Hazel Valverde, la gerenta general del Banco Central de Costa Rica (BCCR), fue protagonista de un suceso inédito en la historia costarricense: la denuncia penal por parte de la gerencia del BCCR en contra de un jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef); en este caso Rocío Aguilar.
La denuncia se dio por una supuesta desobediencia en la que habría caído Aguilar por incumplir con el acuerdo de Junta Directiva del BCCR JD-6093/10 del 25 de noviembre del 2022, en el cual se pidió el acceso a la información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros (bancos, cooperativas, mutuales, financieras) supervisados le remiten a la Sugef, incluyendo necesariamente el número de identificación (cédula física, jurídica, dimex, u otros).
El Central dice necesitar el número de identificación para cruzarlo con otras bases de datos en su poder y así precisar la ubicación geográfica y el riesgo climático al que está expuesta la cartera crediticia del país. Según ha explicado, sin ese identificador no se puede realizar el enlace y, por ende, generaría estadísticas imprecisas. Una vez se haga el cruce, el número de cédula no se necesitará más, ha dicho el Central.
La denuncia contra Aguilar se interpuso el 21 de abril del 2023 y se dio a conocer hasta el 17 de agosto pasado. Para ese entonces el Central estaba al tanto de que la superintendenta había enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) una consulta para aclarar si estaba obligada a compartir la información con el Central o si al hacerlo quebrantaría derechos a la confidencialidad de los deudores.
La respuesta a esa consulta se dio hasta el pasado 3 de julio. En dicho dictamen la PGR le dijo a la Sugef que debía compartir la información con el Central siempre y cuando fuera con fines estadísticos, como dice tener el ente emisor.
En esta entrevista, El Financiero conversó con Valverde acerca de cómo se llegó a la decisión de denunciar penalmente a Aguilar, cuáles datos de la población maneja el Central y por qué dice necesitarlos.
¿Se agotaron todas las vías con la Sugef? ¿Era imposible llegar a una conciliación, una manera en la que se pudieran generar estas estadísticas sin que se tuviera que pasar por todo este embrollo?
Sí, se agotaron las vías. No ha sido una conversación corta, ha sido una conversación de larga data. Nosotros comprendimos con ese acuerdo que se zanjaban las diferencias. Si me preguntás si trabajamos en pos de lograr un acuerdo, sí, se trabajó de manera consciente. Nosotros creímos que el acuerdo iba a ser atendido por la Sugef e íbamos a poder seguir trabajando.
¿Por qué no se esperó la respuesta de la Procuraduría para denunciar a Aguilar?
Nosotros como empleados públicos tenemos deberes. Tanto el código de ética del Banco Central como la ley nos da como funcionarios públicos el deber de denunciar si vemos que hay un posible incumplimiento. En este caso la solicitud del criterio de la Procuraduría no detenía el deber de denuncia del funcionario público. Si yo no denuncio, si no cumplo con mi deber, la que tiene el incumplimiento de deberes soy yo.
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¿Pero alguien hubiera denunciado que usted no denunció? ¿La presidencia o la Junta Directiva del BCCR?
Trabajar en el sector público tiene un enorme riesgo desde el punto de vista personal, entonces sí, por supuesto que sí. La respuesta es: usted escoja, hay varios que podrían haber hecho eso (denunciarla). Recordemos que cualquier funcionario público tiene el deber de denunciar, entonces ni siquiera tiene que ser alguien que sea tu superior. Uno no debería hacer lo que tiene que hacer por miedo que alguien lo denuncie, pero si la pregunta es: ¿la amenaza existe? La amenaza existe.
¿Por qué se denunció en abril del 2023 si tuvo alrededor de cuatro meses en los que supuestamente la Sugef estuvo en desobediencia ?
Por el procedimiento interno. Lo que se hace es que hacemos una solicitud a la división jurídica de que evalúe el caso y a partir de ahí son tiempos internos para hacer el debido proceso. Normalmente acá en el Banco Central cuando hay un tema que tiene que ser evaluado en lo jurídico, lo que corresponde es que nosotros enviamos a la división jurídica para el análisis y ellos emiten un criterio, una recomendación, una línea de acción y nosotros procedemos acorde. Hasta que ellos definen el curso adecuado de acción es que la administración actúa.
