EscucharLa propuesta del Gobierno para obtener una autorización que le permita colocar hasta $13.500 millones en eurobonos durante nueve años abrió un nuevo debate político.
Más allá del monto, la discusión medular gira en torno a si el país debe flexibilizar el manejo de su deuda externa para aprovechar mejores condiciones financieras, o si conviene mantener el esquema actual, el cual obliga al Poder Ejecutivo a solicitar autorización legislativa para cada emisión.
La discusión ha generado diferencias de criterios en el Congreso.
Origen de la propuesta
La Constitución Política, en su artículo 121, inciso 15, establece que para que el Gobierno emita deuda en el exterior debe presentar un proyecto de ley que sea aprobado por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Esto funciona como una especie de contrapeso para que el Poder Ejecutivo no abuse de la deuda externa.
Desde que era presidente, el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, ha reiterado que el gobierno no debería pedir permiso a los diputados para endeudarse. Lo mismo consideró su ministro de Hacienda de ese momento, Nogui Acosta (actual diputado oficialista)
Es precisamente por este motivo que, sin necesidad de que exista una reforma legal, se propuso como un plan adicional la autorización por un periodo extenso (nueve años).
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La administración Chaves Robles recibió en su primer año la autorización para colocar hasta $5.000 millones en eurobonos entre el 2023 y 2025.
Sin embargo, las últimas dos colocaciones programadas para 2024 y 2025 —de $1.000 millones cada una— no se pudieron materializar debido a que los diputados rechazaron la propuesta y la archivaron alegando que el gobierno no había cumplido las metas económicas y otras condiciones establecidas.
Como una medida paliativa, Hacienda colocó en el mercado interno bonos en euros en noviembre del 2025, enero y en abril del 2026 por el monto de €1.000 millones cada una, para un total de €3.000 millones. Al ser deuda interna no requirió autorización legislativa.
La nueva propuesta busca autorizar al Ministerio de Hacienda a realizar emisiones anuales de hasta $1.500 millones en los mercados internacionales, acumulando un máximo de $13.500 millones durante nueve años.
Una de las ventajas de este estilo de endeudamiento es que permite una mejor planificación financiera del Estado, según explican los economistas. No obstante, el consenso técnico también asegura que este modelo debería ir acompañado de límites de transparencia y una estricta supervisión para evitar que la flexibilidad termine comprometiendo las finanzas públicas de futuras administraciones.
Argumentos a favor: Planificación y alivio al mercado interno
Desde la óptica macroeconómica, uno de los principales argumentos a favor de la propuesta que explicaron los economistas radica en que otorgaría mayor capacidad para sustituir deuda interna —que suele financiarse a tasas más elevadas— por deuda externa con condiciones potencialmente más favorables.
Esta maniobra, aducen, aliviaría la presión que ejerce el Gobierno sobre el mercado financiero nacional, liberando recursos para que empresas y familias accedan a crédito en mejores condiciones y contribuyendo, en última instancia, a reducir el costo promedio del financiamiento del Estado.
Al analizar esta dinámica, Vidal Villalobos, asesor financiero de Grupo Financiero Prival, consideró que el verdadero debate no debe concentrarse únicamente en el monto solicitado, sino en los mecanismos de control que acompañen el proceso.
A su juicio, una autorización de nueve años permitiría al Ministerio de Hacienda aprovechar momentos en que las tasas internacionales sean más bajas, mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y ofrecer mayor previsibilidad, tanto al Gobierno como a los inversionistas y a las calificadoras de riesgo.
Pese a estos beneficios teóricos, el analista advierte que las condiciones financieras internacionales cambian constantemente y que una autorización tan extensa limita la revisión periódica que, de manera tradicional, ha ejercido la Asamblea Legislativa sobre la estrategia de endeudamiento externo.
Profundizando en las ventajas operativas, Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, también observa bondades en una autorización plurianual.
En primer lugar, subraya que esta vía brinda mayor certeza al Gobierno, especialmente a las direcciones de Crédito Público y Tesorería, ya que les permite planificar con mayor anticipación los flujos de financiamiento.
Asimismo, ofrece previsibilidad a los mercados tanto nacionales como internacionales, porque una autorización legislativa para emitir durante varios años permite anticipar esas colocaciones, profundiza el mercado de eurobonos y facilita que los inversionistas planifiquen sus decisiones.
Bajo esta misma premisa, el exjerarca considera que una mayor certidumbre sobre las futuras emisiones sería bien recibida por los mercados y por las agencias calificadoras de riesgo.
