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Mientras la tecnología da pasos agigantados, el mercado laboral se mantiene en evolución. Estos dos factores entran en la realidad nacional como el más grande y reciente desafío de los sistemas de pensiones.
Basta con hablar de economía colaborativa y empleos por cuenta propia en áreas poco tradicionales para saber que los diseños de contribución creados años atrás, los cuales no contemplaron estas vertientes, están siendo puestos a prueba hoy.
¿Cómo deben atender los sistemas de pensiones estas variantes laborales y tecnológicas? La única respuesta es el rediseño.
Costa Rica debe revisar y renovar los modelos actuales y adecuarlos de forma tal que estos trabajadores se puedan inscribir fácilmente y puedan aportar según la dinámica de sus ingresos.
Este escollo reta no solo al sistema costarricense, sino a toda América Latina y el Caribe.
Cambios profundos en el mercado de trabajo, derivados del cambio tecnológico, pueden agudizar las presiones demográficas, ampliar los costos de las personas adultas mayores para el Estado o bien fomentar que las pensiones sean cada vez más injustas y regresivas.
Si bien esta afirmación es tan solo una pincelada de lo expuesto en la monografía Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resume una buena parte del sentir del mercado y de los mismos tomadores de decisión del segmento de pensiones en Costa Rica.
El desafío a fondo
¿Está listo el sistema de pensiones de Costa Rica para cubrir a esta población con una pensión? Al menos por ahora, se queda en lo tradicional y deja excluido a ese gran espectro de posibles contribuyentes –quienes trabajan como choferes de Uber, Glovo o Hugo; alquilan un espacio en Airbnb; o emprendieron un negocio poco tradicional–, por mencionar algunos ejemplos.
Uber es muestra de cómo evolucionó la economía colaborativa en Costa Rica. Esta empresa arrancó operaciones en agosto del 2015, y hoy son muchas más las que han llegado o han nacido en suelo nacional.
Casi cuatro años después de su llegada, la regulación de este tipo de servicios sigue ausente, y sus colaboradores permanecen en la sombra.
Este tipo de trabajadores está fuera del radar tributario y del de pensiones, principalmente del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
El modelo bajo el cual las personas contribuyen a su pensión básica todavía versa sobre la relación entre el empleado y su patrono en un trabajo formal. Por su parte, el ROP mantiene sus puertas cerradas a los trabajadores independientes.
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En tanto el método de recaudación de cuotas de pensión se quedó en lo tradicional, las nuevas formas de empleabilidad se salen de lo habitual.
Los modelos de trabajo con horarios flexibles y a gusto del colaborador, sin ingresos fijos, sin patrono, que funcionan bajo la sombrilla de una aplicación y cuyos dueños no son precisamente patronos son difíciles de encajar en un listado de actividades económicas que hoy da la Caja para inscribirse como trabajador independiente.
El IVM, de la CCSS, al ser un régimen de reparto, depende de las cotizaciones recibidas para pagar las cuotas a los jubilados y esto lo hace más vulnerable.
Así, el ya erosionado régimen básico se ve retado por el envejecimiento de la población, la reducción en la natalidad, la baja cantidad de trabajadores jóvenes y la informalidad, pero también por estas nuevas dinámicas laborales.
Carecer de modelos para cubrir a este tipo de trabajadores independientes no es una opción. Le puede costar su sostenibilidad a futuro.
Desde la óptica del trabajador, la no cotización a una pensión puede llevarlo a una situación de pobreza durante su vejez, ya que no tendría las condiciones mínimas para tener un estilo de vida digno, afirmó Rodrigo Arias, actuario de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Se desconoce cuántas personas trabajan bajo la sombrilla de estos empleos colaborativos, pero es una vertiente que está siendo mapeada por el régimen como un riesgo. Solo Uber cuenta más de 22.000 socios colaboradores. Sin embargo, algunos de ellos se dividen entre trabajos formales y la informalidad de ser choferes de esta aplicación.
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La amenaza no son los trabajos colaborativos, sino la ausencia de la regulación del sector y la incapacidad actual de que los trabajadores coticen para el seguro de pensiones, realidad que es admitida por los involucrados.
Es una obligación para cualquier trabajador inscribirse, sea de la economía colaborativa o tradicional, pero esta población no lo hace.