(’El Financiero’ le consultó anteriormente a la oficina de prensa del Central si había existido un criterio por parte del departamento legal del BCCR para proceder con la denuncia, sin embargo contestó, el 11 de setiembre pasado, que no se iban a referir al tema en aras de respetar cualquier proceso judicial presente o futuro.)
¿Les hubiera gustado participar en la consulta que hizo Sugef a la Procuraduría?
De hecho en la mayoría de consultas que se han hecho a la PGR hemos tenido el acuerdo de hacerlas en conjunto porque eso permite poner en perspectiva la posición de cada uno y le debería permitir a la PGR tomar una decisión más informada. En este caso no fuimos partícipes.
¿Pero hubieran estado de acuerdo?
Probablemente sí hubiéramos participado en una consulta conjunta. No sé en qué cambia eso desde el punto de vista jurídico, pero bueno, las cosas fueron como fueron.
Según quedó en actas, Aguilar dijo que su preocupación era ir a la cárcel por dar información que cree que está protegida por la ley de protección de datos o ir a la cárcel por caer en desobediencia con el Banco Central. ¿No cree que esa preocupación podía ser suficiente para hacer ese esfuerzo adicional por trabajarlo en conjunto teniendo en cuenta que podía haber una prisión de por medio?
Eso se trabajó de previo al acuerdo. Esa no fue una preocupación que se manifestó en fechas anteriores. Si ese hubiese sido el enfoque previo a la toma del acuerdo, tal vez las cosas hubiesen sido distintas.
¿Se tomó en cuenta la tormenta mediática y de credibilidad que se desataría por el hecho de se hiciera público el punto de no retorno entre las negociaciones del Banco Central y la Sugef?
Se toma un acuerdo de Junta Directiva y hay que proceder de acuerdo con la ley, entonces cuando estamos actuando en un marco de principio de legalidad, esas son valoraciones que están por fuera de eso.
Pero previo al acuerdo, antes de que entrara el principio de legalidad, ¿no se discutió que esto podía llegar a pasar en caso de que Sugef no entregara los datos?
Se conversó detalladamente de todas las posibilidades que habían a partir de la parte legal, y se discutió lo que decía la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN). Hay que recordar que la ley SEN es relativamente nueva y determina las reglas para operar. Pero todo eso se discutió, de hecho el acuerdo se comparte con Sugef antes de ser tomado y no se hicieron comentarios (por parte de la Superintendencia).
(La Superintendencia hizo llegar sus comentarios el 29 de noviembre del 2022, por medio del oficio SGF-2449-2022, sin embargo para esa fecha el acuerdo ya había sido tomado en firme.)
¿En las conversaciones previas con Sugef siempre se dejó claro que se iba a necesitar el acceso a los datos crediticios con número de identificación?
Siempre fue 100% claro que teníamos problemas con la información de origen.
¿Hay documentos en los que se especifique sin lugar a dudas que ambas instituciones sabían?
Todo este proceso fue una negociación de buena fe, entonces no hay una documentación porque las reuniones que se dieron previas, fueron reuniones en las que conversamos.
Teniendo en cuenta que esto ya está en manos de la Sala Constitucional, y que se ha ventilado de una manera en la que es difícil no ver beligerancia con dos denuncias penales, ¿le preocupa a usted que salga el Banco Central con un menor músculo para poder generar estadísticas una vez que se tomen las decisiones?
La preocupación no es solo para el Banco Central, es para el Sistema de Estadística Nacional y el país. Cuando se creó la ley SEN se habló claramente de la importancia de que las entidades asociadas, principalmente el BCCR y el INEC, tengan acceso a registros administrativos individuales para la creación de estadísticas.
La OCDE es un grupo que trabaja definiendo mejores prácticas con base en comparación y la única manera de comparar es a través de la creación de estadísticas. La toma de decisiones de política pública dependen 100% de que los números estén bien porque si no se toman decisiones equivocadas. Por ejemplo, si nosotros vemos el empleo sin número de identificación y tenemos una empleada que trabaja en cuatro casas, veríamos cuatro empleados, entonces el número de desempleo sería mucho más bajito. Eso nos da un número que nos permite tomar una decisión de política pública que no ataca el problema real. O veríamos que el salario promedio es una cuarta parte del salario, porque lo que tenemos es una persona que tiene cuatro ingresos de ₡25.000, entonces gana ₡100.000, pero nosotros diríamos que tenemos cuatro empleados con salario de ₡25.000.
