EscucharLas solicitudes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para intervenir a entidades financieras reguladas —como el proceso que actualmente experimenta Coopeservidores— suelen ser una sentencia de muerte para las compañías afectadas, a pesar de que no es una regla escrita en piedra.
Si se hace un recuento histórico, saltan a la luz los nombres de múltiples bancos, cooperativas y mutuales que pasaron por intervenciones y ya no existen como tales en el mercado porque fueron liquidadas o porque tuvieron que fusionarse con otras para evitar su quiebra.
El Banco Anglo, Bancrédito, el Banco Federado, Bancoop, el Banco Solidario y Coopemex son solo algunas de las entidades que pasaron por el tamiz de una intervención desde 1994 y, posteriormente, terminaron desapareciendo del mercado.
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Las intervenciones son traumáticas para las entidades que las sufren por varios motivos. Por un lado, son medidas de rescate que se aplican cuando la situación de las empresas ya es crítica. Por otro, son acciones con un alto alcance mediático, lo cual implica un duro golpe a la confianza de los usuarios y de los actores financieros claves para la compañía.
“Lo que pasa con las intervenciones”, explicó José Luis Arce, exdirector del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), “es que son una salida de último recurso”. Si bien estos procesos pueden tener dos conclusiones —ya sea que la entidad vuelva a operar con normalidad o que se recomiende su liquidación—, levantarse de ellos es de una dificultad extrema.
Marcas que murieron
Las intervenciones a entidades financieras han sido de diferentes alcances a lo largo de la historia costarricense.
Algunos de estos procesos son difíciles de recordar porque afectaron a instituciones pequeñas; pero otros, en cambio, siguen siendo mencionados regularmente en medios de comunicación, aulas de Economía y eventos financieros, por sus implicaciones finales.
Entre los casos más recordados están los del Banco Anglo Costarricense en 1994 y del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) en 2017.
Ambas entidades fueron bancos del Estado que terminaron cerrando luego de una intervención y cuyo proceso de salida del mercado implicó pérdidas por miles de millones de colones para el erario público costarricense (¢143.000 millones y ¢60.591 millones, respectivamente, según cálculos en colones actuales publicados por el periódico La Nación recientemente).
Estas no son las únicas entidades que han sido intervenidas y cuyas marcas comerciales han desaparecido del mapa financiero costarricense en los últimos 30 años.
Solo entre 1997 y 2004 fueron intervenidas entidades como los bancos Federado, Bancoop, Solidario, Bantec y Elca; así como a la mutual Mugap; las financieras First Pennsylvania y Grupo Internacional de Finanzas; y las cooperativas Coovivienda, Viviendacoop y Coopecolón.
Según explicó Arce, hubo al menos un par de factores que explicaron ese aluvión de procesos entre finales del siglo pasado e inicios del presente. Uno de ellos fue el fortalecimiento de la supervisión financiera a mediados de los años 1990 y el otro, la aplicación de reformas en el sector financiero, como la apertura del mercado bancario a la banca privada.
“Había muchos intermediarios, muchos muy pequeños, que no soportaron la competencia de un mercado más abierto ni la rudeza de una supervisión más costosa y más profunda”, explicó el economista, ahora director de Análisis y Estrategia de la firma FCS Capital.
Algunas entidades incluso optaron por cerrar por su propia cuenta, fusionarse con otras entidades o por vender sus operaciones durante aquella época. Por ejemplo, la intervenida Coopecolón logró evitar su quiebra y se unió a Coopealianza en julio del 2000, según recogen las crónicas de la época.
Más recientemente, también se intervinieron Coopemex y Coopeaserrí, en los 2010 y 2015.
Para los ahorrantes, algunos de los procesos de intervención terminaron con la pérdida de los recursos, en otros casos entidades financieras decidieron entrar al rescate de las firmas afectadas y lograron hacer aportes para la devolución de ahorros. También están los bancos estatales en donde intervino la garantía pública, donde es el erario el que restituye los fondos. El caso de Coopeservidores —si se determina que es inviable la continuidad— podría ser el primero en el que se utilice el Fondo de Garantía de Depósitos, que daría hasta ¢6 millones por persona.
Arce comentó que las cooperativas, a pesar de ser intermediarios grandes y con importantes implicaciones en la economía social, han demostrado tener muchos problemas de gobierno interno que las hacen “propensas a los abusos”, “un elemento que afectó a cooperativas pequeñas y a los bancos cooperativos” a inicios de siglo.
A la lista de cooperativas intervenidas ahora se sumó Coopeservidores: la cuarta entidad más grande de su tipo en el sistema financiero costarricense. Sin embargo, aún no se decreta una decisión final al respecto.
Según indicó Sugef en su estudio sobre la situación de esta cooperativa que llevó a plantear la solicitud de intervención, CS Ahorro y Crédito habría ocultado “en gran volumen” créditos malos y sin gestiones apropiadas de cobro. Además, la “aplicación masiva” de moratorias habría implicado ajustes en las estimaciones crediticias de la entidad financiera por un monto de ¢30.422 millones hasta diciembre de 2023, “evidenciando la negligencia en la gestión de la cooperativa para revelar su verdadera situación económica y financiera”.