Para ilustrar este punto, recordó que una de las observaciones recurrentes de estas agencias es que Costa Rica requiere una autorización legislativa por mayoría calificada de dos tercios para cada emisión de eurobonos, un requisito que no existe en otros países.
Como complemento de esta situación, enfatizó: “Esa incertidumbre reduce el atractivo de la deuda costarricense y termina traduciéndose en mayores costos de financiamiento para el país, es decir, en tasas de interés más altas que finalmente pagan todos los costarricenses”.
Advertencias técnicas: tipo de cambio y gobernanza
A pesar de reconocer estos beneficios, Cubero advirtió que el debate legislativo debe centrarse en dos aspectos fundamentales: la oportunidad y la conveniencia de aumentar significativamente el endeudamiento externo del país.
Sobre el primer punto, explicó que Costa Rica atraviesa un período de apreciación cambiaria sostenida en los últimos cuatro años, cuyos efectos negativos ya son visibles, especialmente en los sectores más dinámicos en generación de empleo y fuera de la Gran Área Metropolitana.
En ese contexto, indicó que emisiones de eurobonos por montos elevados podrían seguir presionando el tipo de cambio a la baja.
Por esa razón, estimó que probablemente no sería conveniente realizar una emisión durante 2026.
Si se aprueba una autorización plurianual, sugirió que esta entre en vigencia a partir de 2027 o incluso de 2028, cuando puede ser que las presiones sobre el tipo de cambio sean menores.
En una línea de pensamiento similar, orientada hacia la prudencia financiera, Mauricio Moya, líder de inversiones de Mercado de Valores, coincide en que el proyecto puede aportar flexibilidad al manejo de la deuda, pero sostiene que cada colocación debe justificarse técnicamente.
Para que este proyecto tenga viabilidad, señala que el análisis debe versar no solo en el potencial aumento de endeudamiento, sino que, en cada instancia anual, se revise si las condiciones externas son mejores que las del mercado interno, además de incluir valoraciones sobre el riesgo cambiario.
Además, Moya indica que resulta relevante tomar en cuenta la justificación de cada emisión, dados los puntos anteriores, lo cual implica que, a pesar de flexibilizar la emisión, sí debe existir una gobernanza y rendición de cuentas sobre los usos y fines de cada una.
Esto cobra un peso crítico al considerar que, de emitir todo el monto autorizado, se estaría más que duplicando el saldo actual de la deuda externa.
Deterioro en las finanzas públicas
La situación fiscal del país viene atravesando momentos complicados, impulsada principalmente por menores ingresos en los últimos años, mientras la deuda crece a pasos agigantados.
El último llamado de atención provino del Fondo Monetario Internacional, el cual solicitó cambios urgentes en esta materia sobre todo porque aunque el déficit fiscal disminuyó está volviendo a crecer.
Para dimensionar la raíz del problema, Daniel Ortiz, economista de Cefsa, destacó que el crecimiento económico ya no está fortaleciendo las finanzas públicas como ocurrió en los años posteriores a la reforma fiscal (2018).
“Hoy, por cada 100 colones de producción, el gobierno obtiene menos ingresos tributarios, lo que explica parte del deterioro de la situación fiscal”, aseguró.
Sumado a esto, agregó que existe poco margen de maniobra por el lado del gasto del gobierno, ya que cerca de 9 de cada 10 colones que gasta ya están comprometidos y son difíciles de reducir en un corto plazo.
El otro aspecto que genera profunda preocupación es la creciente deuda del país. Al respecto, José Luis Quesada Martínez, profesor de Economía de la Universidad Fidélitas, precisó que en el 2025 esta se ubicaba en ¢31 billones (un 60,4% del PIB), y que el Ministerio de Hacienda proyecta que alcance los ¢33,8 billones en el primer semestre del 2026 (un 62% del PIB), lo que limita severamente la capacidad fiscal para la inversión a futuro.
Frente a esta coyuntura, el académico argumenta: “Es por eso que una programación plurianual de eurobonos facilita la administración de la deuda y reduce el riesgo de refinanciar grandes montos en períodos muy cortos. No obstante, enfatiza que una estrategia de largo plazo sólo resulta conveniente si va acompañada de disciplina fiscal y de controles efectivos por parte de la Asamblea Legislativa, el Banco Central y el propio Ministerio de Hacienda”.
Como parte de su evaluación de mercado, Quesada agregó que hoy Costa Rica paga desde 3 puntos porcentuales a un año al vencimiento, hasta 6 puntos porcentuales en bonos con plazos mayores a 10 años en dólares.