Por eso es que la estadística agrupada se construye a partir de los datos individuales. Y esa construcción, si pierde calidad, el que va a perder es el país porque va a tomar decisiones con información incorrecta. Entonces, sí, hay una preocupación del impacto que esto podría tener. El Banco Central ha tenido datos aquí por muchísimos años: se le ha confiado el registro de beneficiarios finales, se le ha confiado el Sinpe y el Banco Central no ha fallado.
Si el Banco Central siempre ha tenido y ha necesitado de ese tipo de información para operar, ¿por qué cree que ahora esta información en particular ha preocupado tanto?
Me encantaría tener una respuesta para eso, pero no la tengo. Creo que se ha generado mucha confusión a partir de la concepción de que esto es información sensible.
(En el dictamen PGR-C-125-2023 la Procuraduría contesta que la información crediticia está separada de la información sensible)
¿Siente que pudieron haber influido las dos demandas que hubo de por medio? Es fácil que alguien las interprete como una posición beligerante.
Esto es un juicio de valor, pero no creo que eso sea lo que detona la preocupación masiva de los medios.
¿Pero le parece entendible que la gente pueda interpretar las denuncias como, primero, una desesperación por tener los datos o, segundo, como un “aquí mando yo y punto”?
Lo puedo comprender. La gente no tenía claro que la ley SEN establece que no se puede abrir un proceso administrativo para un funcionario público que incumple, sino que lo que corresponde es una denuncia penal de primera. Esa no es la manera estándar en la que están definidos los procesos en el sector público, lo común es que primero se establezca un procedimiento interno donde se busca establecer si hubo responsabilidades o no y a partir de ahí se pone una denuncia penal, pero la ley SEN no tiene ese espacio.
La ley SEN dice dos cosas: al pedir la información uno tiene que advertir que hay posibilidades de ser denunciado si se incumple y que no hay una instancia intermedia antes de la denuncia penal.
¿Qué tan imprecisa era la información anonimizada que les pasó Sugef? ¿Era lo suficiente como para pedir el número de identificación y pasar por todo este embrollo?
El nivel de imprecisión de la información con respecto a la ubicación es muy alto, sí. Nosotros pusimos un par de ejemplos: (los datos anonimizados dicen que) tenemos producción agrícola en el cantón central de Heredia y una hidroeléctrica ubicada en Goicoechea. Esas son las que nos alertaron que algo no estaba bien. Entonces a partir de ahí, con la información que sí tenemos de los (tres) bancos (que entregaron información sin anonimizar), validamos el hecho de que la calidad es bastante mala. Definitivamente nosotros no somos capaces de llegar a resultados objetivos con base en la información que tenemos hoy anonimizada.
¿Simplemente no es confiable del todo?
Más o menos un 50% del crédito que está alojado en las cabeceras de cantón, no pertenece allí. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por el PIB cantonal sabemos qué porcentaje de producción hay en cada cantón. Si el porcentaje de crédito de ese cantón se separa mucho del porcentaje de producción, sabemos que tenemos un problema en la variable de crédito.
¿Con cuál información no anonimizada que tiene acceso el Banco Central hicieron el primer cruce para corroborar (las imprecisiones)?
Nosotros tenemos el mapa de la Comisión Nacional de Emergencia que nos dice dónde esperamos que hayan problemas de inundaciones, exceso de lluvias y sequías, tenemos la ubicación (recopilada) por los censos de empresas y personas y entonces lo que tenemos que hacer es incorporar esa información con la de crédito para hacer la ubicación adecuada.
Las bases de datos (que posee el Central) no son como hojas de Excel en las que uno puede llegar y ver el número de cédula y el nombre, las bases son relacionales, no es que uno entra y ve la base de datos y puede detallar la ubicación de personas. La forma en la que se resguarda esa base es que nadie puede ir a ver cosas puntuales. No se está construyendo una mega base de datos, existen bases de datos independientes y lo que se hace es que con programas informáticos se relacionan entre sí para poder corregir y asociar variables.
¿Cómo es que funciona ese cruce de información?