Marco Hernández, el interventor nombrado para este caso, participó en casos como los del Anglo, el Federado, el Elca y Bancrédito. En una entrevista con el mismo periódico, aseguró que Coopeservidores alimentó con sus acciones “una cultura que, en lugar de incentivar a las personas a pagar (sus créditos)”, incentivó a “no pagar”.
¿Siempre son una sentencia de muerte?
Según el exgerente general del Banco Nacional y presidente de la firma Consultores Económicos y Financieros (Cefsa), Fernando Naranjo, “lo ideal” sería que las instituciones intervenidas se pudieran “salvar” después de estos procesos.
Sin embargo, agregó que “siempre puede ocurrir que las condiciones en las cuales el interventor recibe a la institución lo lleven a la conclusión de que no hay otra salida” para proteger al ahorrante y al sistema financiero.
Hay dos problemas de fondo que hacen especialmente difícil que estas recuperaciones ocurran.
Por un lado, las intervenciones se aplican ante deterioros muy grandes o vertiginosos de las entidades financieras, por lo que suelen ser difíciles de atender. Además, los procesos suelen ser muy mediáticos, lo cual mina la confianza en las instituciones fiscalizadas y, por ende, sus posibilidades de retener a sus clientes.
“Por lo general, las intervenciones son acciones muy extremas que muy difícilmente lleven a una recuperación del intermediario financiero en términos normales”, indicó Arce. “Incluso si se hacen todos los cambios pedidos por la Superintendencia y en teoría todo está bien, lo más probable es que la confianza en la entidad se haya minado y la gente salga volando hacia otro intermediario financiero posteriormente; por eso es que la intervención es un último recurso y generalmente conduce a la resolución del banco o la entidad, ya sea liquidándola o a través de mecanismos de venta a otro intermediario o disposición de los activos”, puntualizó.
Bernardo Alfaro, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras, había hecho señalamientos similares. Consultado por EF, solo dos días después del inicio de la intervención a Coopeservidores, el exgerente del Banco Nacional explicó que la desconfianza que se despierta con este tipo de procesos es “la principal razón por la que no sobreviven” las empresas que caen en ellos. “Si es intervenida (la entidad financiera) las probabilidades de que sobreviva son muy bajas”, remató.
Naranjo opinó que no tiene los recursos ni la autoridad para decir si las intervenciones realizadas en Costa Rica hasta la fecha han sido oportunas o si han sido tardías.
Por el contrario, destacó el papel de los reguladores financieros para “garantizar a los ahorrantes la solvencia del sistema financiero y de las instituciones, individualmente”.
Casos de alta gravedad
Para dimensionar la complejidad de las situaciones que llevan a una intervención, basta con revisar las restricciones legales que existen para aplicar esta medida de uso extremo.
El artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (7.558) fija tres grados de inestabilidad o irregularidad y solo el tercero permite a la Sugef pedir la apertura de este tipo de trámites, que implican sacudir toda la estructura de una entidad financiera.
Para llegar a ese nivel de riesgo grado tres, se tiene que detectar alguna de las siguientes situaciones:
- Que la entidad lleve a cabo operaciones fraudulentas o ilegales.
- Que la entidad suspenda o cese el pago de sus obligaciones.
- Que los directores, gerentes, subgerentes o auditores internos de la entidad rehúsen rendir declaración o se nieguen a suministrarle información a la Sugef sobre el estado económico y financiero de la empresa.
- Que la entidad administre sus negocios en forma tal que ponga en peligro su seguridad y solvencia.
- Que se determine que la entidad está involucrada en operaciones de lavado de dinero, con base en las propias investigaciones de Sugef o informes del Ministerio Público.
- Que la entidad haya sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio a una suma inferior a la mitad.
- Que la entidad incumpla las normas de suficiencia patrimonial establecidas por la Sugef.
Sobre el caso de Coopeservidores, la Sugef determinó que, “si bien la entidad refleja indicadores cuantitativos que la colocan en un nivel de regularidad financiera, lo cierto es que la forma en que es administrada la ha puesto en niveles de irregularidad que ameritan la intervención”. Así consta en el oficio por medio del cual solicitó abrir el proceso a CS, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Al comunicar la apertura de la intervención, Conassif informó de que Sugef había detectado “una administración de los negocios por parte de la cooperativa en forma tal que pone en peligro su seguridad y solvencia”. Producto de esos manejos, la Cooperativa había experimentado pérdidas por casi ¢27.000 millones en 2023 y solo en el primer cuatrimestre de este 2024 ya acumulaba un balance negativo de más de ¢15.000 millones.
Inicialmente Coopeservidores había estimado un balance positivo de casi ¢3.300 millones, similar a años anteriores; sin embargo, la cooperativa tuvo que ajustar la información en marzo pasado, luego de que la Sugef fiscalizó su cartera de crédito y pidió reclasificaciones en las categorías de riesgo de las operaciones.
La intervención de Coopeservidores se abrió por un plazo de 30 días naturales desde mediados de mayo, pero se puede prorrogar por otros 30 días adicionales. Desde el inicio del proceso ya se tomaron decisiones como el despido sin responsabilidad patronal del exgerente general Óscar Hidalgo. Además, el Ministerio Público allanó las instalaciones de la Cooperativa por presuntas anomalías administrativas denunciadas por la Sugef, relacionadas con el manejo de información contable.
