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Las luces de alerta se encendieron la tarde de este 8 de octubre en la Asamblea Legislativa. Marta Acosta, contralora general de la República, advirtió que el tercer presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno, el pasado martes 6 de octubre, aumentaría el déficit fiscal al 11,7% del Producto Interno Bruto (PIB), al cierre del 2020.
La cifra, que roza casi el 12% de la producción nacional, supera en 2,4 puntos porcentuales la proyección del desbalance financiero estimada en 9,3% del PIB para el cierre del año por el Ministerio de Hacienda.
La contralora compareció este jueves ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, en ese foro explicó que el nuevo plan de gastos del Gobierno también incrementa el déficit primario (ingresos menos gastos) en un 0,2% de la producción nacional, lo que representa un crecimiento de ¢82.359 millones.
“Este resultado se explica por el aumento del gasto en ¢68.590 millones en transferencias corrientes y ¢6.672 millones en remuneraciones. Mientras que la disminución del contenido presupuestario de la partida de intereses y la incorporación de las transferencias de Recope por el lado de los ingresos, tienen un efecto positivo”, comentó Acosta.
La jerarca aseguró que un déficit del 11,7% del PIB es una cifra “absolutamente alarmante para el estado de las finanzas públicas".
El crecimiento en el nivel del déficit financiero generó ruido desde finales del 2019. Hacienda había proyectado inicialmente que la diferencia entre ingresos y gastos más intereses sería del 6,2% de la producción, pero al cierre del año alcanzó un sorpresivo nivel del 6,95% que despertó preguntas en los mercados internacionales y los inversionistas.
Sobre el comportamiento del gasto corriente, Acosta indicó que cifras preliminares al 30 de setiembre muestran una ejecución del 68%.
“El proyecto de presupuesto extraordinario incorpora en términos netos ¢25.214 millones de gasto, para un crecimiento de gasto corriente de un 0,3% con respecto al presupuesto aprobado. Explicado principalmente por la incorporación de los ¢44.595 millones en el Ministerio de Salud, que en su mayoría corresponden a transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, zanjó.
La contralora también aseveró que la nueva propuesta del plan aumentará el gasto corriente en un 5,3% en 2020, esta cifra excede el límite del 4,67% fijado por la regla fiscal. Eso sí, se deben tomar en cuenta los egresos extraordinarios para atender las necesidades de salud y económicas ocasionadas por el coronavirus.
Reacción de Hacienda
El Ministerio de Hacienda indicó que la proyección del déficit fiscal para 2020 se mantiene en el 9,3% del PIB, tal y como lo había anunciado la institución desde agosto.
Isaac Castro, ministro interino de esa cartera, reaccionó ante las afirmaciones de la contralora la tarde de este jueves en el Congreso.
“Es relevante que la población conozca que el déficit fiscal no ha variado, para evitar que esta apreciación equivocada lo induzca a tomar decisiones no deseadas y así evitar falsas apreciaciones que podrían generar confusión”, añadió.
Castro comentó que es importante diferenciar entre el déficit presupuestario y el financiero proyectado. El primero es la diferencia entre los ingresos y gastos presupuestados bajo la premisa del 100% de ejecución del plan en cada partida; mientras que el segundo corresponde a la mejor estimación con base en las subejecuciones con respecto a la evolución de los ingresos y gastos.
El jerarca agregó que los únicos gastos nuevos que se incorporan en el presupuesto extraordinario son los que se destinan a la atención de la emergencia nacional por la pandemia.
Presupuesto en detalle
El Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una solicitud de autorización para rebajar gasto por ¢4.057 millones del Presupuesto Nacional 2020.
Esta reducción se presentó a través del tercer proyecto de presupuesto extraordinario, y pretende eliminar 1.968 plazas vacantes, con sus respectivos salarios básicos, incentivos y contribuciones sociales que les corresponden a las plazas.
Además, suprimirá los códigos de puestos con su respectiva clase, lo que implica su total exclusión del presupuesto nacional. Con este rubro asciende a más de ₡84.500 millones la reducción por plazas vacantes.
La nueva propuesta incorpora, un cambio de fuente de financiamiento por ¢3.168 millones en intereses sobre títulos valores internos de largo plazo en el servicio de la deuda.
Nota del redactor: la noticia fue modificada posterior a su publicación para agregar la posición del Ministerio de Hacienda.