Desde un punto de vista sencillo es que yo tengo en un lado la información de créditos y tengo en otro lado la información de la ubicación (y la actividad económica) que sí está correcta, (recogida) por medio del censo de las empresas, entonces yo le digo al programa que en (el apartado de) la ubicación en la que encuentre diferencia entre las bases, utilice la información del censo en el campo de la ubicación. Entonces esa base de datos va a quedar con la información correcta de cuál es la ubicación y cuál es la actividad.
¿Y una vez se hace el cruce qué pasa con el número de identificación?
Ya no es necesario, a partir de ahí el trabajo con la información se hace anonimizado y en agrupaciones porque al BCCR le interesa el riesgo sistémico, no el de una empresa o una persona en particular.
Uno de los análisis podría ser por actividad, agricultura, por ejemplo, otro de los análisis podría ser por el tamaño de los deudores, o sea, qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, cuál podría ser el impacto de un problema de situación económica combinado con un problema hidrometeorológico en las pymes. También en los créditos de vivienda, porque usted tiene una persona que se le inunda la casa, esa persona sigue debiendo la casa y no tiene dónde vivir. Si lo ves desde el punto de vista del sistema, tenés un banco que tiene como garantía que ya no tiene valor. No nos importa una persona que perdió la casa, sino que nos preocupa si eso se va haciendo muchísimo más frecuente y más complejo.
Normalmente se asocian los riesgos de cambio climático exclusivamente con la agricultura, pero cuando usted ve lo que pasó con la cabeza de agua en San Carlos, lo que se llevó fue un taller mecánico y casas, definitivamente esos fenómenos nos va a afectar a la economía como un todo.
Para determinar la ubicación, ¿con qué cruzan la información en el caso de las personas físicas?
Si querés hago la consulta y te envío exactamente cuál es la base que se utiliza para poder hacer la ubicación, en este momento no te preciso.
(Posterior a la entrevista, la oficina de comunicación del BCCR le mencionó a este medio que se haría por medio del domicilio electoral del Tribunal Supremo de Elecciones.)
¿Qué información tiene el Central de las personas? Si una persona pide el hábeas data, ¿qué se va a encontrar?
Tenemos información de las personas inscritas en Central Directo para utilizar el Monex o utilizar los depósitos, ahí se va encontrar información que la persona misma subió (al llenar) “el conozca su cliente”. Se puede encontrar información si está reportado como asalariado o patrono (y su salario). También si sos exportador o importador. Nuestro pecado es no haber sido claros de cara a la población sobre el trabajo que hace el Banco Central. Para construir (las estadísticas) de exportaciones e importaciones por actividad se necesitan los registros de aduanas, si no, ¿cómo las construiríamos? Vea si esto fue claro para los legisladores que desde la ley de 1996 el Banco Central tiene acceso a los archivos de Hacienda con respecto al tema de aduanas.
También tenemos información del censo de empresas que hace el BCCR, información de encuestas de expectativas de inflación y de devaluación. Para construir la Tasa Básica (Pasiva) tenemos información de las tasas activas y pasivas que reportan las entidades financieras.
Si tienen información de clientes bancarios desde el 2016, ¿por qué cree que ahora para la Asociación Bancaria Costarricense sea un problema que se envíe información sin anonimizar?
Esa misma pregunta se la hemos hecho a ellos y la verdad es que yo no he tenido una respuesta que pudiera transmitirte con la que yo me sienta clara con respecto a cuál es la preocupación. El banco ha tenido esta información (no anonimizada sobre tasas de interés) desde hace mucho tiempo. Del 2016 a aquí los bancos nunca manifestaron una preocupación con respecto a la información que le mandaban al Banco Central.
Ya en perspectiva, ¿hay algo que le hubiera gustado hacer diferente?
Hay detalles que uno pensaría, pero todo el proceso se dio en buena fe, entonces yo sigo creyendo en eso y no quisiera llegar a un punto donde tenga que documentar cada conversación que tenga y cada paso que dé porque eso ya no me dejaría trabajar, nos volvería más ineficientes de lo que ya de por sí nos tachan de ser por la cantidad de documentación que hay que generar.
Yo diría que en términos generales considero que nos apegamos al objetivo que teníamos como Banco Central y ese es el principio que manda.