Esta baja en el rendimiento de los bonos ticos en comparación con sus pares se da gracias a su mejor nivel de calificación de riesgo, donde Moody’s le otorga una nota de Ba2 y Standard & Poor’s una de BB, ambas con perspectiva estable.
Dicha calificación ha mejorado significativamente en los últimos seis años; una respuesta, entre otros factores, a la consolidación fiscal observada recientemente, el cumplimiento de la regla fiscal y la reducción del déficit primario hasta el 2025.
Banco Central apoya la iniciativa
Es importante asegurar que como parte de la discusión que se da en Cuesta de Moras, los diputados pidieron una recomendación técnica a diferentes actores de la economía, entre ellos, al Banco Central, la cual se aprobó el pasado 16 de junio con un criterio técnico positivo, aunque la Junta Directiva dio una serie de recomendaciones.
Entre ellas sobresalen que se modifique el tope de rendimiento máximo permitido para estas colocaciones.
Los directivos determinaron que el margen propuesto de 750 puntos base por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos resulta demasiado holgado frente al riesgo país actual, por lo que recomendaron implementar una metodología técnica y objetiva que proteja las finanzas del Estado de un encarecimiento excesivo.
Adicionalmente, el Banco Central exigió mayores controles de transparencia, dado que el plan exime a Hacienda de utilizar la Ley de Contratación Pública para adquirir asesorías y servicios financieros internacionales.
Aunque la Junta reconoció que esta excepción agiliza la salida a los mercados internacionales, enfatizó en la necesidad de fijar estándares claros de publicación de la información y garantizar una estricta supervisión posterior a cargo de la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa.
Oposición y el laberinto político en el Congreso
Al trasladar el debate del terreno técnico a la arena política, Norberto Zúñiga, economista de la Academia de Centroamérica, advierte que la propuesta tiene una lectura estratégica ineludible.
A su juicio, el Gobierno podría estar buscando aprovechar una coyuntura favorable, en la que tiene en el Congreso 31 diputados oficialistas, para obtener una autorización que es compleja y evitar futuras negociaciones legislativas, o bien, anticiparse a un eventual deterioro de las finanzas públicas que haga más difícil conseguir respaldo político para nuevas emisiones en los próximos años.
“Saber si es bueno o malo para el país necesitará disponer de un análisis técnico sobre los costos, beneficios y riesgos de la estrategia adoptada en los últimos años. Es claro que la administración anterior apostó por una agresiva política de endeudamiento externo no vista en gobiernos anteriores. Algunos argumentamos que no ha sido beneficiosa para el país por diversas razones: es la principal responsable de la artificial apreciación del tipo de cambio; no redujo el costo del financiamiento del Ministerio de Hacienda, ni mejoró el perfil de vencimiento y mantuvo grandes cantidades de recursos ociosos en el BCCR sin ganar intereses”, cuestionó Zúñiga.
En estos momentos, la viabilidad de la iniciativa se discute arduamente en el Congreso. Si el gobierno de Laura Fernández quiere lograr su aprobación, deberá sentarse a negociar con el Partido Liberación Nacional (PLN) para conseguir los 38 votos que requiere para dar luz verde a la colocación de esta deuda externa.
Reflejando esta postura de cautela legislativa, Diana Murillo, legisladora del PLN en la Comisión de Asuntos Hacendarios, dijo que antes de tratar de dictaminar la autorización de eurobonos es necesario “sentarnos a negociar sobre los alcances del mismo, el monto de la emisión, el período por el cual se pretende la autorización, así como retomar los indicadores fiscales y controles que no vienen en este expediente legislativo”.
Finalmente, llevando el escepticismo a su punto más crítico, Fernando Naranjo, economista y exministro de Hacienda, aseguró que él esperaría que el gobierno retroceda en lo que calificó como una “locura” y pidió que ese proyecto no se apruebe.
Agregó que debe cumplirse lo que la Constitución establece y no permitirle al gobierno endeudarse “como si fuera un cheque en blanco”.
“Ningún país del tamaño y con el nivel de ingreso de Costa Rica ha hecho una propuesta de esa naturaleza. En mi opinión, más bien sería muy negativo en estos momentos, cuando ya se conoce internacionalmente —porque así lo ha manifestado el Fondo Monetario Internacional— que existe un deterioro fiscal que el Gobierno no quiere resolver y que lo que busca es un endeudamiento externo excesivo del país”, concluyó Naranjo.
