EscucharLa financiera Desyfin —que hace pocas semanas fue intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), tras caer en situación de insuficiencia patrimonial— es diferente en muchos sentidos a la de la cooperativa en proceso de cierre Coopeservidores, y una de sus principales distinciones es el tipo y la magnitud de los depositantes afectados.
CS se trataba de una cooperativa de ahorro y crédito, mientras que Desyfin es una financiera. Solo esto, de entrada, implica grandes diferencias entre las capacidades y los públicos meta de una y otra entidad financiera.
En términos generales, se puede afirmar que los depositantes de Desyfin son menos, pero que tienen más dinero en promedio y, por tanto, con una menor cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. EF revisó los números y le explica.
Las diferencias
En términos generales, es posible dividir las diferencias de los depositantes de Desyfin en comparación de los de Coopeservidores a partir de tres criterios fundamentales: su cantidad, su tipo y la magnitud de sus operaciones:
Cantidad
Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Desyfin contabilizaba 4.153 depositantes hasta junio pasado. Esta cifra representa menos de un 3% de los más de 160.000 que tenía Coopeservidores hasta el momento de su intervención, a mediados de mayo.
En otras palabras por cada ahorrante en Desyfin habían unos 39 ahorrantes de CS Ahorro y Crédito, como también se conocía comercialmente a la cooperativa.
Tipo
La cantidad de depositantes de cada institución coincide con una diferencia fundamental entre Coopeservidores y Desyfin: su tipo de operaciones.
CS se trataba de una cooperativa de ahorro y crédito, con capacidad de gestionar cuentas corrientes. En cambio, Desyfin se trataba de una financiera (que no cuenta con las mismas capacidades de intermediación de un banco) y únicamente podía gestionar mecanismos de ahorro a la vista y de depósito a plazo.
Magnitud
Sin embargo, a pesar de ser menos en cantidad, los depositantes de Desyfin tienen más recursos en promedio que los depositantes de Coopeservidores.
Hasta julio pasado, según reportes de la Sugef, los casi 4.200 depositantes tenían, en promedio, más de ¢26 millones por persona física o jurídica.
En cambio, en el caso de Coopeservidores, los más de 160.000 depositantes tenían, también en promedio, ¢3 millones cada uno.
Este promedio surge al dividir las cifras totales de captaciones y depósitos a plazo o a la vista de cada entidad financiera por su cantidad de clientes totales.
Implicaciones
Estos datos tienen varias implicaciones, pero una de las más importantes es que —si se concluye la inviabilidad financiera de Desyfin— entonces una mayor cantidad de depositantes quedarían expuestos a perder parcialmente sus ahorros.
De hecho, la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, aseguró en conferencia de prensa, el 13 de agosto, que el 75% de los depositantes de la financiera tenían ¢6 millones o menos en la entidad, por lo que recibirían todo su dinero en caso de un cierre ordenado.
El 25% restante también podría recibir hasta ¢6 millones de sus ahorros totales; sin embargo, el reintegro del resto de sus dineros dependería de cuánto se logre recuperar a través de un proceso de venta de activos o resolución concursal.
A pesar de que el 75% representa una proporción relativamente alta, de tres de cada cuatro ahorrantes, ese porcentaje es menor que en el caso de Coopeservidores. Cuando se intervino esa entidad, se habló de que el fondo de garantía podía cubrir hasta a un 97% de los depositantes en la totalidad de sus dineros.
Los ahorrantes en cooperativas suelen disponer de montos menores que los ahorrantes en financieras, recordó la superintendente Aguilar. “Los clientes son diferentes”, puntualizó en conferencia de prensa.
Desyfin también tiene varias operaciones en el mercado bursátil, incluidas seis emisiones de bonos activas por montos colocados de $3,5 millones y ¢14.500 millones. Estas no están cubiertas por la garantía de depósitos.
“El seguro de depósitos está diseñado para ahorrantes, y ahorrantes pequeños”, recordó Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
“En este caso, solamente son ocho personas físicas las que hay en la custodia de estos instrumentos, entonces es un porcentaje marginal de los inversionistas, que además son más sofisticados, porque para estar en la bolsa hay que pagar custodia y hacer una serie de inversiones adicionales”, subrayó, el mismo 13 de agosto.
Además de las ocho personas físicas, hay varias personas jurídicas tenedoras de bonos de la financiera. Entre ellos, fondos de pensiones de entidades como el Poder Judicial, Popular Pensiones y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); así como fondos de inversión de sociedades administradoras como Popular SAFI y BCR SAFI, por citar algunos de los casos más relevantes.
Desarrollo del proceso
Desyfin entró en proceso de intervención desde el 13 de agosto, exactamente tres meses después de que Coopeservidores inició un proceso similar que desembocó en su declaratoria de inviabilidad.
Al igual que ocurrió con CS Ahorro y Crédito, la intervención ocurrió luego de que la Sugef alertó sobre inconsistencia en la dirección de la financiera, incluidas estimaciones de deterioro y otros manejos erróneos de la cartera de crédito.
Entre otras consecuencias para Desyfin, Sugef determinó que las irregularidades provocaron un aumento de las pérdidas de la entidad, hasta alcanzar los ¢10.361 millones al cierre de junio pasado; así como una caída en el índice de suficiencia patrimonial de la entidad de 10,20% a -0,06%.
La intervención tiene un plazo de 30 días; sin embargo, sus responsables pueden solicitar una ampliación por un período igual. El proceso actualmente lo dirige Marianne Kött Salas, funcionaria del Conassif.
En conferencia de prensa, las autoridades de Conassif, de Sugef y de Sugeval destacaron que las recientes intervenciones de Coopeservidores y de Desyfin no responden a deficiencias o problemas generalizados del sistema financiero costarricense. Por el contrario, señalaron que responden a malas gestiones de gobierno interno en las dos entidades, así como a la obstaculización de una adecuada supervisión por parte de las autoridades competentes.
“Las entidades supervisadas que cumplan responsablemente, como es su deber, con la normativa, que manejen una información financiera de calidad y que la aporten para que se lleve a cabo también una supervisión en forma efectiva no deberían nunca de llagar a ubicarse en una situación tan complicada como la que hemos visto“, puntualizó Laura Suárez, jerarca de Conassif.
Tanto por el caso de CS como por el caso de Desyfin, la Sugef presentó denuncias antes el Ministerio Público. Asimismo, las autoridades judiciales también investigan las gestiones de Conassif y Sugef para determinar si realmente fueron oportunas.