“Esto sucede por un Estado que se rehúsa a admitir a estas actividades. (...) Por más que se quieran formalizar, cuando ellos van a la Caja como trabajador independiente, esta actividad no está dentro del listado ”, afirmó el economista Eli Feinzaig.
Por su lado, la Caja admite que debe atender esta realidad lo más pronto posible.
“Debemos, de alguna manera, como país, y específicamente como Caja de Seguro, ver cómo podemos hacer para que estos trabajadores puedan estar en un marco de formalidad”, destacó Jaime Barrantes, gerente de la Caja.
Aún pendiente del visto bueno final de la junta directiva, el IVM pretende simplificar y digitalizar los trámites, de modo que más trabajadores independientes se inscriban en línea en el sector formal y así puedan cotizar para su seguro social y su pensión.
Mientras tanto, las medidas específicas para atender las tendencias de trabajo colaborativo están en análisis.
¿Cómo reportar ingresos?
Otro gran tema para incorporar los trabajadores es el salario.
Muchas veces los contribuyentes tienen salarios mínimos muy bajos y el IVM tiene una base mínima contributiva que no coincide con los ingresos reales de este tipo de población.
“No viene en esta reforma, pero estamos analizando para ver qué se puede hacer con el trabajador parcial; el que labora menos tiempo. Esos son temas a futuro”, destacó Marian Pérez, economista y asesora de la gerencia de la Caja.
En otros países, las cargas sociales no se aplican necesariamente en ciclos tan largos como el mensual. Lo manejan por días: en vez de 250 cuotas mensuales, piden 8.000 días, y esto permite a este tipo de trabajadores acomodarse mejor, explicó Álvaro Ramos, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Un portilllo que tiene disponible la Caja, pero cuyo análisis de legalidad habría que afinar, son los convenios. Tal y como se gestó uno para las trabajadoras domésticas, se podría crear uno para este tipo de negocios.
Tres retos: demografía, informalidad y tecnología
La esperanza de vida de las personas en Costa Rica es de 79,6 años, y aumentaría en el futuro, mientras que la cantidad de nacimientos disminuye en el tiempo.
Esa discusión sobre los retos que representa el cambio demográfico –aunque se mantiene– dejó de ser el único foco del análisis de cómo darles sostenibilidad a regímenes.
Las dudas sobre cómo la tecnología puede impactar el mercado laboral y su aporte a las pensiones ya enmarcan las discusiones en América Latina y el Caribe, en donde también reina la informalidad.
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En una época de desaceleración económica y altos índices de desempleo (11,3% al primer trimestre del 2019), crece el ingenio en las formas de buscar trabajo, pero, al no regularse, se llevan a la informalidad sin sentido, explicó Feinzaig.
En Costa Rica, la fuerza laboral que permanece en el sector informal se ensancha y, dentro de ella, los trabajos colaborativos.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 46,1% del total de la población ocupada trabajaba en la informalidad a marzo del 2019.
“El modelo actual lo que hace es recargar la informalidad”, destacó Arias, de la UCR.
Se trata de más de un millón de personas que hoy no cotizan para la Caja, y la mitad de ellas son trabajadores independientes. En contraste, la Caja reportó solamente 209.197 trabajadores independientes (junio, 2018).
Más allá de la regulación de la economía colaborativa, los trabajadores independientes le huyen a la cotización.
La inscripción ante la Caja es tediosa y la población joven es todavía más arisca a los ahorros de largo plazo para la jubilación, situación exaltada ante la falta de educación financiera. Lo dicen las cifras de aportantes de la Supén, y aún más las de ahorro voluntario (esquivada por menores de 30 años); son pocos los jóvenes que se animan a guardar una porción de su ingreso.
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“El monto de la pensión total, si es que llegan a tener alguna, será inferior al que pudieron obtener si fueran trabajadores formales asalariados y esto aumenta la probabilidad de que estas personas sean pobres durante la vejez”, afirmó Edgar Robles, exjerarca de Supén.
Por ahora, se carece de un camino claro sobre cuáles medidas se adoptarán, y, mientras el sistema de pensiones las define, otro gran reto se avecina: la automatización de las labores, la inteligencia artificial y el desempleo que esto puede acarrear representan un panorama mucho más sombrío y del que apenas las grandes potencias están haciéndose cargo.
