Desde que se dio a conocer el deseo del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por acceder a datos crediticios de la población sin anonimizar, se han presentado cinco recursos de amparo en contra de dichas acciones. De estos cinco, tres fueron rechazados de plano, uno se encuentra en curso y otro está en proceso de admisibilidad, según le confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional a este medio.
Además de estos recursos, dicho tribunal acumuló dos acciones de inconstitucionalidad contra las solicitudes de datos del BCCR.
Los tres recursos se rechazaron de plano por una misma razón: no presentaron una posible afectación directa a los derechos fundamentales de alguna persona.
En estas tres resoluciones los magistrados dieron una misma respuesta: “la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad. Por ende, en este caso se está ante una indeterminación subjetiva, pues la parte recurrente se limita a cuestionar y denunciar a la autoridad recurrida en forma genérica, sin indicar algún caso concreto en el que se hayan visto afectados o amenazados los derechos fundamentales de alguna persona en específico. Ante tal circunstancia, el recurso resulta inadmisible, en cuanto a este extremo.”
Uno de ellos, el cual fue rechazado en la resolución el N.° 2023023707, del 26 de setiembre del 2023, lo presentó María Isabel Cortés, directora de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). El mismo resultado tuvo el recurso interpuesto por Marvin Steven Arias Rodríguez, quien lo presentó el 18 de setiembre a su favor e, indirectamente, a favor de la “colectividad” y “de los gerentes de todos los bancos del sistema bancario nacional”. El tercero fue presentado por Randall Sibaja Miranda el pasado 19 de agosto. Estos tres fueron rechazados bajo las resoluciones N.° 2023024745 y N.°. 2023023733, respectivamente.
Tanto en el recurso de Sibaja como en el de Cortés, el magistrado Randall Leal salvó el voto. “Establezco que el recurrente sí se refiere a una situación concreta, la suya propia. En ese tanto, el amparo es procedente en lo que a ella respecta y su relación con la protección a su derecho a la intimidad”, explicó Leal en la resolución del recurso de Sibaja.
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Las dos acciones de inconstitucionalidad, en cambio, fueron acumuladas y están a la espera de una resolución final. Estas acciones fueron interpuestas por la ABC y la Oficina del Consumidor Financiero, entidad adscrita a la ABC.
El recurso de amparo que sí se le dio curso de acción en la Sala Constitucional está bajo el expediente 23-020309-0007-CO, sin embargo se suspendió su resolución hasta que las acciones de inconstitucionalidad que tienen relación con el mismo caso se resuelvan.
En una situación similar se encuentra el procedimiento de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) en contra de la solicitud de datos del BCCR: está en pausa hasta que dichas acciones de inconstitucionalidad sean resueltas por la Sala IV.
Conflicto por los datos
Los tres recursos y las dos acciones se originaron tras el acuerdo que tomó la junta directiva del BCCR el pasado 23 de noviembre de 2022 en la sesión 6093-2022. En dicha sesión se acordó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) le otorgue acceso al Banco Central a la información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten, incluyendo necesariamente el número de identificación (cédula física, jurídica o dimex).
El pasado 17 de agosto la Sugef dio a conocer que su jerarca, Rocío Aguilar, había sido denunciada penalmente por la gerenta general del BCCR, Hazel Valverde, debido a que no le compartió los datos crediticios. Después se dio a conocer que el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, también fue denunciado por Valverde al no compartirle los datos de sus clientes.
El Central ha mencionado que necesita de los datos para generar nuevos indicadores económicos. Uno de ellos es la vulnerabilidad de la cartera crediticia a embates de cambio climático, especialmente vinculados con fenómenos hidrometeorológicos.
El ente emisor dice que necesita del número de identificación para poder precisar geográficamente la ubicación de los préstamos. Esto lo lograría al cruzar los datos crediticios con otras bases de datos que tiene en su poder. El identificador es la única manera, según ha explicado, que tiene para realizar el cruce.
También ha explicado que una vez se asigne correctamente la ubicación de los créditos el número de identidad ya no será necesario para más análisis.
El Central confirmó que, tras una solicitud hecha en diciembre del 2022, el Banco Popular, el Banco de Costa Rica (BCR) y el BAC le compartieron la información crediticia de sus clientes. Estos tres bancos forman parte de la ABC, la asociación que presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo en contra del BCCR.
