Sin embargo, solo hay una porción de todo el gasto público que se puede recortar y representa menos de dos puntos del PIB.

El gasto del Gobierno está integrado por rubros de funcionamiento del sector público, gastos de capital e intereses de deuda, representa casi un cuarto de PIB, es decir un 21,4%, según estimaciones del Perfil Macrofiscal del 2018 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Empero, del total, lo que verdaderamente se puede reducir es poco: una parte está sujeta a leyes, otra representa a la deuda y el resto, implicaría recorte de plazas, eliminación de ayudas sociales y suspensión del pago de pensiones.

El peso del gasto, la deuda y el déficit es calificado como insostenible y por esto, el Gobierno anunció en mayo que aplicaría 11 medidas que incluyen la reducción de beneficios de los empleados del sector público, uno de los pocos rubros en los que el recorte es viable.

Con esto se ahorrarían 0,14% del PIB, según informó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en una conferencia de prensa, un porcentaje que aunque es poco, representa un aporte al recorte dentro del rígido esquema costarricense.

¿Qué es exactamente en lo que se gasta en el Gobierno? ¿Qué se puede recortar y qué no y qué otras medidas se pueden tomar?

EF le explica cómo está estructurado el gasto público.

Tres ejes fundamentales

Los egresos del Gobierno Central están compuestos por tres grandes grupos de gasto: los gastos de capital, los gastos por intereses de deuda y los gastos de funcionamiento.

1. Según las estimaciones del Icefi, el gasto de capital es el más pequeño y representa el 1,9% del PIB.

Por este se entienden todas las inversiones que realiza el Gobierno que se terminan traduciendo en infraestructura, carreteras y proyectos para uso de la población.

La inversión es uno de los rubros que se ha venido recortando más en los últimos años.

Los gastos de capital cayeron 9,4% a julio de este año y, específicamente las inversiones decrecieron 20,6% en su variación interanual, la caída más importante en los últimos seis años.

“Costa Rica dejó de invertir, y eso no se va a notar hoy, pero sí en unos años”, aseguró Abelardo Medina, encargado del área de análisis macrofiscal del Icefi.

2. El segundo eje son los intereses de la deuda pública, un rubro que no se puede recortar y que representa un 3,7% del PIB.

El impago de intereses de deuda implica que el Ministerio de Hacienda detenga el cumplimiento sus obligaciones ante los inversionistas internos y externos que tienen bonos de deuda del Gobierno.

Según Medina, no se puede pensar eliminar los gastos del servicio de la deuda.

“Más o menos Costa Rica utiliza un tercio de la deuda (la que emite cada año) en el pago de gastos”, explicó Medina. Esto implica que si no se paga la deuda, no se puede emitir más para pagar otros gastos que se subsidian con bonos.

Esto además conlleva a una reducción en las calificaciones del país por parte de las calificadoras de riesgo y la imposibilidad de que organismos internacionales e inversionistas que mantienen las finanzas del país a flote, sigan prestándonos dinero.

El pasado 20 de setiembre la calificadora Moodys se pronunció para llamar a la acción al Gobierno, advirtiendo que la aprobación tardía de la reforma implicaría una pérdida de la calificación Ba2 negativa y afirmó que Costa Rica está en el límite para pasar a una calificación de riesgo más baja.

El eje más grande

3. El tercer rubro de gasto es el de funcionamiento, que son todas las cosas necesarias para que el sector público pueda funcionar: desde alquileres, equipos, hasta salarios, pensiones y transferencias.

Según estimaciones, el gasto de funcionamiento representa el 15,9% del PIB.

El funcionamiento está compuesto por seis pilares funcionales, según datos de la composición funcional de los egresos del Gobierno Central del 2017 del Icefi.

Se dividen en: educación, salud, orden público, seguridad y defensa, deuda pública, asuntos económicos y otros.

El rubro con mayor peso es educación, que se lleva una porción del 7,3% como porcentaje del PIB y pesa un 24,9% en el total del gasto público.

La educación es uno de los sectores que está sujeto a leyes y no se puede recortar.

Según la ley, los ingresos del Ministerio de Educación Pública deberán crecer hasta alcanzar el 8% del PIB, aunque no se tengan fondos para sostener este gasto.

A pesar de esto, el plan para educación según el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año se reduce en un 0,1%.

En el gasto de funcionamiento existen otros tres sectores en los que la ley impide hacer recortes: orden público, seguridad y defensa, deuda pública y asuntos económicos.

Aparte de estos, existe un pequeño rubro de salud, que no suma más de 0,9% del PIB.

Estos gastos ‘intocables’ son parte de un estado de bienestar que ha permeado en Costa Rica, pero que tiene costo.

“Uno de los problemas de Costa Rica es que le asigna dinero a todo lo que puede, pero no califica si ese gasto es utilizado de forma eficaz ni hay conexión del presupuesto por resultados”, afirmó Medina.

Para el economista José Luis Arce, es allí, en los gastos primarios, donde se originó el desequilibrio financiero que terminó agravándose por la incapacidad del sistema político de tomar decisiones.

El rubro “otros”

El último eje del gasto de funcionamiento es el rubro de “otros”, que es el único que se puede tocar, aunque parezca políticamente imposible.

“Otros” implica todos los regímenes de pensiones, transferencias a las instituciones públicas (el dinero con el que operan), sueldos y salarios, cargas sociales, ayudas y bienes y servicios.

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Este es el único rubro que no está sujeto a leyes y, por ende, sería el más fácil de recortar.

Sueldos y salarios tuvo un incremento de 5,6% con respecto al año pasado y las cargas sociales crecieron 9,8%, según datos del Ministerio de Hacienda.

Para Arce, este recorte es viable, pero que sea políticamente posible, es diferente.

“Una buena parte del aumento en las erogaciones se traducen en beneficios salariales y transferencias. Que realmente se logre desmontar este gasto lo veo muy complejo”, aseguró Arce.

El recorte implicaría cerrar plazas en el sector público, dejar de pagar pensiones y reducir las ayudas sociales, que terminarían afectando a las poblaciones más vulnerables.

Así las cosas, el gasto público se construyó de tal manera a lo largo de los años para estar blindado y guardar a los empleados del sector, sin embargo, no se previó que pudiera llegar un momento de crisis.

Para el exvicepresidente Luis Liberman, el ajuste es necesario en los próximos meses y hacer eso a partir del gasto, es una situación poco factible.

“Uno podría congelar salarios, cerrar plazas y volver a la época en donde a las entidades se les quitaba el dinero, pero ¿es eso lo que queremos?”, cuestionó Liberman.

Según Medina, lo recomendable es evaluar el gasto y eliminar todo aquello que no sea eficaz, incluyendo los gastos sujetos a leyes.

“Los gastos tienen que ser evaluados para que se note cuando causa un bienestar en la sociedad. Si no beneficia, el gasto debe ser eliminado, incluyendo pensiones y seguros incluso”, afirmó.