Escuchar¿Si se pensionara preferiría que le entregaran todo el dinero del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) en un solo depósito, o que se lo entreguen mensualmente después de la jubilación?
Ese es el tema que ha estado en el debate público en las últimas semanas debido a un proyecto de ley que pretende eliminar el retiro permanente y el retiro programado del ROP.
En el texto, se propone que, una vez que la persona llegue a la edad de jubilación, se le entregue todo el dinero que ha ahorrado en un solo tracto.
El proyecto fue promovido en la Asamblea Legislativa por el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN) Eduardo Cruickshank y respaldado por 22 legisladores de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Republicano Socialcristiano y otros diputados independientes.
Bajo esta premisa, se modificarían los artículos 20 y 22 de la Ley de Protección al Trabajador, creada hace 17 años, con el fin de que después de pensionarse puedan acceder los trabajadores al dinero en una sola cuota, rompiendo con la naturaleza para la que fue creado.
El ROP funciona como uno de los pilares del sistema de pensiones y ejerce como un complemento adicional que recibe el jubilado, aparte del aporte del régimen para el que cotiza, independientemente si es el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la pensión del Magisterio Nacional, o algún otro.
En todos los casos, si un trabajador tiene dinero aún en su fondo del ROP al momento en que fallece, el dinero siempre le queda al beneficiario, es decir, a los familiares o personas que el pensionado haya autorizado cuando llenó el formulario de inscripción a la jubilación, nunca se queda en la operadora.
Supongamos que un empleado ha ganado ¢400.000 en los últimos años de su vida laboral, y ha acumulado en el ROP un total de ¢5.618.000.
Si el proyecto fuera aprobado, recibiría esos ¢5,6 millones en un solo tracto al momento de la pensión, y el resto de los años solo recibiría el aporte del régimen al que esté suscrito, en este caso hipotético el IVM.
De lo contrario, si continuara la ley tal y como está, recibiría de ¢250.000 a ¢400.000 por parte del IVM y dependiendo del tipo de retiro que elija, recibiría entre ¢27.000 y ¢30.000 por parte del ROP mensualmente.
Es importante destacar, que dado que el ROP en un régimen de capitalización, quienes se pensionen en el futuro tendrán un mayor aporte del ROP durante su retiro, ya que debería llegar a la madurez en los próximos 18 años (a los 35 años de existencia), mientras que se prevé que el monto que le aporte el IVM para entonces sea menor al que tiene ahora.
En otro caso, si un trabajador registrara un salario de ¢3 millones al momento del retiro, tendría un saldo acumulado en el ROP de ¢40 millones.
Esto implicaría que recibiría hoy una pensión del IVM de ¢1.500.000 mensuales y, dependiendo del régimen de retiro del ROP, entre ¢230.000 y ¢300.000 mensuales.
Estos casos son ejemplos y no garantizan que así será el pago de todas las pensiones que en este momento reciban ingresos similares. Sin embargo, como se muestra, el pago mensual del ROP serviría para reforzar el aporte del IVM a la vida del retirado y podría convertirse en el ingreso primario de la pensión.
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Lo bueno y lo malo
Dentro de la discusión hay voces a favor y voces en contra.
Por un lado, los diputados argumentan que sería ideal que las personas pudieran retirar el monto completo ahorrado en el régimen porque así podrían tener mayor liquidez, aunque sea por un tiempo.
Otros dicen que sería una buena oportunidad para que los pensionados utilicen el dinero para hacer inversiones que les generen rendimientos durante los 30 años que se espera que vivan después de la jubilación.
En la exposición de motivos del expediente 21.309 –el proyecto en cuestión– se cuestiona a la Ley de Protección al Trabajador bajo el argumento de que el trabajador no es capaz de administrar el dinero ahorrado en su cuenta individual, “o por lo menos no es tan competente como las operadoras autorizadas”.
No obstante, la Ley no relaciona la creación de las operadoras con la capacidad del trabajador de administrar sus ahorros.
Los diputados a favor del cambio argumentan que es mejor que el dinero lo mantengan los afiliados después de la pensión, y no la operadora.
Sin embargo, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en las economías donde se ha migrado a este tipo de retiro, el ahorro de la vida laboral termina en gasto.
Según el estudio, en Perú, donde hace tres años se pasó de modalidad el tipo de ahorro de la cuenta individual, el 92% de los aportantes retiraron todo el dinero, y solo 1 de cada 10 los ahorró.
Los otros nueve lo gastaron.
Un caso similar ocurrió en Malasia, donde, según información de la Superintendencia de Pensiones (Supen), el 70% la población que había retirado los recursos en un lapso de 10 años los había gastado, no invertido.
Danilo Ugalde, director de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), dijo que el problema que tiene la entrega de beneficios al momento de la jubilación es que la vida residual del costarricense a los 65 años es muy alta, ya que la sobrevivencia supera los 20 años, entonces si se dispone de todos los recursos al momento del retiro, queda la posibilidad de que la calidad de vida del pensionado se desmejore.
“Cuando el trabajador desacumula los beneficios, por medio de productos que administra la aseguradora como los retiros programados o las rentas permanentes, los recursos se mantienen invertidos y normalmente se distribuyen mensualmente, conservando el capital”, comentó Ugalde.
A pesar de que en este momento el sistema es muy joven, cuando sea maduro las prestaciones serán más significativas, del 20% de los últimos ingresos del trabajador o un 50% de las prestaciones de la caja.
De esta manera, si una persona gana ¢400.000 al momento de jubilarse, recibiría como mínimo ¢80.000 o hasta ¢200.000, por concepto de intereses de su fondo, excluyendo el capital, mucho más de lo que se espera hoy.
Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, explicó a EF que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapan) ha indicado que una de las manifestaciones de abuso patrimonial contra la población adulta mayor ha sido la dependencia financiera de la familia a los recursos con los que cuenta el jubilado.
Si se aprobara el retiro completo, esta vulnerabilidad aumentaría.
Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones asegura que hay dos problemas claves en el proyecto planteado por los diputados. Según Robles, el primero es el desconocimiento en el plenario sobre el estado real del IVM y lo que pasará con él en unos años si no existe un complemento.
Y el segundo, es que es un proyecto popular, que lleva al individuo a pensar en que lo ideal es gastarse el dinero de la pensión de forma inmediata, sin pensar en los siguientes treinta años.
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