Por: María Esther Abissi.  9 abril

Luego de la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Costa Rica, el organismo internacional emitió un informe sobre el estado del sistema financiero en Costa Rica en el que alertó sobre modificaciones urgentes que deben hacerse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen de Pensiones Complementarias Obligatorias, para que ambos puedan seguir funcionando de acuerdo con los fines para los que fueron creados.

El organismo asegura que el primer pilar del sistema de pensiones se encuentra bajo presión y que el segundo, que supera al primera pilar en términos de volumen de activos bajo gestión, posee ineficiencias que obstaculizan el crecimiento que el sistema necesita.

“Entre las principales ineficiencias cabe mencionar la valoración a precios de mercado de los activos en un mercado ilíquido; el riesgo de concentración y la corta duración de las carteras de inversión de los fondos de pensiones” citó el Fondo.

La valoración a precios de mercado es un tema cuestionado en el mercado costarricense ya que, en un mercado ilíquido como el que funciona localmente, los bonos se valoran según cierto criterio, que para algunos analistas resulta poco competitivo.

Además, existen pocos emisores en el mercado que hacen que haya un riesgo de concentración.

Según la Bolsa Nacional de Valores (BNV), en el país existen 56 emisores de bonos, sin embargo, no todos emiten al largo plazo, que es donde se concentran principalmente las inversiones de los fondos de pensión.

En el largo plazo, el Gobierno Central y, a sabiendas de la situación fiscal del país y la necesidad de liquidez del Gobierno, el riesgo por la concentración de inversiones se intensifica.

En el informe también se presentan dudas sobre la capacidad de supervisión de los regímenes de pensiones y el Fondo hace hincapié en que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, un órgano autónomo no supervisado.

El FMI fue reiterativo en recomendar las reformas necesarias para lograr la sostenibilidad del primer pilar y el refuerzo del segundo pilar.

También recomendó la adopción de la valoración a vencimiento de parte de los activos que los operadores de pensiones mantienen hasta el vencimiento y también evaluar la posibilidad de revisar el proceso de traspaso de activos entre operadores de pensiones.

El organismo realizó una propuesta de que, por parte de SUPEN, se organicen inspecciones en sitio basadas en la supervisión basada en riesgo con el uso de pruebas de tensión a los operadores y análisis de riesgo sistémico y de contagio.