4,6% interanual en octubre y promedió 4,5% en los primeros diez meses del año, mientras que el desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos.
“La Junta Directiva destacó la importancia de mantener bien ancladas las expectativas de inflación, ya que esto evita que desviaciones temporales se conviertan en presiones sostenidas y permite que las decisiones de consumo, inversión y fijación de precios sean coherentes con la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo”, explicó el ente emisor en un comunicado.
El nuevo nivel de la TPM se ubica en lo que el BCCR denomina zona de neutralidad, es decir, un rango en el que la tasa no restringe la actividad económica ni la estimula en exceso.
Ahora bien, Pablo González, gestor junior de Portafolios de Mercado de Valores, considera que la coyuntura internacional permite una mayor flexibilización de tasas, particularmente tras los recortes de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Sin embargo, hay que esperar a que estas disminuciones pasen al mercado financiero ya que se ha dado un traspaso parcial de la TPM hacia el resto de las tasas del sistema, especialmente en las tasas activas, donde persisten factores estructurales que limitan una transmisión más rápida.
El sistema financiero tarda al menos tres meses en manifestarse y puede extenderse hasta seis, según el Banco Central, después de un cambio en la TPM.
Esto se debe a varios factores: la rigidez de los contratos, las preferencias de los agentes económicos por mantener o no liquidez, y las estrategias de costo de fondos que aplican las entidades financieras.
Esta rigidez podría estar relacionada con la forma en que se determina la tasa básica pasiva —un promedio ponderado de las tasas que pagan los bancos por sus captaciones a plazo— y la preferencia de las entidades por preservar márgenes de intermediación financiera.